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Piden destitución inmediata de la magistrada Rosa María Fortin por actos de corrupción, cohecho propio y actos arbitrarios
Un audio difundido esta mañana en redes sociales revela cómo el expresidente de la República, Mauricio Funes, sobornó a la exmagistrada de la Cámara Segunda de la Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa María Fortín, a través del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fortín.
El audio fue publicado por el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien señaló que Funes hace referencia a cancelar una cantidad de dinero para beneficiarse del fallo de la magistrada Fortín en el caso en el que se le acusa de desviar más de $300 millones de fondos públicos a cuentas que utilizó para pagar el lujoso estilo de vida que mantuvo durante su presidencia.
“Rosa María” la operadora.
En el contexto del audio, se advierte cuando Mauricio Funes expresa:
“Con Marco Fortín ya construimos la estrategia. La Rosa María va a hablar esta semana que viene con la, con la… Romagosa… le va a decir claramente… que yo quiero entablar un canal de comunicación que me diga, así claramente que me diga con cuánto se da por satisfecha, para las pruebas de descargo que yo presente, que yo voy a llevarle un caso fundamentado, como para que ella no tenga el problema de decir (…) y cómo voy a sobreseerlo sino me ha traido ni m…; pero al menos que con las pruebas que yo presente que las acepte… que diga tuve que sobreseerlo porque presentó pruebas. En ese línea estamos”
De acuerdo a una fuente judicial que labora en la Corte Suprema de Justicia y que habló con reserva de identidad por temor a las represalias, confirma que la operadora a la que se refiere el expresidente Funes, es Rosa María Fortín Huezo, hermana del expresidente de la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín, quien durante la administración de Mauricio Funes, fungía como Magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde presuntamente habría realizado una serie de actuaciones para crear lealtades por parte de jueces y magistrados que fueron promovidos o mejorados en su condiciones, mismas que habría aprovechado para cobrar por los resultados que debían arrojar sus decisiones.
A la persona sobre la cual se escucha en el audio que presuntamente contactará la Magistrada Rosa María Fortín, es la Magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, Rosa Margarita Romagoza, a cargo del caso de Enriquecimiento Ilícito seguido contra Mauricio Funes, quien se encuentra procesado penalmente y es prófugo de la justicia, por sustraer al menos US $351 millones de dólares de las arcas del Estado.
Una red de operadores y corrupción judicial
De acuerdo a la fuente consultada, una vez Rosa María Fortín retornó a ser magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, ha utilizado toda la estructura creada mientras estuvo coordinando actividades de la mesa judicial, aprovechando para blindar a jueces y juezas “amigos” a quienes les pide favores, por los que presuntamente ella obtendría toda clase de beneficios.
En esa línea manifestó que la Corte Suprema de Justicia y especialmente el todavía Presidente de la misma, Óscar Armando Pineda Navas, conocen claramente de esas estructuras que serían práctimante “organizaciones de corrupción en la interna judicial”, no obstante no hacen nada porque se benefician de esas tramas de favorecimientos, componendas y sobornos, razón por la que no investigan y al contrario ordenaron a la Directora de la Sección de Investigación Judicial a que no le dé trámite a las denuncias que presentan los usuarios del sistema judicial, garantizando la impunidad de estos actores que han corrompido el Órgano Judicial. De hecho, es el propio Presidente de la CSJ, quien se ocupa de declarar improponibles las denuncias contra los jueces de esta supuesta red de corrupción.
La fuente afirma que los cambios que deben dirigirse desde otros poderes del Estado y la contraloría de una verdadera veeduría judicial, requieren poner principalmente la vista a jueces y magistrados que se encuentran ejerciendo la función judicial en el Juzgado 2º y 8º de instrucción de San Salvador, los Tribunales 1º y 3º de Sentencia de San Salvador y las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, donde se encuentran acomodados funcionarios con los que presuntamente se realizan todas las conexiones que tiene la operadora “Rosa María”
Para la fuente, la situación y evidencia de posibles hechos de corrupción, son suficientes para que la Corte Pleno destituya a la Magistrada Rosa María Fortín, lo que coincide con lo también expresado por Sanabria, cuando bajo indignación manifiesta que: “La @FGR_SV y la sección de investigación profesional de la @CorteSupremaSV deben de abrir expedientes sobre esto, si de verdad dicen estar comprometidos contra la corrupción y las arbitrarieades en el país, porque @FunesCartagena demostró una vez más su desfachatez y amoralidad.”
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
