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Plan Antievasión de Hacienda acelera investigaciones contra evasores de impuestos
La puesta en marcha del Plan Antievasión del Ministerio de Hacienda desde 2019 ha permitido acelerar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de evasión de impuestos a escala nacional, prueba de ello es que los casos pasaron de 17 en 2019 a 33 en 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021 reportaron 15 más, de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
Cada jueves el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya junto con la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez interponen avisos ante el ministerio público contra los supuestos evasores y con los que buscan recuperar y devolver a las arcas del Estado los impuestos evadidos por empresas y comerciantes.
Hasta el 21 de octubre, Hacienda había presentado 119 avisos con los cuales pretenden redimir $115 millones en impuestos defraudados al fisco. «Estamos en otro jueves de evasores, hoy vamos a presentar 10 avisos por evasión fiscal a la Dirección de defensa de los intereses del Estado, básicamente el total de avisos llega a $4.3 millones, con esto estaríamos superando los 119 avisos presentados a la Fiscalía haciendo un total de $115 millones en el Plan Antievasión», mencionó Zelaya en esa ocasión.
La evasión de impuestos es un ilícito que se paga hasta con ocho años de prisión, según el artículo 249 A del Código Penal, el que hace referencia a el que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, utilizando cualquiera de los medios siguientes:
«No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias; llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación; declarando información falsa o inexacta; excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello; destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias; no presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas; declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido; respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes».
El pasado 3 de septiembre, la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la FGR junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a René Benítez Prudencio, representante legal de la contribuyente Social Comercial René S. A. DE C. V., por el referido delito durante el periodo del año 2O15, por un monto total de $434,047.
El jefe fiscal explicó que la investigación inició luego de recibir el informe de auditoría que realizó la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda, el cual estableció que el imputado Benítez Prudencio, durante el periodo tributario 2015, evadió el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por $434,047.
De acuerdo con el informe de Hacienda, el monto evadido con multas e intereses asciende a $940,911. En el procedimiento, las autoridades también allanaron las instalaciones de la Contribuyente Social Comercial René S.A. DE C.V. ubicada en 6ª. Calle Oriente, Barrio La Cruz, San Miguel, e incautaron documentación contable que vincula directamente al imputado en el delito que se le atribuye.
San Salvador es el departamento con más casos de evasión.
Los datos de la DATI detallan que de 2019 a 2021, solo en el departamento de San Salvador iniciaron 55 casos, en 2019 fueron 14, 2020 [30] y 11 en lo que va del 2021; le sigue La Libertad con 4, La Paz y Santa Ana con dos, respectivamente, mientras que Sonsonate y Cuscatlán reportan un caso cada uno.
En cuanto las detenciones por ese ilícito, los datos exponen siete; de las cuales tres fueron en 2019 y cuatro en 2020 en la que destaca la del empresario, Felipe Antonio Hernández Henríquez, por una supuesta evasión de $171,159.
La acusación formal fue presentada ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador contra el representante legal del Grupo Los Seis, quien de acuerdo con el ministerio público en el ejercicio impositivo de 2016 dejó de cancelar la referida cantidad.
El fiscal David Acosta explicó, en esa oportunidad, que, durante la etapa de investigación, a la sociedad Grupo Los Seis S. A. de C. V., el 21 de febrero de 2019, se le solicitó exhibiera declaraciones de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, mostradas a la Dirección General de Impuestos Internos; sin embargo, no fueron exhibidas ni proporcionó las declaraciones del IVA, de los periodos tributarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
En dicho proceso se comprobó, que la sociedad Grupo Los Seis, durante los periodos tributarios de enero a diciembre del año 2016, defraudó al fisco de la República al haber evadido el pago del IVA que le correspondía cancelar por la cantidad de $171,159.
Por: Diario El Salvador.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
