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Merino Monroy: «Plan Control Territorial ha permitido la reducción de homicidios en un 51%»
El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, destacó que el Plan Control Territorial ha permitido la reducción de homicidios en un 51% en el primer año de gestión del Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez.
Merino Monroy, destacó que la implementación de este Plan ha permitido que los cuerpos de seguridad sean más efectivos en el territorio y que ello se traduzca en que menos salvadoreños hayan sido asesinados por delincuentes.
“En el periodo de junio del 2018 a mayo del 2019 hubo 3,185 homicidios; lo que representa un promedio de 8.7 homicidios por día en comparación con el periodo de junio del 2019 a mayo del presente año que se registraron 1,559 asesinatos. El índice ahora es de 4.3 por día”, amplió el funcionario.
En lo concerniente al mes de junio del 2019 entre el periodo del 1 al 24 se registraron 179 homicidios y en ese mismo periodo de este año, solo 55; es decir, 124 homicidios menos.
“Este es un plan holístico bien estructurado para obtener estos resultados”, subrayó.
En ese esfuerzo ya sumamos a la fecha 26 días sin homicidios: 20 de ellos entre enero y junio del 2020 y el resto del 2019. “No hay duda que en nuestra misma gestión se están obteniendo datos positivos”, observó el titular de Defensa.
De acuerdo a Merino Monroy, 6,468 elementos del Comando Zeus de la Fuerza Armada de El Salvador, son los que se han sumado a la aplicación del Plan Control Territorial y que tienen incidencia a nivel nacional.
En cuanto al trabajo de militares en la atención a la pandemia por el Covid-19, informó que el Comando Sumpul mantiene presencia en 187 puntos fronterizos no habilitados donde se evita que personas de otros países ingresen ilegalmente a El Salvador, resguardando la soberanía del territorio y además, evitando la propagación de contagios por esa enfermedad.
Por otra parte, destacó que más elementos de la Fuerza Armada se encuentran involucrado en la entrega de Paquetes Alimentarios que forman parte del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), coordinado por el despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, a través de Bienestar Social.
“Lo hacemos de buena voluntad para que la gente no salga de sus casas y evitar más contagios por Covid-19”, añadió.
Finalmente, insistió en hacer conciencia a la población sobre tomar las medidas de seguridad y obedecer los protocolos para no contagiarse de Covid-19, al tiempo que respaldó la propuesta emanada desde Casa Presidencial a la Asamblea Legislativa sobre la implementación de una cuarentena estricta para salvaguardar la vida de la población.
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Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
