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Presidente Bukele: la reducción de homicidios representa un logro para el futuro del país
La histórica reducción de los homicidios que actualmente se registra a escala nacional representa un importante logro para el futuro de El Salvador, que por décadas fue impactado por el flagelo de los grupos pandilleriles.
«Muchos no entienden lo que este logro significa para el futuro de nuestro país. Nosotros sí, y por eso trabajamos día y noche para sostenerlo. Seguimos», declaró el presidente de la república, Nayib Bukele, ayer en Twitter en relación con que el miércoles terminó sin homicidios.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1.° al 28 de este mes hubo 20 días sin muertes provocadas por la delincuencia, como resultado de las acciones en seguridad pública que impulsa el presidente para el combate de las pandillas para darle tranquilidad a la población honrada.
La semana pasada, Bukele dijo en cadena nacional de radio y televisión que 2022 cerrará como el año en que el país logró la paz y la seguridad, e instó a los salvadoreños a disfrutar de las fiestas de Navidad y fin de año con plena tranquilidad y libertad.
El trabajo de seguridad del Ejecutivo cuenta con el respaldo de los salvadoreños, según encuestas de opinión nacionales e internacionales. Por ejemplo, el sondeo de CID Gallup de septiembre indicó que el 94 % de los ciudadanos, es decir, nueve de cada 10, apoyan las acciones de seguridad, a las que la oposición política critica.
En 2019 el Gobierno comenzó la implementación del Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales está en ejecución la V, en el municipio de Soyapango y después lo extendió a las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, de San Salvador.
Esa fase se denomina extracción y consiste en la instalación de cercos de seguridad conformados con agentes policiales y soldados para acorralar a los pandilleros y finalmente extraerlos de los territorios, donde por años han delinquido contra los salvadoreños honrados.
Aparte del PCT, desde marzo está en vigencia el régimen de excepción, una medida constitucional que el Ejecutivo implementa con el aval de la Asamblea Legislativa para continuar los esfuerzos de seguridad pública y el combate de los grupos delincuenciales.
Los esfuerzos de seguridad del PCT y el régimen de excepción están respaldados por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y han sido rechazados por la oposición: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
A pesar de los ataques de la oposición, la población apoya que Nayib Bukele sea reelegido para el quinquenio 2024-2029, producto de su buen desempeño, como mostró en noviembre la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El sondeo de opinión detalló que ocho de 10 ciudadanos quieren que el mandatario continúe en el cargo, y cuatro de cada 10 plantearon que en tres períodos presidenciales un gobernante puede implementar todos los cambios y las reformas necesarias para sacar adelante al país.
El 15 de septiembre, en el contexto del Día de la Independencia, Nayib Bukele anunció en cadena nacional que competirá por la reelección inmediata, esto después de que la Sala de lo Constitucional habilitó esa posibilidad en septiembre de 2021.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
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Capturados durante el régimen de excepción son condenados hasta con 60 años por ser pandilleros
En San Salvador, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, impuso hasta 60 años de prisión a 57 terroristas de la Mara Salvatrucha de Chalatenango, en el inicio de un expediente colectivo iniciado contra cientos de integrantes de esa estructura que durante los próximos dos años, serán llevados ante el juez dos de esa sede para enfrentar la audiencia única abierta.
Los mareros de la estructura Hollywood que delinquía en varios distritos de ese departamento enfrentaron los delitos de organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, tenencia o conducción ilegal de arma de fuego, así como posesión y tenencia de drogas.
Según la Fiscalía General de la República, entres los condenados hay homeboys y colaboradores, quienes consumaron los delitos ejerciendo funciones que la jerarquía superior de la pandilla les asignó.
Los perfiles criminales elaborados por agentes especializados en investigación de estructuras terroristas, sirvió para ilutar al juez que durante años formaron parte de la célula criminal Hollywood.
La mayor condena fue para Carlos Antonio Chacón, alias «Discreto», por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Vladimir Antonio Guzmán Olmedo, alias «Drogo» y Edwin Giovanni Benítez Orellana, alias «Little Spi», recibieron 45 años por agrupaciones ilícitas, ambos eran cabecillas dentro de la pandilla.
Otros 54 mareros fueron condenados a penas que van de 15 a 30 años de prisión por los delitos de organizaciones terroristas, posesión y tenencia de droga, así como agrupaciones ilícitas.
En el fallo el juez dijo que para emitir la condena tuvo acceso a prueba que demostró la participación criminal colectiva e individual. Por ejemplo, los tatuajes eran más que evidentes para concluir que son miembros activos de la MS, además colectivamente se dedicaban a trasladar droga y estaban bajo el mando de cabecillas de esa organización delictiva.
Hubo también herramientas especiales de investigación, entre ellas escuchas telefónicas y perfiles delincuenciales que científicamente probó que la pertenencia a la Mara Salvatrucha.
En enero de 2026, más de seis condenas de estructuras han sido emitidas por los tribunales contra el crimen organizado que abrieron audiencias únicas para comenzar a depurar los expedientes de aquellos pandilleros que según informes de la Fiscalía ya estaban listos para ser enjuiciados.
Una reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado que la Asamblea Legislativa aprobó en el 2025, ordena a los jueces habilitar audiencias únicas abierta, en contra de estructuras de pandillas acusados de agrupaciones ilícitas y delitos conexos.
En El Salvador, esta es una estrategia que el Ministerio de Justicia y Seguridad propuso junto a la Fiscalía General de la República para agilizar y depurar los expedientes iniciados la segunda semana de abril de 2022, luego de instaurarse el régimen de excepción, el 27 de marzo de ese año y que ha sido prorrogado en 47 ocasiones.
Entre el 1 16 de enero, dos tribunales contra el Crimen Organizado de San Salvador y uno de Santa Ana, han iniciado audiencias únicas abiertas y hasta han dictado condenas de hasta más de 100 años para terroristas que cometieron homicidios, privaron de libertad y desaparecieron personas. También como un delito de crimen organizado han condenado en esos expedientes masivos por el delito de extorsión agravada.
