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Plan Control Territorial logra reducción de homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios, confirma ministro de la Defensa
El Plan Control Territorial (PCT) lanzado el 20 de junio del 2019 está por cumplir dos años, por medio de su desarrollo el Gobierno ha logrado reducir delitos como homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios que eran dominados por las pandillas.
«Lo primero que se hizo fue ir recuperando esos territorios, posteriormente se fue evaluando la capacidad de las autoridades en ir extendiendo esta presencia a otros municipios y se ha llegado a 25 municipios que es donde se ha tenido una presencia permanente a través del Plan Control Territorial y esto ha dado como resultado la baja en los homicidios, pero no solamente hablar de los homicidios, sino que otros delitos que se cometen han reducido también en un 50%», explicó el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy.
Agregó que a pesar que el PCT fue lanzado hasta el 20 de junio, fue desde el 1 de ese mismo mes que las instituciones involucradas en el tema de seguridad pública comenzaron a trabajar y desde ese momento hasta la fecha otras instituciones como la Asamblea Legislativa y recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) se han ido incorporando para trabajar en conjunto por la seguridad de los salvadoreños.
«Con el lanzamiento del Comando de Coordinación Interinstitucional de seguridad pública se ha sumado a este esfuerzo la Fiscalía porque al analizar el fenómeno en El Salvador, no es un fenómeno que solo sea represivo, si no que necesita otros componentes que permitan atacarlo de raíz y aquí se necesita que la Fiscalía gire órdenes administrativas para que la Policía pueda capturar a los delincuentes», señaló el ministro.
Destacó que el PCT ha demostrado su eficacia y recalcó que luego de su implementación se han reducido los homicidios. Al 1 de junio de 2019, la tasa de homicidios era de 50 por cada 100,000 habitantes y hasta el 1 de junio de este año 2021 es del 19 por cada 100,000 habitantes, señaló.
«Lo que se comenzó a sentir de manera inmediata fue la reducción de los homicidios. La tendencia de homicidios era elevada, pero con la implementación del Plan comenzó a sentirse la presencia de las autoridades», destacó Merino Monroy.
De igual forma, el ministro de Defensa hizo una comparación entre los primeros dos años de gestión de Salvador Sánchez Cerén con los dos años de gobierno del presidente Nayib Bukele, destacando una notoria diferencia de homicidios entre ambos periodos.
«Hay una diferencia de más de 2,000 homicidios menos que durante los primeros dos años de gestión del expresidente Sánchez Cerén», apuntó el ministro.
Estos datos han sido avalados por el criminólogo, Ricardo Sosa, quien ha indicado que el presidente Bukele recibió el país con una tasa de homicidios de 50.3 por cada 100,000 habitantes, y al cierre de 2020 la tasa se redujo a 19.8 por cada 100,000 habitantes.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
