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Piden destitución inmediata de la magistrada Rosa María Fortin por actos de corrupción, cohecho propio y actos arbitrarios
Un audio difundido esta mañana en redes sociales revela cómo el expresidente de la República, Mauricio Funes, sobornó a la exmagistrada de la Cámara Segunda de la Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa María Fortín, a través del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fortín.
El audio fue publicado por el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien señaló que Funes hace referencia a cancelar una cantidad de dinero para beneficiarse del fallo de la magistrada Fortín en el caso en el que se le acusa de desviar más de $300 millones de fondos públicos a cuentas que utilizó para pagar el lujoso estilo de vida que mantuvo durante su presidencia.
“Rosa María” la operadora.
En el contexto del audio, se advierte cuando Mauricio Funes expresa:
“Con Marco Fortín ya construimos la estrategia. La Rosa María va a hablar esta semana que viene con la, con la… Romagosa… le va a decir claramente… que yo quiero entablar un canal de comunicación que me diga, así claramente que me diga con cuánto se da por satisfecha, para las pruebas de descargo que yo presente, que yo voy a llevarle un caso fundamentado, como para que ella no tenga el problema de decir (…) y cómo voy a sobreseerlo sino me ha traido ni m…; pero al menos que con las pruebas que yo presente que las acepte… que diga tuve que sobreseerlo porque presentó pruebas. En ese línea estamos”
De acuerdo a una fuente judicial que labora en la Corte Suprema de Justicia y que habló con reserva de identidad por temor a las represalias, confirma que la operadora a la que se refiere el expresidente Funes, es Rosa María Fortín Huezo, hermana del expresidente de la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín, quien durante la administración de Mauricio Funes, fungía como Magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde presuntamente habría realizado una serie de actuaciones para crear lealtades por parte de jueces y magistrados que fueron promovidos o mejorados en su condiciones, mismas que habría aprovechado para cobrar por los resultados que debían arrojar sus decisiones.
A la persona sobre la cual se escucha en el audio que presuntamente contactará la Magistrada Rosa María Fortín, es la Magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, Rosa Margarita Romagoza, a cargo del caso de Enriquecimiento Ilícito seguido contra Mauricio Funes, quien se encuentra procesado penalmente y es prófugo de la justicia, por sustraer al menos US $351 millones de dólares de las arcas del Estado.
Una red de operadores y corrupción judicial
De acuerdo a la fuente consultada, una vez Rosa María Fortín retornó a ser magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, ha utilizado toda la estructura creada mientras estuvo coordinando actividades de la mesa judicial, aprovechando para blindar a jueces y juezas “amigos” a quienes les pide favores, por los que presuntamente ella obtendría toda clase de beneficios.
En esa línea manifestó que la Corte Suprema de Justicia y especialmente el todavía Presidente de la misma, Óscar Armando Pineda Navas, conocen claramente de esas estructuras que serían práctimante “organizaciones de corrupción en la interna judicial”, no obstante no hacen nada porque se benefician de esas tramas de favorecimientos, componendas y sobornos, razón por la que no investigan y al contrario ordenaron a la Directora de la Sección de Investigación Judicial a que no le dé trámite a las denuncias que presentan los usuarios del sistema judicial, garantizando la impunidad de estos actores que han corrompido el Órgano Judicial. De hecho, es el propio Presidente de la CSJ, quien se ocupa de declarar improponibles las denuncias contra los jueces de esta supuesta red de corrupción.
La fuente afirma que los cambios que deben dirigirse desde otros poderes del Estado y la contraloría de una verdadera veeduría judicial, requieren poner principalmente la vista a jueces y magistrados que se encuentran ejerciendo la función judicial en el Juzgado 2º y 8º de instrucción de San Salvador, los Tribunales 1º y 3º de Sentencia de San Salvador y las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, donde se encuentran acomodados funcionarios con los que presuntamente se realizan todas las conexiones que tiene la operadora “Rosa María”
Para la fuente, la situación y evidencia de posibles hechos de corrupción, son suficientes para que la Corte Pleno destituya a la Magistrada Rosa María Fortín, lo que coincide con lo también expresado por Sanabria, cuando bajo indignación manifiesta que: “La @FGR_SV y la sección de investigación profesional de la @CorteSupremaSV deben de abrir expedientes sobre esto, si de verdad dicen estar comprometidos contra la corrupción y las arbitrarieades en el país, porque @FunesCartagena demostró una vez más su desfachatez y amoralidad.”
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
