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Por alza de casos de Covid-19, Ministerio de Salud pide se continúe suspendidas las clases presenciales
El titular de Salud, Francisco Alabi, solicitó al Ministerio de Educación mantener las clases presenciales suspendidas en el 2021, por el comportamiento del virus SARS-Cov-2 en El Salvador, en vista que los casos de Covid-19 van en alza desde el pasado 13 de diciembre.
Alabi señala que la tendencia ascendente de los casos se ha sostenido por cerca de cuatro semanas. La cartera de Salud tomado como base el análisis epidemiológico obtenido en las jornadas de tamizajes que realizan en los diferentes municipios, la vigilancia centinela, los barridos comunitarios y las atenciones brindadas en la red de salud a nivel nacional.
De acuerdo con el titular de Salud, las condiciones que se presentan en el sistema educativo son factores de riesgo para que la población estudiantil pueda contagiarse, por ello recomienda que las clases no sean presenciales y se mantenga la enseñanza virtual.
Algunos de los factores de riesgo que ha tomado en cuenta la cartera sanitaria es: movilización masiva en el transporte escolar, transporte público, zonas de recreación escolar. También, los salones de clases por ser espacios reducidos.
“Las aulas son espacios cerrados, que condicionan la facilidad de contagio a través de aerosoles, la cual ha sido demostrada en reiteradas ocasiones por la comunidad científica, como el principal mecanismo de transmisión”, aseguró.
A consideración del doctor Alabi, hay mayor porcentaje de riesgo de contagio en el grupo etario de menores de 5 años, por las características de este sector estudiantil, quienes no cumplirían al 100 % las medidas de bioseguridad, entre ellas distanciamiento social, uso de mascarillas y otras.
El nivel de contagio de Covid-19 no solo quedaría en la población estudiantil, explicó el galeno, sino que este se expandiría al sector docente y al seno familiar, es decir, que sería un vehículo de transmisión de virus.
“Se podrían enfermar al menos 3 personas en cada hogar por cada estudiante, eso unido a la alta interacción con grupos vulnerables, como personas adultas mayores (familiares, cuidadores y docentes), que es la población de mayor riesgo de presentar complicaciones y letalidad”, indicó.
Además, Salud tomó en consideración que cada día se movilizan más de un millón de estudiantes, igual número de familiares, docentes, personal administrativo y otras personas relacionadas al sistema educativo, por ello la suspensión de clases presenciales sería hasta nuevo aviso, dijo Alabi.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
