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Plan Control Territorial logra reducción de homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios, confirma ministro de la Defensa
El Plan Control Territorial (PCT) lanzado el 20 de junio del 2019 está por cumplir dos años, por medio de su desarrollo el Gobierno ha logrado reducir delitos como homicidios, extorsión, robo y la recuperación de territorios que eran dominados por las pandillas.
«Lo primero que se hizo fue ir recuperando esos territorios, posteriormente se fue evaluando la capacidad de las autoridades en ir extendiendo esta presencia a otros municipios y se ha llegado a 25 municipios que es donde se ha tenido una presencia permanente a través del Plan Control Territorial y esto ha dado como resultado la baja en los homicidios, pero no solamente hablar de los homicidios, sino que otros delitos que se cometen han reducido también en un 50%», explicó el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy.
Agregó que a pesar que el PCT fue lanzado hasta el 20 de junio, fue desde el 1 de ese mismo mes que las instituciones involucradas en el tema de seguridad pública comenzaron a trabajar y desde ese momento hasta la fecha otras instituciones como la Asamblea Legislativa y recientemente la Fiscalía General de la República (FGR) se han ido incorporando para trabajar en conjunto por la seguridad de los salvadoreños.
«Con el lanzamiento del Comando de Coordinación Interinstitucional de seguridad pública se ha sumado a este esfuerzo la Fiscalía porque al analizar el fenómeno en El Salvador, no es un fenómeno que solo sea represivo, si no que necesita otros componentes que permitan atacarlo de raíz y aquí se necesita que la Fiscalía gire órdenes administrativas para que la Policía pueda capturar a los delincuentes», señaló el ministro.
Destacó que el PCT ha demostrado su eficacia y recalcó que luego de su implementación se han reducido los homicidios. Al 1 de junio de 2019, la tasa de homicidios era de 50 por cada 100,000 habitantes y hasta el 1 de junio de este año 2021 es del 19 por cada 100,000 habitantes, señaló.
«Lo que se comenzó a sentir de manera inmediata fue la reducción de los homicidios. La tendencia de homicidios era elevada, pero con la implementación del Plan comenzó a sentirse la presencia de las autoridades», destacó Merino Monroy.
De igual forma, el ministro de Defensa hizo una comparación entre los primeros dos años de gestión de Salvador Sánchez Cerén con los dos años de gobierno del presidente Nayib Bukele, destacando una notoria diferencia de homicidios entre ambos periodos.
«Hay una diferencia de más de 2,000 homicidios menos que durante los primeros dos años de gestión del expresidente Sánchez Cerén», apuntó el ministro.
Estos datos han sido avalados por el criminólogo, Ricardo Sosa, quien ha indicado que el presidente Bukele recibió el país con una tasa de homicidios de 50.3 por cada 100,000 habitantes, y al cierre de 2020 la tasa se redujo a 19.8 por cada 100,000 habitantes.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
