Judicial
La CSJ nombra a Juez Eduardo Tenorio, denunciado por actos de corrupción y acoso sexual, para resolver caso de empresario Enrique Rais
Este día una fuente cercana al Jefe de Comunicaciones del Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador: Ulises Marinero, informó a este medio que en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, se ha nombrado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al licenciado Jorge Eduardo Tenorio para que sustituya interinamente a la Jueza Titular: Violeta Edelmira Flores, en el desarrollo de la causa penal existente contra el empresario Enrique Rais y otros; delitos basados en las mismas escuchas telefónicas que los abogados del empresario han sostenido que son pruebas ilícitas, puesto que nunca contaron con autorización judicial, ni fue objeto de la investigación de la que supuestamente se derivaron tales audios.
El Juez Tenorio, sus abundantes señalamientos y denuncias ante FGR.
El Juez Tenorio ha estado a cargo recientemente del Juzgado 2º de Paz de Santa Tecla, aunque también ha integrado en distintos momentos el Tribunal de Sentencia siempre en Santa Tecla. A inicios de marzo de este año estuvo en el centro de la polémica cuando miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial -SITTOJ- efectuaron un cierre momentáneo del Centro Judicial de Santa Tecla, como medida de presión para hacerse escuchar ante los Magistrados de la CSJ, ante los graves y reiterados señalamientos de actos de corrupción, expresiones de violencia contra la mujer y acoso sexual a personal femenino en la judicatura bajo cargo del citado funcionario.
Óscar Antonio Pin, miembro del SITTOJ, dijo en aquella ocasión que “la CSJ ya tiene conocimiento de las actitudes del Juez Segundo de Paz (Tenorio), por lo que debería proceder a destituirlo” El 03 de marzo de 2020, se levantó un acta por parte de la Comisión de Seguimiento y Resolución de Contrato Colectivo del Sindicato, la cual se comprometió a certificar las denuncias por acoso sexual para presentarlas ante la Fiscalía.
Published on Nov 27, 2012
Edición Digital de Diario El Mundo
La misma fuente sindical, recordó que el Juez Tenorio ha sido denunciado en múltiples ocasiones ante el Departamento de Investigación Judicial por actuaciones impropias, casos que han llegado hasta discusión de Corte Plena. Sin embargo parece estar muy bien apadrinado en la CSJ; y dejó entrever que la razón de su nombramiento en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, sería con dedicatoria de condenar al empresario, en vista que el caso que le imputan carece de prueba. En los pasillos judiciales, según la citada fuente es un secreto a voces que esos casos penales contra Enrique Rais, los montaron por orden del Ex Fiscal Douglas Meléndez, el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe Antilavado: Jorge Cortez; y que solamente se han ocultado todas las ilegaliddes cometidas porque existen fiscales que responden aún a instrucciones del Ex Fiscal Meléndez y no al actual titular de la institución.
Un caso fabricado por el Ex Jefe Ucco. Wil Walter Ruiz
De acuerdo al abogado Rafael Hernan Cortez, este caso que hoy pasa a conocimiento del Juez Tenoro, fue montado como “venganza” por el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía: Wil Walter Ruiz; quien a su vez es primo hermano del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez. El motivo de esta acción fue el resultado que el señor Enrique Rais interpusiera querella contra Wil Ruiz con el fin de comprobar que utilizó su cargo en la Fiscalía para montar casos contra personas específicas, quién sabe con qué oscuras intenciones. Y para ello se valió de toda la estructura de fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a su cargo, para fabricar casos penales contra el empresario. El que se ventila en el Juzgado 2º de Instrucción, según el citado abogado es una copia del caso que el Ex Fiscal Meléndez, presentó tendenciosamente como “Caso Rais Martínez”
Es tan burda copia, que además utilizan al mismo testigo que en realidad es un Testigo Criteriado, pero Fiscalía presenta como un “testigo sin interés”; cuyo criterio le fue otorgado por el Juez 8º de Instrucción: Mario Mira Montes, quien ocultó esa información a los procesados y sus defensores y hasta la fecha la sigue negando. Allá le llaman testigo clave “TROYA” y acá “GRECIA” y da una entrevista que en realidad es una “confesión de delitos” sin participación de defensor alguno, con 15 minutos de diferencia una de la otra; y sin embargo comete grandes errores ubicando situaciones de tiempo y personas, por tanto tiene cero credibidlidad, según el profesional del derecho.
La Jueza titular del Tribunal, Edelmira Violeta Flores, quien actualmente busca ser elegida Presidenta de la Corte de Cuentas de la República (Candidata No. 63 de la lista), pretendió vincular al empresario Enrique Rais, como parte de una organización de crimen organizado, para lo cual plagió una resolución del Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador, hecho que fue descubierto y denunciado por la defensa del empresario. El abogado Hernán Cortz, comenta que Corte Plena comprobó el plagio confirmó que el caso no era de crimen organizado, por lo cual la defensa de Enrique Rais, recusó a la Jueza Violeta Flores. “Ahora más bien parece, que en venganza colocan a un juez con denuncias claras de corrupción, para buscar condenar ilegalmente al Señor Rais.”
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
