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Presidenta de la CCR suspendió auditorias que revelarían corrupción en alcaldía de Santa Tecla que firmó un contrato por 24 años con Teclaseo
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, ordenó a sus colaboradores suspender toda auditoria en contra de la alcaldía de Santa Tecla que encabeza Roberto d’Aubuisson, quien firmó un contrato por 24 años con la empresa Teclaseo S.E.M. de C.V.
La funcionaria de la principal controlora de fondos públicos, anteriormente declaró “reserva total” del caso y con eso favoreció al alcalde quien ha hecho un contrato ilegal con el señor Salume en el botadero del cantón Melara, en La Libertad.
Con la reserva, la funcionaria no reveló la cantidad que paga la comuna a dicha empresa, tampoco hizo público cómo se realizó el contrato.
El 1 de noviembre de 2017, los regidores Nery Ramón Granados, Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Interiano, Mitzy Aria y Lourdes Reyes, razonaron su voto porque no se les proporcionó el convenio a suscribir entre la alcaldía tecleña y la empresa privada con la que se iba a constituir Teclaseo S.E.M. de C.V. Esto quedó plasmado en el Acta correspondiente al acuerdo No. 2642 de sesión ordinaria de dicha fecha.
Ante las sospechas que generó ese contrato, un ciudadano identificado como, Juan Carlos Rosales López, solicitó el 7 de agosto de 2018 a la Corte de Cuentas que se realizara un examen especial sobre la forma de contratación con Teclaseo que realizó d’Aubuisson.
La institución contralora le respondió el 27 de agosto que la auditoria se ralizaría en el siguiente mes de septiembre como se detalle en el siguiente pdf.
Según fuentes internas de la Corte de Cuentas, dicha auditoría inició, pero recibieron la orden de suspenderla de forma inmediata, sin detallar las razones.
Desde entonces, la funcionaria bloqueó todas las solicitudes del ciudadano de información sobre el avance, el seguimiento y el resultado del examen especial.
Jeanine Alejandrina Cárcamo Jiménez, quien se hacía pasar como doctora, utilizando el número de registro de una profesional de la medicina, fue enviada a juicio por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador
Al finalizar la audiencia preliminar se le decretó auto de apertura a juicio por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión y falsedad material, será un tribunal de sentencia el que definirá su situación jurídica.
El caso comenzó a ser investigado en mayo de 2022, cuando la víctima detectó que alguien estaba utilizando su número de registro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), esa irregularidad fue reportada al Consejo Superior de Salud Pública.
En las pesquisas efectuadas se determinó que Cárcamo Jiménez, se hacía pasar como doctora y había rentado un local para instalar un consultorio con el fin de atender pacientes, realizar evaluaciones médicas, prescribir recetas, también efectuaba procedimientos quirúrgicos.
Cuando las autoridades realizaron una inspección les proporcionó otro número de registro de la JVPM inexistente, eso provocó que los inspectores dieran aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuando la detuvieron le decomisaron gabachas médicas con logotipos de hospitales nacionales, equipo médico y sellos profesionales.
En la resolución emitida por el juzgado se detalla que hay suficientes elementos de prueba que un tribunal de sentencia debe analizar y debatir mediante una vista pública.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la captura de cinco personas señaladas de participar en una pelea ocurrida frente a un bar ubicado en el kilómetro 12½ de la carretera Troncal del Norte, en Apopa.
Según las autoridades, el incidente quedó grabado en video y posteriormente circuló en redes sociales.
Luis Alexander Campos Rauda, Jaqueline Lisbeth Alfaro Marroquín, Michael Jeremías Borja Efigenio y Jorge Amílcar Mazariego Marroquín serán remitidos por el delito de lesiones.
Mientras tanto, Edwin Alexander Beltrán Escobar enfrentará cargos por desórdenes públicos.
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó los nuevos precios de referencia para los combustibles en El Salvador, vigentes del 28 de abril al 11 de mayo de 2026.
Durante este periodo, todas las presentaciones reflejan un incremento generalizado de $0.07 por galón en las diferentes zonas del país.
En la zona central, la gasolina superior costará $4.63, la regular $4.30 y el diésel $4.37.
En las zonas occidental y oriental, la gasolina superior tendrá un precio de $4.64, la regular $4.31 y el diésel $4.37.
