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Policía y FAES con ayuda de drones rastrean a pandilleros que se esconde en la isla Tasajera, La Paz
La incursión de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) en las zonas con presencia de pandillas es uno de los puntos medulares de la fase 4, del Plan Control Territorial (PCT) impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
El propósito de la Policía de ingresar de manera estratégica con nuevos recursos y tecnología de última generación a los barrios, colonias, cantones y caseríos donde delinquen los miembros de pandillas es capturar a delincuentes contra quienes existen órdenes de arresto.
Eso fue lo que sucedió en las últimas horas en la isla San Rafael Tasajera, en el municipio de San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz. Los policías y militares llegaron en la búsqueda de pandilleros que intentan evadir la justicia escondiéndose en zonas remotas.
“Apostamos a la implementación del Plan Control Territorial con toda nuestra fuerza operativa. Incursionamos en la Isla San Rafael Tasajera, San Luis La Herradura”, detalló el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
En la zona, la Policía desplegó 100 agentes de diferentes divisiones de la corporación. Además del apoyo de los miembros de la FAES en la operación. Durante el operativo, la PNC utilizó drones con sensores térmicos, los cuales tienen una capacidad de elevarse a más de 500 metros y no serán detectados, esta es una de las herramientas estratégicas utilizadas en el combate a la criminalidad.
Los policías aprovecharon las acciones para fortalecer la relación con la población residente en la zona, a fin de escuchar sus necesidades en materia de seguridad pública.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
