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Presidente Bukele: la reducción de homicidios representa un logro para el futuro del país
La histórica reducción de los homicidios que actualmente se registra a escala nacional representa un importante logro para el futuro de El Salvador, que por décadas fue impactado por el flagelo de los grupos pandilleriles.
«Muchos no entienden lo que este logro significa para el futuro de nuestro país. Nosotros sí, y por eso trabajamos día y noche para sostenerlo. Seguimos», declaró el presidente de la república, Nayib Bukele, ayer en Twitter en relación con que el miércoles terminó sin homicidios.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1.° al 28 de este mes hubo 20 días sin muertes provocadas por la delincuencia, como resultado de las acciones en seguridad pública que impulsa el presidente para el combate de las pandillas para darle tranquilidad a la población honrada.
La semana pasada, Bukele dijo en cadena nacional de radio y televisión que 2022 cerrará como el año en que el país logró la paz y la seguridad, e instó a los salvadoreños a disfrutar de las fiestas de Navidad y fin de año con plena tranquilidad y libertad.
El trabajo de seguridad del Ejecutivo cuenta con el respaldo de los salvadoreños, según encuestas de opinión nacionales e internacionales. Por ejemplo, el sondeo de CID Gallup de septiembre indicó que el 94 % de los ciudadanos, es decir, nueve de cada 10, apoyan las acciones de seguridad, a las que la oposición política critica.
En 2019 el Gobierno comenzó la implementación del Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales está en ejecución la V, en el municipio de Soyapango y después lo extendió a las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, de San Salvador.
Esa fase se denomina extracción y consiste en la instalación de cercos de seguridad conformados con agentes policiales y soldados para acorralar a los pandilleros y finalmente extraerlos de los territorios, donde por años han delinquido contra los salvadoreños honrados.
Aparte del PCT, desde marzo está en vigencia el régimen de excepción, una medida constitucional que el Ejecutivo implementa con el aval de la Asamblea Legislativa para continuar los esfuerzos de seguridad pública y el combate de los grupos delincuenciales.
Los esfuerzos de seguridad del PCT y el régimen de excepción están respaldados por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y han sido rechazados por la oposición: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
A pesar de los ataques de la oposición, la población apoya que Nayib Bukele sea reelegido para el quinquenio 2024-2029, producto de su buen desempeño, como mostró en noviembre la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El sondeo de opinión detalló que ocho de 10 ciudadanos quieren que el mandatario continúe en el cargo, y cuatro de cada 10 plantearon que en tres períodos presidenciales un gobernante puede implementar todos los cambios y las reformas necesarias para sacar adelante al país.
El 15 de septiembre, en el contexto del Día de la Independencia, Nayib Bukele anunció en cadena nacional que competirá por la reelección inmediata, esto después de que la Sala de lo Constitucional habilitó esa posibilidad en septiembre de 2021.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
