Nacionales
Plan Control Territorial logra reducción de homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios, confirma ministro de la Defensa
El Plan Control Territorial (PCT) lanzado el 20 de junio del 2019 está por cumplir dos años, por medio de su desarrollo el Gobierno ha logrado reducir delitos como homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios que eran dominados por las pandillas.
«Lo primero que se hizo fue ir recuperando esos territorios, posteriormente se fue evaluando la capacidad de las autoridades en ir extendiendo esta presencia a otros municipios y se ha llegado a 25 municipios que es donde se ha tenido una presencia permanente a través del Plan Control Territorial y esto ha dado como resultado la baja en los homicidios, pero no solamente hablar de los homicidios, sino que otros delitos que se cometen han reducido también en un 50%», explicó el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy.
Agregó que a pesar que el PCT fue lanzado hasta el 20 de junio, fue desde el 1 de ese mismo mes que las instituciones involucradas en el tema de seguridad pública comenzaron a trabajar y desde ese momento hasta la fecha otras instituciones como la Asamblea Legislativa y recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) se han ido incorporando para trabajar en conjunto por la seguridad de los salvadoreños.
«Con el lanzamiento del Comando de Coordinación Interinstitucional de seguridad pública se ha sumado a este esfuerzo la Fiscalía porque al analizar el fenómeno en El Salvador, no es un fenómeno que solo sea represivo, si no que necesita otros componentes que permitan atacarlo de raíz y aquí se necesita que la Fiscalía gire órdenes administrativas para que la Policía pueda capturar a los delincuentes», señaló el ministro.
Destacó que el PCT ha demostrado su eficacia y recalcó que luego de su implementación se han reducido los homicidios. Al 1 de junio de 2019, la tasa de homicidios era de 50 por cada 100,000 habitantes y hasta el 1 de junio de este año 2021 es del 19 por cada 100,000 habitantes, señaló.
«Lo que se comenzó a sentir de manera inmediata fue la reducción de los homicidios. La tendencia de homicidios era elevada, pero con la implementación del Plan comenzó a sentirse la presencia de las autoridades», destacó Merino Monroy.
De igual forma, el ministro de Defensa hizo una comparación entre los primeros dos años de gestión de Salvador Sánchez Cerén con los dos años de gobierno del presidente Nayib Bukele, destacando una notoria diferencia de homicidios entre ambos periodos.
«Hay una diferencia de más de 2,000 homicidios menos que durante los primeros dos años de gestión del expresidente Sánchez Cerén», apuntó el ministro.
Estos datos han sido avalados por el criminólogo, Ricardo Sosa, quien ha indicado que el presidente Bukele recibió el país con una tasa de homicidios de 50.3 por cada 100,000 habitantes, y al cierre de 2020 la tasa se redujo a 19.8 por cada 100,000 habitantes.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
Judicial
Cadena perpetua para cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 en San Miguel; otros cuatro reciben 45 años
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso cadena perpetua a cinco integrantes de la estructura criminal conocida como La Mirada Loca Sureños 13. Los condenados son Josué Odir Granados Zapata, identificado como cabecilla y palabrero encargado de zona, junto a los homeboys Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez.
En el mismo proceso, el tribunal sentenció a 45 años de prisión a Carlos Alberto Hernández Vásquez, José Joel Castillo Guevara, Yesenia Guadalupe Segovia Guevara y Nicolás Arístides Montoya Ríos por el delito de agrupaciones ilícitas. La Fiscalía General de la República acreditó que los nueve imputados formaban parte de esta estructura que operaba principalmente en el distrito de San Miguel, en la zona oriental del país, y que mantenía atemorizada a la población.
La resolución se basó en las evidencias presentadas por la Fiscalía, que validó la pertenencia de los acusados a la organización. Algunos de los condenados a 45 años mantienen otros procesos judiciales pendientes.
La estructura La Mirada Loca Sureños 13 es una de las clicas de la Mara Salvatrucha que ha sido objeto de múltiples procesos judiciales en el departamento de San Miguel.
Dos personas resultaron gravemente lesionadas después de que un vehículo cayera a un río en la carretera que conecta Ilobasco con Tejutepeque, en el departamento de Cabañas. El accidente fue reportado la tarde de este martes 20 de octubre en el sector del caserío Los Frailes, según información preliminar publicada por El Blog.
De acuerdo con reportes ciudadanos recogidos por ese medio, el conductor perdió el control del automóvil y se precipitó hacia el cauce. Hasta la publicación consultada, no se había establecido qué provocó la salida de la carretera ni se habían precisado las condiciones en las que circulaba el vehículo.
Las dos personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. El reporte no identifica a los afectados, sus edades ni el hospital al que fueron llevados. Tampoco incluye una actualización médica posterior al traslado.
Elementos de la Policía Nacional Civil acudieron a la escena para investigar las circunstancias del percance y determinar responsabilidades. Por el momento, la información disponible no permite atribuir el accidente a exceso de velocidad, fallas mecánicas u otra causa específica.
