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Presidenta de la CCR suspendió auditorias que revelarían corrupción en alcaldía de Santa Tecla que firmó un contrato por 24 años con Teclaseo
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, ordenó a sus colaboradores suspender toda auditoria en contra de la alcaldía de Santa Tecla que encabeza Roberto d’Aubuisson, quien firmó un contrato por 24 años con la empresa Teclaseo S.E.M. de C.V.
La funcionaria de la principal controlora de fondos públicos, anteriormente declaró “reserva total” del caso y con eso favoreció al alcalde quien ha hecho un contrato ilegal con el señor Salume en el botadero del cantón Melara, en La Libertad.
Con la reserva, la funcionaria no reveló la cantidad que paga la comuna a dicha empresa, tampoco hizo público cómo se realizó el contrato.
El 1 de noviembre de 2017, los regidores Nery Ramón Granados, Rebeca Velasco Zometa, Alfredo Interiano, Mitzy Aria y Lourdes Reyes, razonaron su voto porque no se les proporcionó el convenio a suscribir entre la alcaldía tecleña y la empresa privada con la que se iba a constituir Teclaseo S.E.M. de C.V. Esto quedó plasmado en el Acta correspondiente al acuerdo No. 2642 de sesión ordinaria de dicha fecha.
Ante las sospechas que generó ese contrato, un ciudadano identificado como, Juan Carlos Rosales López, solicitó el 7 de agosto de 2018 a la Corte de Cuentas que se realizara un examen especial sobre la forma de contratación con Teclaseo que realizó d’Aubuisson.
La institución contralora le respondió el 27 de agosto que la auditoria se ralizaría en el siguiente mes de septiembre como se detalle en el siguiente pdf.
Según fuentes internas de la Corte de Cuentas, dicha auditoría inició, pero recibieron la orden de suspenderla de forma inmediata, sin detallar las razones.
Desde entonces, la funcionaria bloqueó todas las solicitudes del ciudadano de información sobre el avance, el seguimiento y el resultado del examen especial.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
