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Presidente Bukele: la reducción de homicidios representa un logro para el futuro del país
La histórica reducción de los homicidios que actualmente se registra a escala nacional representa un importante logro para el futuro de El Salvador, que por décadas fue impactado por el flagelo de los grupos pandilleriles.
«Muchos no entienden lo que este logro significa para el futuro de nuestro país. Nosotros sí, y por eso trabajamos día y noche para sostenerlo. Seguimos», declaró el presidente de la república, Nayib Bukele, ayer en Twitter en relación con que el miércoles terminó sin homicidios.
Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC), del 1.° al 28 de este mes hubo 20 días sin muertes provocadas por la delincuencia, como resultado de las acciones en seguridad pública que impulsa el presidente para el combate de las pandillas para darle tranquilidad a la población honrada.
La semana pasada, Bukele dijo en cadena nacional de radio y televisión que 2022 cerrará como el año en que el país logró la paz y la seguridad, e instó a los salvadoreños a disfrutar de las fiestas de Navidad y fin de año con plena tranquilidad y libertad.
El trabajo de seguridad del Ejecutivo cuenta con el respaldo de los salvadoreños, según encuestas de opinión nacionales e internacionales. Por ejemplo, el sondeo de CID Gallup de septiembre indicó que el 94 % de los ciudadanos, es decir, nueve de cada 10, apoyan las acciones de seguridad, a las que la oposición política critica.
En 2019 el Gobierno comenzó la implementación del Plan Control Territorial (PCT), que consta de siete fases, de las cuales está en ejecución la V, en el municipio de Soyapango y después lo extendió a las comunidades Tutunichapa 1 y La Granjita, de San Salvador.
Esa fase se denomina extracción y consiste en la instalación de cercos de seguridad conformados con agentes policiales y soldados para acorralar a los pandilleros y finalmente extraerlos de los territorios, donde por años han delinquido contra los salvadoreños honrados.
Aparte del PCT, desde marzo está en vigencia el régimen de excepción, una medida constitucional que el Ejecutivo implementa con el aval de la Asamblea Legislativa para continuar los esfuerzos de seguridad pública y el combate de los grupos delincuenciales.
Los esfuerzos de seguridad del PCT y el régimen de excepción están respaldados por los grupos parlamentarios de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC y han sido rechazados por la oposición: ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
A pesar de los ataques de la oposición, la población apoya que Nayib Bukele sea reelegido para el quinquenio 2024-2029, producto de su buen desempeño, como mostró en noviembre la encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
El sondeo de opinión detalló que ocho de 10 ciudadanos quieren que el mandatario continúe en el cargo, y cuatro de cada 10 plantearon que en tres períodos presidenciales un gobernante puede implementar todos los cambios y las reformas necesarias para sacar adelante al país.
El 15 de septiembre, en el contexto del Día de la Independencia, Nayib Bukele anunció en cadena nacional que competirá por la reelección inmediata, esto después de que la Sala de lo Constitucional habilitó esa posibilidad en septiembre de 2021.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
