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MAG firma convenio con alcaldías para beneficiar a productores sin distinción partidaria
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, firmó un convenio para facilitar la logística de distribución de los Paquetes Agrícolas que beneficiará a más de 400,000 productores de granos básicos durante el inicio del ciclo agrícola 2022-2023.
En un evento histórico, el funcionario, convocó por primera vez a los 262 jefes edilicios del país, para firmar el acuerdo.
“Por primera vez en la historia, todas estas instituciones trabajan por un fin en común, impulsar este programa para el bien de todos los salvadoreños; trabajando de manera eficiente y efectiva para nuestros agricultores”, explicó el Ministro Parada.
Y es que, el presente ciclo agrícola supone un cambio estructural en la entrega de insumos agrícolas a nuestros productores, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería levantó un nuevo censo agropecuario con la inscripción en línea del Registro Único de Productores Agroalimentarios (RUPA
Este nuevo registro se actualiza después de 15 años, logrando depurar el padrón agropecuario y llevando los beneficios a los verdaderos productores.
Además, Enrique Parada, aseguró que este año el Gobierno apuesta por incrementar la producción nacional con una entrega descentralizada y novedosa. “Nuestro trabajo lo hacemos por vocación, por nuestro país; estamos convencidos de que este proyecto va por el camino correcto (…) Vamos a invertir para mejorar la producción. Este año nuestros productores recibirán más insumos”, afirmó.
Y añadió: “Sabemos que estamos enfrentando un momento de crisis mundial, y hemos trabajado incansablemente para impulsar medidas que nos ayuden a paliar la situación; esto también es parte de las medidas, para que consumamos lo que producimos”.
El MAG entregará semilla certificada resistente a plagas, abono, tratador de semilla y abono foliar; lo que significará una mejor germinación y floración para elevar la producción.
La distribución de Paquetes Agrícolas se realizará durante el presente mes, y se habilitarán 263 bodegas en todo el territorio nacional.
Además, confirmó que se realizará un trabajo coordinado con diferentes instituciones de Gobierno para garantizar la seguridad en los centros de distribución, entre ellos la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.
Asimismo, se integrarán 100 especialistas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, 100 estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura y 50 extensionistas del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal; quienes brindarán asistencia técnica a los productores.
“Nosotros nos encargaremos de la asistencia para el buen manejo de los insumos; es una responsabilidad grande para el CENTA. En cada lugar que se entreguen los Paquetes Agrícolas deberá estar un extensionista que brinde el apoyo adecuado», añadió el director del CENTA, Edgardo Reyes.
El Ministro Parada aseguró que, con la mejora de los insumos que se darán también se elevará la cantidad de beneficiarios para garantizar la seguridad alimentaria.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
