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Plan Control Territorial logra reducción de homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios, confirma ministro de la Defensa
El Plan Control Territorial (PCT) lanzado el 20 de junio del 2019 está por cumplir dos años, por medio de su desarrollo el Gobierno ha logrado reducir delitos como homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios que eran dominados por las pandillas.
«Lo primero que se hizo fue ir recuperando esos territorios, posteriormente se fue evaluando la capacidad de las autoridades en ir extendiendo esta presencia a otros municipios y se ha llegado a 25 municipios que es donde se ha tenido una presencia permanente a través del Plan Control Territorial y esto ha dado como resultado la baja en los homicidios, pero no solamente hablar de los homicidios, sino que otros delitos que se cometen han reducido también en un 50%», explicó el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy.
Agregó que a pesar que el PCT fue lanzado hasta el 20 de junio, fue desde el 1 de ese mismo mes que las instituciones involucradas en el tema de seguridad pública comenzaron a trabajar y desde ese momento hasta la fecha otras instituciones como la Asamblea Legislativa y recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) se han ido incorporando para trabajar en conjunto por la seguridad de los salvadoreños.
«Con el lanzamiento del Comando de Coordinación Interinstitucional de seguridad pública se ha sumado a este esfuerzo la Fiscalía porque al analizar el fenómeno en El Salvador, no es un fenómeno que solo sea represivo, si no que necesita otros componentes que permitan atacarlo de raíz y aquí se necesita que la Fiscalía gire órdenes administrativas para que la Policía pueda capturar a los delincuentes», señaló el ministro.
Destacó que el PCT ha demostrado su eficacia y recalcó que luego de su implementación se han reducido los homicidios. Al 1 de junio de 2019, la tasa de homicidios era de 50 por cada 100,000 habitantes y hasta el 1 de junio de este año 2021 es del 19 por cada 100,000 habitantes, señaló.
«Lo que se comenzó a sentir de manera inmediata fue la reducción de los homicidios. La tendencia de homicidios era elevada, pero con la implementación del Plan comenzó a sentirse la presencia de las autoridades», destacó Merino Monroy.
De igual forma, el ministro de Defensa hizo una comparación entre los primeros dos años de gestión de Salvador Sánchez Cerén con los dos años de gobierno del presidente Nayib Bukele, destacando una notoria diferencia de homicidios entre ambos periodos.
«Hay una diferencia de más de 2,000 homicidios menos que durante los primeros dos años de gestión del expresidente Sánchez Cerén», apuntó el ministro.
Estos datos han sido avalados por el criminólogo, Ricardo Sosa, quien ha indicado que el presidente Bukele recibió el país con una tasa de homicidios de 50.3 por cada 100,000 habitantes, y al cierre de 2020 la tasa se redujo a 19.8 por cada 100,000 habitantes.
El trabajo ejecutado por las autoridades entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2026, durante el régimen de excepción no se ha centrado únicamente en la captura de 91,628 pandilleros y sus colaboradores, la implementación de la medida de seguridad también ha servido a la Policía, Fiscalía y Fuerza Armada para golpear las finanzas del crimen organizado.
Uno de esos duros golpes a las arcas de las maras ha sido la incautación de más de $1,533 millones ($1,533,753,409) en droga. Según las autoridades, el narcomenudeo se convirtió por muchos años en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
«Este maldito negocio de las drogas no va a ser tolerable en este país y vamos a recorrer los kilómetros que sean necesarios para ir tras este veneno», indicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El pasado 12 de marzo la Policía capturó a Nilson Manuel López Morales, de 41 años, quien fue intervenido en una gasolinera de Soyapango, San Salvador Este.
La corporación policial detalló que a López Morales se le incautó dos botes de vidrio conteniendo marihuana, una bolsa con marihuana, tres básculas, $6,080 en efectivo, cinco bolsas de cocaína, 13 bolsas con piedras de crack, dos bolsas de piedra, un vehículo y un celular.
«Será remitido por el delito de tráfico ilícito con fines de lucro», señaló la Policía.
Durante la medida de seguridad, las autoridades además han incautado a las pandillas 11,994 vehículos y 5,319 armas de fuego.
El 4 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la incautación de 90 inmuebles, 10 vehículos y $987,753.54 en productos financieros vinculados a Manuel Alexander Méndez Morán, colaborador de la pandilla 18.
