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Plan de seguridad logra 76 días sin homicidios en 2023
El Salvador continúa sumando días con cero homicidios. Esto gracias a las estrategias de seguridad que el Gobierno del presidente Nayib Bukele implementa para eliminar la criminalidad que por décadas afectó a la población salvadoreña honrada.
Hasta el 15 de abril se contabilizaron 13 días sin muertes por violencia, mientras que marzo cerró con 20, febrero y enero con 21 y 22, respectivamente, según datos policiales; de modo que, en lo que va de 2023 se acumulan 76 días.
En toda la gestión del presidente Bukele se registran 345 días sin asesinatos. El mandatario calificó ayer de «inéditos» los resultados que el régimen de excepción y el Plan Control Territorial están produciendo.
«Los logros de El Salvador en seguridad son inéditos en la historia moderna de la humanidad», escribió Bukele en Twitter en referencia a que el 14 de abril hubo cero homicidios.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que el índice de impunidad del país ha llegado a cero durante la gestión del presidente Bukele, este es otro resultado de las medidas en seguridad. En el pasado, este índice fue del 97 %, detalló el funcionario.
«Resultados históricos, recibimos un país con una tasa de impunidad del 97 % y en lo que va de abril, tras un arduo trabajo liderado por nuestro presidente Nayib Bukele, hemos logrado un índice del 0 % de la impunidad y seguimos. Un día más sin homicidios en El Salvador», subrayó Villatoro.
De igual manera, Mauricio Ortiz y Alexia Rivas, diputados de Nuevas Ideas, se refirieron al impacto de las medidas de seguridad, las cuales han permitido que los salvadoreños tengan confianza de visitar diferentes sitios turísticos y desplazarse hacia zonas que, en el pasado, estban dominadas por las pandillas.
«Antes nadie quería ir a las playas, los pueblos o las montañas porque era peligroso. Los salvadoreños en el exterior tampoco nos visitaban por temor a las pandillas. Había mucha inseguridad y ningún Gobierno invirtió para mejorar los diferentes lugares turísticos que tiene el país. Ahora la población no se limita a salir de sus casas solo en vacaciones, lo puede hacer cuando quiera», aseveró Ortiz.
Rivas dijo que lugares como el lago de Ilopango, que durante años fue considerado un «santuario de las pandillas», actualmente ha sido recuperado y es visitado por la población.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
