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Plan Antievasión de Hacienda acelera investigaciones contra evasores de impuestos
La puesta en marcha del Plan Antievasión del Ministerio de Hacienda desde 2019 ha permitido acelerar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de evasión de impuestos a escala nacional, prueba de ello es que los casos pasaron de 17 en 2019 a 33 en 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021 reportaron 15 más, de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
Cada jueves el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya junto con la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez interponen avisos ante el ministerio público contra los supuestos evasores y con los que buscan recuperar y devolver a las arcas del Estado los impuestos evadidos por empresas y comerciantes.
Hasta el 21 de octubre, Hacienda había presentado 119 avisos con los cuales pretenden redimir $115 millones en impuestos defraudados al fisco. «Estamos en otro jueves de evasores, hoy vamos a presentar 10 avisos por evasión fiscal a la Dirección de defensa de los intereses del Estado, básicamente el total de avisos llega a $4.3 millones, con esto estaríamos superando los 119 avisos presentados a la Fiscalía haciendo un total de $115 millones en el Plan Antievasión», mencionó Zelaya en esa ocasión.
La evasión de impuestos es un ilícito que se paga hasta con ocho años de prisión, según el artículo 249 A del Código Penal, el que hace referencia a el que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, utilizando cualquiera de los medios siguientes:
«No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias; llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación; declarando información falsa o inexacta; excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello; destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias; no presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas; declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido; respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes».
El pasado 3 de septiembre, la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la FGR junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a René Benítez Prudencio, representante legal de la contribuyente Social Comercial René S. A. DE C. V., por el referido delito durante el periodo del año 2O15, por un monto total de $434,047.
El jefe fiscal explicó que la investigación inició luego de recibir el informe de auditoría que realizó la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda, el cual estableció que el imputado Benítez Prudencio, durante el periodo tributario 2015, evadió el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por $434,047.
De acuerdo con el informe de Hacienda, el monto evadido con multas e intereses asciende a $940,911. En el procedimiento, las autoridades también allanaron las instalaciones de la Contribuyente Social Comercial René S.A. DE C.V. ubicada en 6ª. Calle Oriente, Barrio La Cruz, San Miguel, e incautaron documentación contable que vincula directamente al imputado en el delito que se le atribuye.
San Salvador es el departamento con más casos de evasión.
Los datos de la DATI detallan que de 2019 a 2021, solo en el departamento de San Salvador iniciaron 55 casos, en 2019 fueron 14, 2020 [30] y 11 en lo que va del 2021; le sigue La Libertad con 4, La Paz y Santa Ana con dos, respectivamente, mientras que Sonsonate y Cuscatlán reportan un caso cada uno.
En cuanto las detenciones por ese ilícito, los datos exponen siete; de las cuales tres fueron en 2019 y cuatro en 2020 en la que destaca la del empresario, Felipe Antonio Hernández Henríquez, por una supuesta evasión de $171,159.
La acusación formal fue presentada ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador contra el representante legal del Grupo Los Seis, quien de acuerdo con el ministerio público en el ejercicio impositivo de 2016 dejó de cancelar la referida cantidad.
El fiscal David Acosta explicó, en esa oportunidad, que, durante la etapa de investigación, a la sociedad Grupo Los Seis S. A. de C. V., el 21 de febrero de 2019, se le solicitó exhibiera declaraciones de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, mostradas a la Dirección General de Impuestos Internos; sin embargo, no fueron exhibidas ni proporcionó las declaraciones del IVA, de los periodos tributarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
En dicho proceso se comprobó, que la sociedad Grupo Los Seis, durante los periodos tributarios de enero a diciembre del año 2016, defraudó al fisco de la República al haber evadido el pago del IVA que le correspondía cancelar por la cantidad de $171,159.
Por: Diario El Salvador.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
