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Ministerio de Hacienda presenta hoy en la Asamblea Legislativa asignación presupuestaria de $250 millones del préstamo BID
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó hoy que el Ejecutivo está corriendo para cumplir los procedimientos que le permitirían hacer uso de los $250 millones ratificados el domingo por la Asamblea Legislativa.
Es por eso que este día será presentada ante el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, la iniciativa de Ley para ser incorporarlo al presupuesto 2020 del fondo general de la nación.
«Se lo recordé y lo tiene muy claro el presidente de la Asamblea Legislativa. Al nomás yo le diga: ‘presidente Ponce, yo ya tengo la certificación del Diario Oficial y ya puedo presentar la iniciativa de ley para incorporar en el presupuesto’, él tiene que llamar a sesión plenaria este día», expresó Zelaya.
El funcionario explicó el domingo que los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) «no existen» mientras la Asamblea Legislativa no apruebe esa asignación presupuestaria. «En este momento hemos dicho aceptamos el crédito pero esos fondos no existen y yo como ministro de Hacienda no puedo disponer de ellos», expresó.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, explicó que, mientras la sesión plenaria del domingo no cerraba, el decreto de préstamo no podía ser publicado en el Diario Oficial, de lo contrario, el decreto podría tener vicios de inconstitucionalidad, sin embargo, el presidente de la República.
Zelaya aseguró que era «un deber patriótico de todos los diputados quedarse» luego de la sesión plenaria extraordinaria para que se abriera una nueva sesión plenaria y se aprobara la asignación presupuestaria que, hasta las 8:00 p.m., del domingo no había sido presentada.
Anoche, las diferentes fracciones legislativas manifestaron sus acuerdos o desacuerdos con el préstamo ratificado.
El diputado Guillermo Gallegos del partido GANA, aseguró que el FMLN no tenía derecho a hablar por no dar sus votos.
«Ustedes no han votado», afirmó, mientras le reclamó los efemelenistas cuando decía que esos fondos no existen mientras no se aprobaba la asignación presupuestaria”.
El préstamo de los $250 millones aprobado anoche en el pleno legislativo terminó distribuido la siguiente forma: $75 millones para alcaldías de todo el país; $30 millones irán destinados para el Hospital El Salvador; $55 millones serán para inyectar compromisos pendientes con los proyectos de inversión de FOMILENIO II; $20 millones serán para el fondo de mitigación de desastres; el monto de $18 millones son para financiar la emergencia nacional y la reconstrucción; un monto de $40 millones están destinados para los productores agrícolas; $12 millones serán para las pensiones de los veteranos y excombatientes de la guerra civil.
Cabe señalar que la iniciativa de Ley será recibida este lunes únicamente por el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, sin convocar a sesión plenaria.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
