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Más de 400 autos decomisados a pandilleros ahora se usan para combatir el crimen
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, brindó un balance general de los resultados de los planes de seguridad que el actual gobierno ha implementado para combatir y desarticular estructuras de pandillas en todo el país.
El jefe policial aseguró que gracias a la operatividad policial que efectúa la institución junto a la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República (FGR) le han logrado decomisar a los grupos terroristas inmuebles, vehículos, armas de fuego, celulares y dinero en efectivo. Agregó que en el marco del régimen de excepción se han efectuado más de 72,000 capturas.
Arriaza Chicas comentó que un número importante de vehículos que estuvieron en manos de las pandillas ahora son utilizados como recurso de la Policía para combatir a estas estructuras criminales. «Todos los procedimientos van a disposición de Fiscalía y luego al Conab (Consejo Nacional de Administración de Bienes), es importante que la población lo sepa que de los más de 3,000 vehículos que le hemos quitado a estas estructuras criminales más de 400 están en apoyo a la Policía», afirmó el jefe policial.
Agregó que «los recursos que el crimen organizado ocupaba para hacerle daño a la población hoy los estamos ocupando para combatirlos a ellos y para proteger a las familias salvadoreñas».
Las fuerzas del orden también han decomisado a las pandillas más de 16,000 celulares, estos están siendo analizados por la Policía Técnica Científica para extraer la información que será de utilidad para las autoridades para seguir combatiendo criminales.
«Estos aparatos los utilizaban para extorsionar y amenazar a la población, hay mucha información que ahí está, y está siendo incorporada a las matrices de información de cada uno de esos miembros de la estructura criminal», explicó.
Dijo que se han decomisado más de 3,500 armas de fuego a los pandilleros y que estas fueron utilizadas para cometer crímenes, lo cual será demostrado según se obtengan los resultados de la balística.
En cuanto al dinero en efectivo decomisado a los grupos terroristas explicó que será administrado por el Conab para atender necesidades básicas existentes en las sedes policiales, principalmente, destinados para las áreas de investigación.
Por estos resultados el jefe policial es de la opinión que es necesario dar continuidad al régimen de excepción para seguir capturando más criminales.
«Hay bastantes pandilleros que andan huyendo, unos enmontañados y otros están países vecinos; nosotros continuamos desarticulando estos grupos», afirmó.
Arriaza Chicas añadió que las actuaciones policiales durante la implementación de los planes de seguridad han sido con base a lo que mandata la Constitución, las leyes secundarias y todas las herramientas legales.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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