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Presidente Bukele: «El oriente de nuestro país ya no estará olvidado»
El Gobierno del presidente de la república, Nayib Bukele, apuesta por las inversiones en infraestructura vial eficiente para el desarrollo económico del oriente de El Salvador, con proyectos como la construcción del periférico Gerardo Barrios, en San Miguel, pasos peatonales, pasarelas, ciclovías, entre otros.
El periférico Gerardo Barrios es una inversión que ronda los $160 millones; esta obra va a tener una longitud de 21 kilómetros de carretera y una ampliación a cuatro carriles. Este se convertirá en la infraestructura vial más grande de la zona oriental en los últimos 30 años.
El presidente también anunció otros proyectos de infraestructura vial como parte del proyecto del periférico, los cuales incluyen pasos peatonales, pasarelas y bahías para autobuses. Entre estos se construirá un paso a desnivel, el cual estará ubicado en Quelepa y conectará directamente con el periférico, así como la construcción de cuatro retornos, un paso inferior, paso peatonal y un sistema de drenaje.
Además, el Gobierno del presidente Bukele invertirá en dos pasos a desnivel más; uno en El Triángulo y el otro en el redondel de Los Leones. En total serán tres pasos a desnivel en la zona oriental incluidos en el financiamiento.
«Vamos a instalar dos puentes: uno sobre el río Taisihuat y otro sobre el río Grande, en San Miguel, y 10 más en municipios como Pasaquinita, Concepción de Oriente, Chilanga, entre otros», agregó el presidente, quien además anunció la ampliación de la carretera desde el kilómetro 18 hacia Perquín y la reconstrucción de la calle que conduce desde El Delirio y San Miguel hasta Sirama.
Las obras de este paquete del periférico Gerardo Barrios también incluyen 6.92 kilómetros de ciclovías, 3.46 kilómetros a cada lado, de 1.50 metros de ancho, facilitando la circulación de las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte; también se ampliará a cuatro carriles del redondel Monseñor Romero hasta la pista El Papalón.
En el oriente también se ejecutan trabajos de construcción del nuevo reciento fronterizo en la frontera El Amatillo, en La Unión, el cual lleva un avance de 80 %. El objetivo es modernizar estos recintos para facilitar el traslado de mercancías y dinamizar la economía del país.
El presidente destacó que el oriente del país había estado olvidado por todos los gobiernos pasados y aclaró que «la poca inversión que se hizo en 30 años era infructuosa, no daba ningún beneficio».
Asimismo, informó que la construcción del periférico Claudia Lars, en el occidente del país, es parte de su apuesta por el desarrollo.
De acuerdo con el ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, el periférico Claudia Lars por ahora ya cuenta con un 94 % de avance en su construcción. Esta obra será un beneficio para las familias de los municipios de Sacacoyo, Colón y otros de la zona.
La infraestructura vial del periférico es de 10 kilómetros, cuenta con una inversión de $30 millones e incluye puentes, rotondas, ciclovías, compra de derecho de vía y supervisión de la obra. En la zona también se ha previsto construir dos pasos a desnivel para evitar el congestionamiento vehicular.
Por otra parte, se crearán siete pasos a desnivel en San Salvador, igualmente para disminuir el tráfico. Cuatro de estos ya fueron adjudicados y el primero se construirá en el redondel Utila.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
