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Presidente Bukele: la reducción de homicidios representa un logro para el futuro del país
La histórica reducción de los homicidios que actualmente se registra a escala nacional representa un importante logro para el futuro de El Salvador, que por décadas fue impactado por el flagelo de los grupos pandilleriles.
«Muchos no entienden lo que este logro significa para el futuro de nuestro país. Nosotros sí, y por eso trabajamos día y noche para sostenerlo. Seguimos», declaró el presidente de la república, Nayib Bukele, ayer en Twitter en relación con que el miércoles terminó sin homicidios.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1.° al 28 de este mes hubo 20 días sin muertes provocadas por la delincuencia, como resultado de las acciones en seguridad pública que impulsa el presidente para el combate de las pandillas para darle tranquilidad a la población honrada.
La semana pasada, Bukele dijo en cadena nacional de radio y televisión que 2022 cerrará como el año en que el país logró la paz y la seguridad, e instó a los salvadoreños a disfrutar de las fiestas de Navidad y fin de año con plena tranquilidad y libertad.
El trabajo de seguridad del Ejecutivo cuenta con el respaldo de los salvadoreños, según encuestas de opinión nacionales e internacionales. Por ejemplo, el sondeo de CID Gallup de septiembre indicó que el 94 % de los ciudadanos, es decir, nueve de cada 10, apoyan las acciones de seguridad, a las que la oposición política critica.
En 2019 el Gobierno comenzó la implementación del Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales está en ejecución la V, en el municipio de Soyapango y después lo extendió a las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, de San Salvador.
Esa fase se denomina extracción y consiste en la instalación de cercos de seguridad conformados con agentes policiales y soldados para acorralar a los pandilleros y finalmente extraerlos de los territorios, donde por años han delinquido contra los salvadoreños honrados.
Aparte del PCT, desde marzo está en vigencia el régimen de excepción, una medida constitucional que el Ejecutivo implementa con el aval de la Asamblea Legislativa para continuar los esfuerzos de seguridad pública y el combate de los grupos delincuenciales.
Los esfuerzos de seguridad del PCT y el régimen de excepción están respaldados por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y han sido rechazados por la oposición: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
A pesar de los ataques de la oposición, la población apoya que Nayib Bukele sea reelegido para el quinquenio 2024-2029, producto de su buen desempeño, como mostró en noviembre la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El sondeo de opinión detalló que ocho de 10 ciudadanos quieren que el mandatario continúe en el cargo, y cuatro de cada 10 plantearon que en tres períodos presidenciales un gobernante puede implementar todos los cambios y las reformas necesarias para sacar adelante al país.
El 15 de septiembre, en el contexto del Día de la Independencia, Nayib Bukele anunció en cadena nacional que competirá por la reelección inmediata, esto después de que la Sala de lo Constitucional habilitó esa posibilidad en septiembre de 2021.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
