Judicial
Juzgado instaló audiencia contra empleada de la PNC acusada de “limpiar” solvencias de antecedentes
Juzgado instaló audiencia contra empleada de la PNC acusada de “limpiar” solvencias de antecedentes
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador instaló el pasado el 10 de enero la audiencia preliminar contra los imputados Reina Isabel Acosta acusada de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material y contra el abogado Edgardo Antonio Molina Morales, por cohecho activo y estafa en modalidad concurso real en perjuicio de la administración pública y de una víctima con régimen de protección.
El juez Rigoberto Chicas programó para el 17 de enero la resolución.
También es acusado el comisionado Rolando Elías Julián Belloso, por tenencia, portación o conducción de armas de guerra en perjuicio de la paz pública, supuestamente le incautaron tres fusiles al parecer que tenía desde la época de la guerra.
Según las autoridades la primera imputada laboraba en el Departamento Jurídico de la Oficina de Solvencias de la PNC y que supuestamente cobraban dinero a cambio de limpiar los antecedentes penales de las solvencias.
La investigación surgió a raíz de denuncia de una víctima con régimen de protección quien relató que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle permanentemente los antecedentes.
De acuerdo a las indagaciones de las autoridades presuntamente dicha empleada policial viene cometiendo éste delito desde hace dos años, la forma en que operaba era que las personas que poseían antecedentes penales llegaban al lugar y les solicitaban se les borrasen, luego ella extendía las solvencias a cambio de recibir un pago económico de 300 dólares a 600 dólares.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
