Judicial
Juzgado instaló audiencia contra empleada de la PNC acusada de “limpiar” solvencias de antecedentes
Juzgado instaló audiencia contra empleada de la PNC acusada de “limpiar” solvencias de antecedentes
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador instaló el pasado el 10 de enero la audiencia preliminar contra los imputados Reina Isabel Acosta acusada de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material y contra el abogado Edgardo Antonio Molina Morales, por cohecho activo y estafa en modalidad concurso real en perjuicio de la administración pública y de una víctima con régimen de protección.
El juez Rigoberto Chicas programó para el 17 de enero la resolución.
También es acusado el comisionado Rolando Elías Julián Belloso, por tenencia, portación o conducción de armas de guerra en perjuicio de la paz pública, supuestamente le incautaron tres fusiles al parecer que tenía desde la época de la guerra.
Según las autoridades la primera imputada laboraba en el Departamento Jurídico de la Oficina de Solvencias de la PNC y que supuestamente cobraban dinero a cambio de limpiar los antecedentes penales de las solvencias.
La investigación surgió a raíz de denuncia de una víctima con régimen de protección quien relató que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle permanentemente los antecedentes.
De acuerdo a las indagaciones de las autoridades presuntamente dicha empleada policial viene cometiendo éste delito desde hace dos años, la forma en que operaba era que las personas que poseían antecedentes penales llegaban al lugar y les solicitaban se les borrasen, luego ella extendía las solvencias a cambio de recibir un pago económico de 300 dólares a 600 dólares.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
