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Presidenta de la CCR suspendió auditorias que revelarían corrupción en alcaldía de Santa Tecla que firmó un contrato por 24 años con Teclaseo
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, ordenó a sus colaboradores suspender toda auditoria en contra de la alcaldía de Santa Tecla que encabeza Roberto d’Aubuisson, quien firmó un contrato por 24 años con la empresa Teclaseo S.E.M. de C.V.
La funcionaria de la principal controlora de fondos públicos, anteriormente declaró “reserva total” del caso y con eso favoreció al alcalde quien ha hecho un contrato ilegal con el señor Salume en el botadero del cantón Melara, en La Libertad.
Con la reserva, la funcionaria no reveló la cantidad que paga la comuna a dicha empresa, tampoco hizo público cómo se realizó el contrato.
El 1 de noviembre de 2017, los regidores Nery Ramón Granados, Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Interiano, Mitzy Aria y Lourdes Reyes, razonaron su voto porque no se les proporcionó el convenio a suscribir entre la alcaldía tecleña y la empresa privada con la que se iba a constituir Teclaseo S.E.M. de C.V. Esto quedó plasmado en el Acta correspondiente al acuerdo No. 2642 de sesión ordinaria de dicha fecha.
Ante las sospechas que generó ese contrato, un ciudadano identificado como, Juan Carlos Rosales López, solicitó el 7 de agosto de 2018 a la Corte de Cuentas que se realizara un examen especial sobre la forma de contratación con Teclaseo que realizó d’Aubuisson.
La institución contralora le respondió el 27 de agosto que la auditoria se ralizaría en el siguiente mes de septiembre como se detalle en el siguiente pdf.
Según fuentes internas de la Corte de Cuentas, dicha auditoría inició, pero recibieron la orden de suspenderla de forma inmediata, sin detallar las razones.
Desde entonces, la funcionaria bloqueó todas las solicitudes del ciudadano de información sobre el avance, el seguimiento y el resultado del examen especial.
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Enero supera el promedio de vientos nortes de este mes
Enero cerró con más eventos de vientos nortes de lo habitual y un descenso de temperaturas hacia finales del mes, especialmente durante las noches y madrugadas, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el resumen meteorológico, en enero se registraron 6 eventos de vientos y la temperatura más baja fue de 5 °C en la estación Las Pilas, Chalatenango.
Mientras que, el 24 de enero se registró la temperatura más alta del mes con 39.9 °C en la estación de Santa Rosa de Lima, La Unión.
En cuanto al acumulado de lluvias, se reportó un 26 % arriba de lo normal, pues fue de 3.1 milímetros; y el acumulado máximo del mes fue de 17 milímetros en la estación de Ilobasco, Cabañas.
Por otra parte, en enero, se registraron 213 sismos en El Salvador, tanto por fallas locales como frente a la costa. De los cuales 26 fueron sentidos por la población.
El 77 % ocurrió en la costa de El Salvador o países vecinos y el 23 % dentro del territorio por activación de fallas geológicas locales.
El sismo regional de mayor magnitud fue de 5.8 y ocurrió el 16 de enero en el territorio de Honduras. Mientras que, el sismo local de mayor intensidad fue de 3.3 en el distrito de Juayúa, en Sonsonate Centro, el 9 de enero; y en el distrito El Carmen, La Unión, el 23 del mismo mes.
Entre los sismos por fallas geológicas locales, 15 ocurrieron entre la zona de Los Naranjos, Apaneca y Juayúa; 13 entre la zona de Tecapa, Berlín y Alegría; y 9 en San Lorenzo y alrededores.
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El Salvador registró 8,373 nuevas empresas en 2025, según el CNR
El clima de negocios impulsado por las estrategias estatales se vio materializado en la constitución de 8,373 nuevas empresas en 2025, así lo informó el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros.
De esa cifra, 4,551 fueron Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y 2,742 sociedades jurídicas, y 1,080 sociedades individuales.
El funcionario señaló que esta cantidad de nuevas unidades de negocios supera el récord alcanzado en 2024 cuando se tuvo 6,042; y que solo la sumatoria de esos dos años supera la cantidad de registros que tenía el país en los gobiernos del pasado.
«En dos años llevamos alrededor de 15,000 empresas creadas. En 2024 y 2025, del segundo mandato del presidente Nayib Bukele, se ha logrado más que en 10 años de gobierno del FMLN», dijo.
«Esto es importante enmarcarlo porque habla del compromiso del Gobierno de El Salvador, eso incluye a la Asamblea Legislativa que ha facilitado y ha permitido materializar cambios normativos que ahora se ven reflejados en el número de empresas», agregó.
Para Trigueros es importante analizar que estos no son números fríos, sino que son indicativos de creación de empleos, de inversión, y de consolidación de metas.
Por otro lado, mencionó que, en general 2025, fue un año destacable en cuanto a dinamización económica relacionada con los servicios que ofrece el CNR, lo que se refleja en el incremento del 11.1 % en la demanda de atenciones que la institución brinda.
Con datos hasta el 31 de enero de este año, El Salvador contabiliza 7,274 Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), detalló Trigueros. Este modelo se implementó en febrero de 2022.
Esta modalidad fue creada para incentivar la formalización empresarial, y consiste en un proceso simplificado que no requiere de servicios notariales, puede ser inscrita con un solo socio, y requiere de $1 para ser constituida.
Trigueros afirmó que este despliegue de formalización de negocios representa un capital social total de $18.4 millones, inversiones que materializan la visión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de empujar el desarrollo económico de El Salvador.
«En el país está sucediendo un cambio de visión a partir de que el presidente Bukele nos dice ‘vamos a centrarnos en la reactivación económica’», comentó.
El funcionario ahondó que la implementación de las SAS brindó a la matriz económica salvadoreña una forma ágil y rápida de construir empresas formales, y que esta visión antiburocrática se ha convertido en un incentivo para la inversión.
«Cuando los trámites demoran demasiado, o son muy complejos desincentivan las iniciativas de crear empresas, por el contrario, períodos cortos de tiempo, siendo efectivos en el mismo, permiten como país atraer a inversionistas nacionales y extranjeros que quieren abrir su empresa», acotó.
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Diputados aprueban Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.


