Judicial
La CSJ nombra a Juez Eduardo Tenorio, denunciado por actos de corrupción y acoso sexual, para resolver caso de empresario Enrique Rais
Este día una fuente cercana al Jefe de Comunicaciones del Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador: Ulises Marinero, informó a este medio que en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, se ha nombrado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al licenciado Jorge Eduardo Tenorio para que sustituya interinamente a la Jueza Titular: Violeta Edelmira Flores, en el desarrollo de la causa penal existente contra el empresario Enrique Rais y otros; delitos basados en las mismas escuchas telefónicas que los abogados del empresario han sostenido que son pruebas ilícitas, puesto que nunca contaron con autorización judicial, ni fue objeto de la investigación de la que supuestamente se derivaron tales audios.
El Juez Tenorio, sus abundantes señalamientos y denuncias ante FGR.
El Juez Tenorio ha estado a cargo recientemente del Juzgado 2º de Paz de Santa Tecla, aunque también ha integrado en distintos momentos el Tribunal de Sentencia siempre en Santa Tecla. A inicios de marzo de este año estuvo en el centro de la polémica cuando miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial -SITTOJ- efectuaron un cierre momentáneo del Centro Judicial de Santa Tecla, como medida de presión para hacerse escuchar ante los Magistrados de la CSJ, ante los graves y reiterados señalamientos de actos de corrupción, expresiones de violencia contra la mujer y acoso sexual a personal femenino en la judicatura bajo cargo del citado funcionario.
Óscar Antonio Pin, miembro del SITTOJ, dijo en aquella ocasión que “la CSJ ya tiene conocimiento de las actitudes del Juez Segundo de Paz (Tenorio), por lo que debería proceder a destituirlo” El 03 de marzo de 2020, se levantó un acta por parte de la Comisión de Seguimiento y Resolución de Contrato Colectivo del Sindicato, la cual se comprometió a certificar las denuncias por acoso sexual para presentarlas ante la Fiscalía.
Published on Nov 27, 2012
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La misma fuente sindical, recordó que el Juez Tenorio ha sido denunciado en múltiples ocasiones ante el Departamento de Investigación Judicial por actuaciones impropias, casos que han llegado hasta discusión de Corte Plena. Sin embargo parece estar muy bien apadrinado en la CSJ; y dejó entrever que la razón de su nombramiento en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, sería con dedicatoria de condenar al empresario, en vista que el caso que le imputan carece de prueba. En los pasillos judiciales, según la citada fuente es un secreto a voces que esos casos penales contra Enrique Rais, los montaron por orden del Ex Fiscal Douglas Meléndez, el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe Antilavado: Jorge Cortez; y que solamente se han ocultado todas las ilegaliddes cometidas porque existen fiscales que responden aún a instrucciones del Ex Fiscal Meléndez y no al actual titular de la institución.
Un caso fabricado por el Ex Jefe Ucco. Wil Walter Ruiz
De acuerdo al abogado Rafael Hernan Cortez, este caso que hoy pasa a conocimiento del Juez Tenoro, fue montado como “venganza” por el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía: Wil Walter Ruiz; quien a su vez es primo hermano del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez. El motivo de esta acción fue el resultado que el señor Enrique Rais interpusiera querella contra Wil Ruiz con el fin de comprobar que utilizó su cargo en la Fiscalía para montar casos contra personas específicas, quién sabe con qué oscuras intenciones. Y para ello se valió de toda la estructura de fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a su cargo, para fabricar casos penales contra el empresario. El que se ventila en el Juzgado 2º de Instrucción, según el citado abogado es una copia del caso que el Ex Fiscal Meléndez, presentó tendenciosamente como “Caso Rais Martínez”
Es tan burda copia, que además utilizan al mismo testigo que en realidad es un Testigo Criteriado, pero Fiscalía presenta como un “testigo sin interés”; cuyo criterio le fue otorgado por el Juez 8º de Instrucción: Mario Mira Montes, quien ocultó esa información a los procesados y sus defensores y hasta la fecha la sigue negando. Allá le llaman testigo clave “TROYA” y acá “GRECIA” y da una entrevista que en realidad es una “confesión de delitos” sin participación de defensor alguno, con 15 minutos de diferencia una de la otra; y sin embargo comete grandes errores ubicando situaciones de tiempo y personas, por tanto tiene cero credibidlidad, según el profesional del derecho.
La Jueza titular del Tribunal, Edelmira Violeta Flores, quien actualmente busca ser elegida Presidenta de la Corte de Cuentas de la República (Candidata No. 63 de la lista), pretendió vincular al empresario Enrique Rais, como parte de una organización de crimen organizado, para lo cual plagió una resolución del Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador, hecho que fue descubierto y denunciado por la defensa del empresario. El abogado Hernán Cortz, comenta que Corte Plena comprobó el plagio confirmó que el caso no era de crimen organizado, por lo cual la defensa de Enrique Rais, recusó a la Jueza Violeta Flores. “Ahora más bien parece, que en venganza colocan a un juez con denuncias claras de corrupción, para buscar condenar ilegalmente al Señor Rais.”
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
