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Presidente Bukele: la reducción de homicidios representa un logro para el futuro del país
La histórica reducción de los homicidios que actualmente se registra a escala nacional representa un importante logro para el futuro de El Salvador, que por décadas fue impactado por el flagelo de los grupos pandilleriles.
«Muchos no entienden lo que este logro significa para el futuro de nuestro país. Nosotros sí, y por eso trabajamos día y noche para sostenerlo. Seguimos», declaró el presidente de la república, Nayib Bukele, ayer en Twitter en relación con que el miércoles terminó sin homicidios.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1.° al 28 de este mes hubo 20 días sin muertes provocadas por la delincuencia, como resultado de las acciones en seguridad pública que impulsa el presidente para el combate de las pandillas para darle tranquilidad a la población honrada.
La semana pasada, Bukele dijo en cadena nacional de radio y televisión que 2022 cerrará como el año en que el país logró la paz y la seguridad, e instó a los salvadoreños a disfrutar de las fiestas de Navidad y fin de año con plena tranquilidad y libertad.
El trabajo de seguridad del Ejecutivo cuenta con el respaldo de los salvadoreños, según encuestas de opinión nacionales e internacionales. Por ejemplo, el sondeo de CID Gallup de septiembre indicó que el 94 % de los ciudadanos, es decir, nueve de cada 10, apoyan las acciones de seguridad, a las que la oposición política critica.
En 2019 el Gobierno comenzó la implementación del Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales está en ejecución la V, en el municipio de Soyapango y después lo extendió a las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, de San Salvador.
Esa fase se denomina extracción y consiste en la instalación de cercos de seguridad conformados con agentes policiales y soldados para acorralar a los pandilleros y finalmente extraerlos de los territorios, donde por años han delinquido contra los salvadoreños honrados.
Aparte del PCT, desde marzo está en vigencia el régimen de excepción, una medida constitucional que el Ejecutivo implementa con el aval de la Asamblea Legislativa para continuar los esfuerzos de seguridad pública y el combate de los grupos delincuenciales.
Los esfuerzos de seguridad del PCT y el régimen de excepción están respaldados por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y han sido rechazados por la oposición: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
A pesar de los ataques de la oposición, la población apoya que Nayib Bukele sea reelegido para el quinquenio 2024-2029, producto de su buen desempeño, como mostró en noviembre la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El sondeo de opinión detalló que ocho de 10 ciudadanos quieren que el mandatario continúe en el cargo, y cuatro de cada 10 plantearon que en tres períodos presidenciales un gobernante puede implementar todos los cambios y las reformas necesarias para sacar adelante al país.
El 15 de septiembre, en el contexto del Día de la Independencia, Nayib Bukele anunció en cadena nacional que competirá por la reelección inmediata, esto después de que la Sala de lo Constitucional habilitó esa posibilidad en septiembre de 2021.
Una pareja fue sorprendida la noche de este viernes realizando actos indebidos en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, en San Salvador.
Según la denuncia difundida en redes sociales, el hecho ocurrió en un horario de alta afluencia, cuando numerosas personas transitaban por la zona tras salir de cenas, actividades religiosas y reuniones familiares.
La situación generó múltiples reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales comentaron el incidente con referencias al próximo concierto de Shakira programado para este sábado. No obstante, el suceso provocó molestia e indignación entre quienes se encontraban en el lugar al momento de lo ocurrido.
Un menor de edad falleció y al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 77 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En el percance estuvieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y un camión, lo que provocó la restricción parcial del paso vehicular en la zona.
Según el reporte oficial, las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya detallado su condición de salud.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
