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Primera dama anuncia el anteproyecto de Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
Este lunes, la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, anunció el anteproyecto de Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, el cual pasa a Asamblea Legislativa para su aprobación.
De acuerdo con la primera dama, esta normativa sustituye a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y busca garantizar la protección y la atención integral de la Primera Infancia, niñez y adolescencia en todos los ámbitos.
Gabriela de Bukele explicó que en la construcción del anteproyecto participaron actores tanto del sector público como privado, pero sobre todo indicó que se tomaron en cuenta los aportes de los niños y adolescentes en la elaboración del mismo.
La Ley Crecer Juntos posee tres grandes cambios respecto a las normativas anteriores: en el pasado el enfoque era adultocentrista, hoy se basa en las necesidades de la niñez y adolescencia. Las leyes anteriores solo atendían las problemáticas, hoy se previenen. Antes no había mecanismos de ejecución establecidos: ahora cada institución tendrá claridad sobre los procesos a seguir porque habrá un modelo de atención definido.
«Si las acciones, políticas y leyes creadas para proteger a los niños y a los adolescentes hubiesen funcionado, no estaríamos hoy combatiendo a las pandillas, porque simplemente no existirían”, primera dama Gabriela de Bukele.
Entre los principales aspectos de la ley se encuentran: será obligación del Estado invertir en Primera Infancia, niñez y adolescencia, incrementando los recursos de forma progresiva; se define y se incluye la Primera Infancia, lo que permitirá priorizar políticas, proyectos y programas dirigidos específicamente a niños de 0 a 8 años; se garantizan los derechos del niño y adolescente a participar activamente de la vida cultural, las artes, el deporte y la recreación.
También se establece el derecho a contar con un documento de identidad y un número único de identificación a partir del nacimiento, que servirá para garantizar que reciban los servicios y atenciones necesarios para su desarrollo integral; y se establecen medidas para no revictimizar a los niños y adolescentes en casos de abuso o violencia.
En la actualidad, las víctimas son obligadas a abandonar su hogar y son sometidas a interrogatorios repetitivos; las autoridades explicaron que, con la nueva ley «será el agresor quien deberá abandonar su casa y el primer interrogatorio será válido para cualquier proceso judicial a seguir».
«Empecemos bien, por el principio, estamos invirtiendo en la Primera Infancia y dándole un entorno seguro, al mismo tiempo que vamos alcanzando la seguridad y la paz necesarias para construir nuestro porvenir», destacó la primera dama.
Por: DES.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
