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MAG firma convenio con alcaldías para beneficiar a productores sin distinción partidaria
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, firmó un convenio para facilitar la logística de distribución de los Paquetes Agrícolas que beneficiará a más de 400,000 productores de granos básicos durante el inicio del ciclo agrícola 2022-2023.
En un evento histórico, el funcionario, convocó por primera vez a los 262 jefes edilicios del país, para firmar el acuerdo.
“Por primera vez en la historia, todas estas instituciones trabajan por un fin en común, impulsar este programa para el bien de todos los salvadoreños; trabajando de manera eficiente y efectiva para nuestros agricultores”, explicó el Ministro Parada.
Y es que, el presente ciclo agrícola supone un cambio estructural en la entrega de insumos agrícolas a nuestros productores, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería levantó un nuevo censo agropecuario con la inscripción en línea del Registro Único de Productores Agroalimentarios (RUPA
Este nuevo registro se actualiza después de 15 años, logrando depurar el padrón agropecuario y llevando los beneficios a los verdaderos productores.
Además, Enrique Parada, aseguró que este año el Gobierno apuesta por incrementar la producción nacional con una entrega descentralizada y novedosa. “Nuestro trabajo lo hacemos por vocación, por nuestro país; estamos convencidos de que este proyecto va por el camino correcto (…) Vamos a invertir para mejorar la producción. Este año nuestros productores recibirán más insumos”, afirmó.
Y añadió: “Sabemos que estamos enfrentando un momento de crisis mundial, y hemos trabajado incansablemente para impulsar medidas que nos ayuden a paliar la situación; esto también es parte de las medidas, para que consumamos lo que producimos”.
El MAG entregará semilla certificada resistente a plagas, abono, tratador de semilla y abono foliar; lo que significará una mejor germinación y floración para elevar la producción.
La distribución de Paquetes Agrícolas se realizará durante el presente mes, y se habilitarán 263 bodegas en todo el territorio nacional.
Además, confirmó que se realizará un trabajo coordinado con diferentes instituciones de Gobierno para garantizar la seguridad en los centros de distribución, entre ellos la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.
Asimismo, se integrarán 100 especialistas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, 100 estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura y 50 extensionistas del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal; quienes brindarán asistencia técnica a los productores.
“Nosotros nos encargaremos de la asistencia para el buen manejo de los insumos; es una responsabilidad grande para el CENTA. En cada lugar que se entreguen los Paquetes Agrícolas deberá estar un extensionista que brinde el apoyo adecuado», añadió el director del CENTA, Edgardo Reyes.
El Ministro Parada aseguró que, con la mejora de los insumos que se darán también se elevará la cantidad de beneficiarios para garantizar la seguridad alimentaria.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
