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Plan Control Territorial logra reducción de homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios, confirma ministro de la Defensa
El Plan Control Territorial (PCT) lanzado el 20 de junio del 2019 está por cumplir dos años, por medio de su desarrollo el Gobierno ha logrado reducir delitos como homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios que eran dominados por las pandillas.
«Lo primero que se hizo fue ir recuperando esos territorios, posteriormente se fue evaluando la capacidad de las autoridades en ir extendiendo esta presencia a otros municipios y se ha llegado a 25 municipios que es donde se ha tenido una presencia permanente a través del Plan Control Territorial y esto ha dado como resultado la baja en los homicidios, pero no solamente hablar de los homicidios, sino que otros delitos que se cometen han reducido también en un 50%», explicó el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy.
Agregó que a pesar que el PCT fue lanzado hasta el 20 de junio, fue desde el 1 de ese mismo mes que las instituciones involucradas en el tema de seguridad pública comenzaron a trabajar y desde ese momento hasta la fecha otras instituciones como la Asamblea Legislativa y recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) se han ido incorporando para trabajar en conjunto por la seguridad de los salvadoreños.
«Con el lanzamiento del Comando de Coordinación Interinstitucional de seguridad pública se ha sumado a este esfuerzo la Fiscalía porque al analizar el fenómeno en El Salvador, no es un fenómeno que solo sea represivo, si no que necesita otros componentes que permitan atacarlo de raíz y aquí se necesita que la Fiscalía gire órdenes administrativas para que la Policía pueda capturar a los delincuentes», señaló el ministro.
Destacó que el PCT ha demostrado su eficacia y recalcó que luego de su implementación se han reducido los homicidios. Al 1 de junio de 2019, la tasa de homicidios era de 50 por cada 100,000 habitantes y hasta el 1 de junio de este año 2021 es del 19 por cada 100,000 habitantes, señaló.
«Lo que se comenzó a sentir de manera inmediata fue la reducción de los homicidios. La tendencia de homicidios era elevada, pero con la implementación del Plan comenzó a sentirse la presencia de las autoridades», destacó Merino Monroy.
De igual forma, el ministro de Defensa hizo una comparación entre los primeros dos años de gestión de Salvador Sánchez Cerén con los dos años de gobierno del presidente Nayib Bukele, destacando una notoria diferencia de homicidios entre ambos periodos.
«Hay una diferencia de más de 2,000 homicidios menos que durante los primeros dos años de gestión del expresidente Sánchez Cerén», apuntó el ministro.
Estos datos han sido avalados por el criminólogo, Ricardo Sosa, quien ha indicado que el presidente Bukele recibió el país con una tasa de homicidios de 50.3 por cada 100,000 habitantes, y al cierre de 2020 la tasa se redujo a 19.8 por cada 100,000 habitantes.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un pandillero de la MS-13 en la frontera El Amatillo, ubicada en La Unión Norte, cuando intentaba salir del país.
De acuerdo con la institución, durante la intervención los agentes identificaron tatuajes en el cuerpo del detenido alusivos a la estructura criminal. Asimismo, al inspeccionar el teléfono celular que portaba, encontraron varias imágenes que lo vinculaban con la pandilla, entre ellas fotografías en las que presuntamente aparecía realizando señas alusivas a la organización y presumiendo su pertenencia a la misma.
El capturado fue identificado por las autoridades como Santos Humberto Pineda, de 25 años de edad, señalado como homeboy de la MS-13.
La PNC informó que al detenido le fue incautado el teléfono celular y será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