«El monto total de los bienes incautados a Méndez Morán asciende a $1,791,366, ya que no pudo justificar su aumento patrimonial ni el origen legal del dinero», publicó la Fiscalía, en su cuenta oficial de X.
Las propiedades están ubicadas en los distritos de Apopa y Nejapa, del municipio de San Salvador Oeste y en el distrito de Tonacatepeque, en el municipio de San Salvador Este.
Según la Fiscalía, Méndez Morán fue detenido en el 2023 y es procesado por agrupaciones ilícitas.
Entre las armas que las autoridades han decomisado durante el régimen de excepción se encuentran: pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras. Mientras que, entre los automóviles se cuentan: motocicletas, microbuses y mototaxis.
Las autoridades también han incautado 24,510 teléfonos celulares; los cuales están siendo sometidos a análisis criminal. Gracias a la información contenida y sustraída de estos aparatos se ha logrado incriminar a miles de mareros.
El sicario de la Mara Salvatrucha, Irving Humberto Linares, alias «Mico» o «Demente», fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para expulsarlo hacia El Salvador.
Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), lo arrestaron en la aldea San Jerónimo, El Tumbador, San Marcos, ar suroeste de Guatemala.
«Se encontraba de manera irregular en nuestro país, por lo que será expulsado a su país de origen para que sea procesado por agrupaciones ilícitas», publicó la PNC de Guatemala.
En esa nación no tiene antecedentes de algún delito que haya cometido, pero al estar indocumentado y verificar que es un miembro activo de la MS, lo dejaron en detención para entregarlo por un punto fronterizo, a la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Tampoco se ha informado que sea reclamado por algún tribunal salvadoreño, pero por ser pandillero una vez sea expulsado hacia El Salvador, será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
El marero será incorporado a un expediente único presentado en los tribunales de crimen organizado para que en los próximos dos años enfrente la audiencia en la que un juez dictará una resolución.
El año pasado la Policía del vecino país detuvo a 93 pandilleros, a 47 los entregaron a El Salvador, por tener órdenes de captura por agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidio, tráfico ilícito, limitación ilegal a la libertad de circulación, y otros delitos de crimen organizado.
Otros 46 quedaron detenidos y procesados en esa nación por delitos relativos a las drogas, extorsión, tráfico de drogas y homicidio.
En lo que va de 2026, en Guatemala, han sido detenidos más de 15 pandilleros quienes fueron expulsados hacia El Salvador, a varios los capturaron en México.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la investigación contra la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y era dirigida por Gerson Orellana Ayala, ya suma 180 denuncias formales de personas que aseguran haber entregado dinero a la empresa.
“Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona y los niveles de inversión que pudieron haber realizado”, explicó el fiscal.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de información para identificar a las víctimas del caso y agilizar el proceso de investigación. Las personas afectadas pueden acudir a cualquier sede fiscal para presentar su denuncia.
Según Delgado, cada caso será verificado para confirmar la existencia de los inversionistas y determinar la legalidad de las transacciones.
“Esto nos lleva a realizar una debida diligencia para establecer si las personas realmente existen, si no tienen vínculos con organizaciones criminales y si las inversiones han sido reales”, agregó.
Durante los allanamientos y procedimientos realizados, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de $38,574,722. De ese monto, $27,550,750 fueron incautados en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias.
Además, las autoridades ordenaron la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a la estructura investigada.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Credicash funcionaba bajo un esquema de defraudación a la economía pública mediante un sistema piramidal. La empresa ofrecía rendimientos de hasta el 10 % mensual, una tasa que las autoridades consideran irreal para el sistema financiero formal.
La Fiscalía sostiene que los pagos a inversionistas no provenían de actividades económicas reales, sino del dinero aportado por nuevos participantes, un mecanismo típico de esquemas Ponzi.
Para generar confianza entre los clientes, el sistema utilizaba contratos de mutuo firmados ante notario, donde los inversionistas figuraban como acreedores y los administradores como deudores.
En distintos operativos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron dinero en efectivo en varias propiedades vinculadas al caso, incluyendo la residencia de Orellana Ayala, donde fueron encontrados más de $7.2 millones.
El principal implicado ya se encuentra detenido y, según la Fiscalía, posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.
El fiscal general aseguró que la institución continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de dinero posible con el fin de devolverlo a las víctimas.
