Nacionales
Plan Antievasión de Hacienda acelera investigaciones contra evasores de impuestos
La puesta en marcha del Plan Antievasión del Ministerio de Hacienda desde 2019 ha permitido acelerar las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de evasión de impuestos a escala nacional, prueba de ello es que los casos pasaron de 17 en 2019 a 33 en 2020 y hasta el 31 de agosto de 2021 reportaron 15 más, de acuerdo con los datos de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
Cada jueves el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya junto con la directora general de Aduanas, Samadhy Martínez interponen avisos ante el ministerio público contra los supuestos evasores y con los que buscan recuperar y devolver a las arcas del Estado los impuestos evadidos por empresas y comerciantes.
Hasta el 21 de octubre, Hacienda había presentado 119 avisos con los cuales pretenden redimir $115 millones en impuestos defraudados al fisco. «Estamos en otro jueves de evasores, hoy vamos a presentar 10 avisos por evasión fiscal a la Dirección de defensa de los intereses del Estado, básicamente el total de avisos llega a $4.3 millones, con esto estaríamos superando los 119 avisos presentados a la Fiscalía haciendo un total de $115 millones en el Plan Antievasión», mencionó Zelaya en esa ocasión.
La evasión de impuestos es un ilícito que se paga hasta con ocho años de prisión, según el artículo 249 A del Código Penal, el que hace referencia a el que omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes, con el propósito de evadir impuestos, utilizando cualquiera de los medios siguientes:
«No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias; llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación; declarando información falsa o inexacta; excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello; destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones tributarias; no presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas; declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido; respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes».
El pasado 3 de septiembre, la Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado de la FGR junto con la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a René Benítez Prudencio, representante legal de la contribuyente Social Comercial René S. A. DE C. V., por el referido delito durante el periodo del año 2O15, por un monto total de $434,047.
El jefe fiscal explicó que la investigación inició luego de recibir el informe de auditoría que realizó la Dirección General de Impuestos Internos de Hacienda, el cual estableció que el imputado Benítez Prudencio, durante el periodo tributario 2015, evadió el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por $434,047.
De acuerdo con el informe de Hacienda, el monto evadido con multas e intereses asciende a $940,911. En el procedimiento, las autoridades también allanaron las instalaciones de la Contribuyente Social Comercial René S.A. DE C.V. ubicada en 6ª. Calle Oriente, Barrio La Cruz, San Miguel, e incautaron documentación contable que vincula directamente al imputado en el delito que se le atribuye.
San Salvador es el departamento con más casos de evasión.
Los datos de la DATI detallan que de 2019 a 2021, solo en el departamento de San Salvador iniciaron 55 casos, en 2019 fueron 14, 2020 [30] y 11 en lo que va del 2021; le sigue La Libertad con 4, La Paz y Santa Ana con dos, respectivamente, mientras que Sonsonate y Cuscatlán reportan un caso cada uno.
En cuanto las detenciones por ese ilícito, los datos exponen siete; de las cuales tres fueron en 2019 y cuatro en 2020 en la que destaca la del empresario, Felipe Antonio Hernández Henríquez, por una supuesta evasión de $171,159.
La acusación formal fue presentada ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador contra el representante legal del Grupo Los Seis, quien de acuerdo con el ministerio público en el ejercicio impositivo de 2016 dejó de cancelar la referida cantidad.
El fiscal David Acosta explicó, en esa oportunidad, que, durante la etapa de investigación, a la sociedad Grupo Los Seis S. A. de C. V., el 21 de febrero de 2019, se le solicitó exhibiera declaraciones de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, mostradas a la Dirección General de Impuestos Internos; sin embargo, no fueron exhibidas ni proporcionó las declaraciones del IVA, de los periodos tributarios del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
En dicho proceso se comprobó, que la sociedad Grupo Los Seis, durante los periodos tributarios de enero a diciembre del año 2016, defraudó al fisco de la República al haber evadido el pago del IVA que le correspondía cancelar por la cantidad de $171,159.
Por: Diario El Salvador.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
