Judicial
Juzgado instaló audiencia contra empleada de la PNC acusada de “limpiar” solvencias de antecedentes
Juzgado instaló audiencia contra empleada de la PNC acusada de “limpiar” solvencias de antecedentes
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador instaló el pasado el 10 de enero la audiencia preliminar contra los imputados Reina Isabel Acosta acusada de cohecho propio y falsedad documental agravada con la modalidad del delito de falsedad material y contra el abogado Edgardo Antonio Molina Morales, por cohecho activo y estafa en modalidad concurso real en perjuicio de la administración pública y de una víctima con régimen de protección.
El juez Rigoberto Chicas programó para el 17 de enero la resolución.
También es acusado el comisionado Rolando Elías Julián Belloso, por tenencia, portación o conducción de armas de guerra en perjuicio de la paz pública, supuestamente le incautaron tres fusiles al parecer que tenía desde la época de la guerra.
Según las autoridades la primera imputada laboraba en el Departamento Jurídico de la Oficina de Solvencias de la PNC y que supuestamente cobraban dinero a cambio de limpiar los antecedentes penales de las solvencias.
La investigación surgió a raíz de denuncia de una víctima con régimen de protección quien relató que en noviembre del año 2016 sacó una solvencia de antecedentes penales en la cual le aparecía un delito el cual ya había cumplido la pena. Por tal motivo el 15 de noviembre de ese año presuntamente se contactó con el abogado Molina quien le cobró 600 dólares para borrarle permanentemente los antecedentes.
De acuerdo a las indagaciones de las autoridades presuntamente dicha empleada policial viene cometiendo éste delito desde hace dos años, la forma en que operaba era que las personas que poseían antecedentes penales llegaban al lugar y les solicitaban se les borrasen, luego ella extendía las solvencias a cambio de recibir un pago económico de 300 dólares a 600 dólares.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
