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Piden destitución inmediata de la magistrada Rosa María Fortin por actos de corrupción, cohecho propio y actos arbitrarios
Un audio difundido esta mañana en redes sociales revela cómo el expresidente de la República, Mauricio Funes, sobornó a la exmagistrada de la Cámara Segunda de la Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa María Fortín, a través del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fortín.
El audio fue publicado por el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien señaló que Funes hace referencia a cancelar una cantidad de dinero para beneficiarse del fallo de la magistrada Fortín en el caso en el que se le acusa de desviar más de $300 millones de fondos públicos a cuentas que utilizó para pagar el lujoso estilo de vida que mantuvo durante su presidencia.
“Rosa María” la operadora.
En el contexto del audio, se advierte cuando Mauricio Funes expresa:
“Con Marco Fortín ya construimos la estrategia. La Rosa María va a hablar esta semana que viene con la, con la… Romagosa… le va a decir claramente… que yo quiero entablar un canal de comunicación que me diga, así claramente que me diga con cuánto se da por satisfecha, para las pruebas de descargo que yo presente, que yo voy a llevarle un caso fundamentado, como para que ella no tenga el problema de decir (…) y cómo voy a sobreseerlo sino me ha traido ni m…; pero al menos que con las pruebas que yo presente que las acepte… que diga tuve que sobreseerlo porque presentó pruebas. En ese línea estamos”
De acuerdo a una fuente judicial que labora en la Corte Suprema de Justicia y que habló con reserva de identidad por temor a las represalias, confirma que la operadora a la que se refiere el expresidente Funes, es Rosa María Fortín Huezo, hermana del expresidente de la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín, quien durante la administración de Mauricio Funes, fungía como Magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde presuntamente habría realizado una serie de actuaciones para crear lealtades por parte de jueces y magistrados que fueron promovidos o mejorados en su condiciones, mismas que habría aprovechado para cobrar por los resultados que debían arrojar sus decisiones.
A la persona sobre la cual se escucha en el audio que presuntamente contactará la Magistrada Rosa María Fortín, es la Magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, Rosa Margarita Romagoza, a cargo del caso de Enriquecimiento Ilícito seguido contra Mauricio Funes, quien se encuentra procesado penalmente y es prófugo de la justicia, por sustraer al menos US $351 millones de dólares de las arcas del Estado.
Una red de operadores y corrupción judicial
De acuerdo a la fuente consultada, una vez Rosa María Fortín retornó a ser magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, ha utilizado toda la estructura creada mientras estuvo coordinando actividades de la mesa judicial, aprovechando para blindar a jueces y juezas “amigos” a quienes les pide favores, por los que presuntamente ella obtendría toda clase de beneficios.
En esa línea manifestó que la Corte Suprema de Justicia y especialmente el todavía Presidente de la misma, Óscar Armando Pineda Navas, conocen claramente de esas estructuras que serían práctimante “organizaciones de corrupción en la interna judicial”, no obstante no hacen nada porque se benefician de esas tramas de favorecimientos, componendas y sobornos, razón por la que no investigan y al contrario ordenaron a la Directora de la Sección de Investigación Judicial a que no le dé trámite a las denuncias que presentan los usuarios del sistema judicial, garantizando la impunidad de estos actores que han corrompido el Órgano Judicial. De hecho, es el propio Presidente de la CSJ, quien se ocupa de declarar improponibles las denuncias contra los jueces de esta supuesta red de corrupción.
La fuente afirma que los cambios que deben dirigirse desde otros poderes del Estado y la contraloría de una verdadera veeduría judicial, requieren poner principalmente la vista a jueces y magistrados que se encuentran ejerciendo la función judicial en el Juzgado 2º y 8º de instrucción de San Salvador, los Tribunales 1º y 3º de Sentencia de San Salvador y las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, donde se encuentran acomodados funcionarios con los que presuntamente se realizan todas las conexiones que tiene la operadora “Rosa María”
Para la fuente, la situación y evidencia de posibles hechos de corrupción, son suficientes para que la Corte Pleno destituya a la Magistrada Rosa María Fortín, lo que coincide con lo también expresado por Sanabria, cuando bajo indignación manifiesta que: “La @FGR_SV y la sección de investigación profesional de la @CorteSupremaSV deben de abrir expedientes sobre esto, si de verdad dicen estar comprometidos contra la corrupción y las arbitrarieades en el país, porque @FunesCartagena demostró una vez más su desfachatez y amoralidad.”
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
