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Presidenta de la CCR suspendió auditorias que revelarían corrupción en alcaldía de Santa Tecla que firmó un contrato por 24 años con Teclaseo
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, ordenó a sus colaboradores suspender toda auditoria en contra de la alcaldía de Santa Tecla que encabeza Roberto d’Aubuisson, quien firmó un contrato por 24 años con la empresa Teclaseo S.E.M. de C.V.
La funcionaria de la principal controlora de fondos públicos, anteriormente declaró “reserva total” del caso y con eso favoreció al alcalde quien ha hecho un contrato ilegal con el señor Salume en el botadero del cantón Melara, en La Libertad.
Con la reserva, la funcionaria no reveló la cantidad que paga la comuna a dicha empresa, tampoco hizo público cómo se realizó el contrato.
El 1 de noviembre de 2017, los regidores Nery Ramón Granados, Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Interiano, Mitzy Aria y Lourdes Reyes, razonaron su voto porque no se les proporcionó el convenio a suscribir entre la alcaldía tecleña y la empresa privada con la que se iba a constituir Teclaseo S.E.M. de C.V. Esto quedó plasmado en el Acta correspondiente al acuerdo No. 2642 de sesión ordinaria de dicha fecha.
Ante las sospechas que generó ese contrato, un ciudadano identificado como, Juan Carlos Rosales López, solicitó el 7 de agosto de 2018 a la Corte de Cuentas que se realizara un examen especial sobre la forma de contratación con Teclaseo que realizó d’Aubuisson.
La institución contralora le respondió el 27 de agosto que la auditoria se ralizaría en el siguiente mes de septiembre como se detalle en el siguiente pdf.
Según fuentes internas de la Corte de Cuentas, dicha auditoría inició, pero recibieron la orden de suspenderla de forma inmediata, sin detallar las razones.
Desde entonces, la funcionaria bloqueó todas las solicitudes del ciudadano de información sobre el avance, el seguimiento y el resultado del examen especial.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que nueve pandilleros de la MS-13 recibieran penas de hasta 90 años de prisión por delitos cometidos en diferentes zonas de los distritos de Huizúcar y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.
El ministerio público informó que los pandilleros Juan Manuel Chávez Aguilar y Danilo Amílcar Araujo Estrada, fueron condenados a 90 años de cárcel, mientras que Alexander Armando Granados Vásquez y William Alfredo Hernández Martínez recibieron penas de 60 años de prisión.
La FGR procesó a los pandilleros por asesinatos cometidos contra un trabajador y de un comerciante. Además, los acusó de la privación de libertad y el homicidio agravado de dos hermanos.
En su cuenta en X la institución recordó que los dos hermanos se dirigían hacia su trabajo cuando los pandilleros, utilizando armas de fuego, le salieron al encuentro para llevárselos a la fuerza hacia un lugar desolado en donde les quitaron la vida.
El informe oficial indica además que otros pandilleros recibieron penas carcelarias que van desde los 30 a los 20 años de prisión. Todos pertenecen a las clicas Teclas Locos Salvatruchos, San Antonio Locos Salvatruchos y Nejapas Locos Salvatruchos de la MS-13.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Por otra parte, la Fiscalía informó que Alexander Joel Torres Moreno, alias el Sangriento (prófugo) y Rigoberto Vladimir Velásquez Amaya, fueron condenados a 40 años de prisión por el homicidio agravado de dos hermanos.
El crimen ocurrió el 11 de junio de 2014 en el sector conocido como La Quebrada, de la colonia Santa María, del distrito de La Unión. Según la acusación fiscal, Velásquez Amaya se comunicó con una de las víctimas y le pidió que llegara al lugar para hablar, pero era una trampa para asesinarlos.
La FGR logró además, que José Mariano Martínez Calderón sea condenado a 40 años de prisión por los delitos de violación en menor o incapaz continuada y extorsión agravada.
El Ministerio de Salud (Minsal) recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001, luego de un riguroso proceso de capacitación e innovación.
Esta certificación es otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), a través de su director para Centroamérica, Arnulfo Pino Figueroa.
La norma es un estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona directrices para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno, orientado a fomentar una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento en las instituciones públicas.
Esto ha llevado al Minsal a establecer procedimientos y controles, con el objetivo de prevenir y mitigar riesgos, así como actuar de manera oportuna frente a posibles actos de soborno dentro de la institución.
Ganaderos del distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte recibieron la visita de técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, quienes junto a la alcaldía Municipal de San Miguel Norte, desarrollamos una campaña de vacunación y desparasitación del ganado, con el fin de combatir rastro del Gusano Barrenador, así como aplicar vitaminas a los semovientes.
«Queremos agradecer al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por estar participando junto con nosotros y nuestros ganaderos en todo San Miguel Norte, y hoy correspondió a Chapeltique estar colocando desparasitante al ganado», mencionó el alcalde de San Miguel Norte, Carlos Méndez.
Este tipo de acciones se han desarrollado en otros distritos de San Miguel Norte, que fundamentan su economía en el comercio, la agricultura y la ganadería, de momento no se ha dado a conocer el número exacto de alcance que han tenido en el hato ganadero de la zona ya que continúan trabajando.
Los ganaderos beneficiados manifestaron sentirse agradecidos con el apoyo que el MAG les ha brindado junto a la municipalidad y la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), ya que estas acciones fortalecen la ganadería en la zona de San Miguel Norte y contribuyen con la economía local.
