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MAG firma convenio con alcaldías para beneficiar a productores sin distinción partidaria
El Ministro de Agricultura y Ganadería, Enrique Parada, firmó un convenio para facilitar la logística de distribución de los Paquetes Agrícolas que beneficiará a más de 400,000 productores de granos básicos durante el inicio del ciclo agrícola 2022-2023.
En un evento histórico, el funcionario, convocó por primera vez a los 262 jefes edilicios del país, para firmar el acuerdo.
“Por primera vez en la historia, todas estas instituciones trabajan por un fin en común, impulsar este programa para el bien de todos los salvadoreños; trabajando de manera eficiente y efectiva para nuestros agricultores”, explicó el Ministro Parada.
Y es que, el presente ciclo agrícola supone un cambio estructural en la entrega de insumos agrícolas a nuestros productores, porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería levantó un nuevo censo agropecuario con la inscripción en línea del Registro Único de Productores Agroalimentarios (RUPA
Este nuevo registro se actualiza después de 15 años, logrando depurar el padrón agropecuario y llevando los beneficios a los verdaderos productores.
Además, Enrique Parada, aseguró que este año el Gobierno apuesta por incrementar la producción nacional con una entrega descentralizada y novedosa. “Nuestro trabajo lo hacemos por vocación, por nuestro país; estamos convencidos de que este proyecto va por el camino correcto (…) Vamos a invertir para mejorar la producción. Este año nuestros productores recibirán más insumos”, afirmó.
Y añadió: “Sabemos que estamos enfrentando un momento de crisis mundial, y hemos trabajado incansablemente para impulsar medidas que nos ayuden a paliar la situación; esto también es parte de las medidas, para que consumamos lo que producimos”.
El MAG entregará semilla certificada resistente a plagas, abono, tratador de semilla y abono foliar; lo que significará una mejor germinación y floración para elevar la producción.
La distribución de Paquetes Agrícolas se realizará durante el presente mes, y se habilitarán 263 bodegas en todo el territorio nacional.
Además, confirmó que se realizará un trabajo coordinado con diferentes instituciones de Gobierno para garantizar la seguridad en los centros de distribución, entre ellos la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador.
Asimismo, se integrarán 100 especialistas del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, 100 estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura y 50 extensionistas del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal; quienes brindarán asistencia técnica a los productores.
“Nosotros nos encargaremos de la asistencia para el buen manejo de los insumos; es una responsabilidad grande para el CENTA. En cada lugar que se entreguen los Paquetes Agrícolas deberá estar un extensionista que brinde el apoyo adecuado», añadió el director del CENTA, Edgardo Reyes.
El Ministro Parada aseguró que, con la mejora de los insumos que se darán también se elevará la cantidad de beneficiarios para garantizar la seguridad alimentaria.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
