Judicial
Vamos a recuperar el dinero donando por Taiwán, señaló el fiscal general Melara
El fiscal general, Raúl Melara, confirmó que el dinero donado por Taiwán al gobierno del expresidente, Francisco Flores Pérez, va a ser recuperado para luego ser ingresado a las arcas del Estado.
Las declaraciones de Melara surgen luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador exonerara a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, como también a los empresarios Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite, acusados por el delito de lavado de dinero, por supuestamente estar implicados en el manejo de los 10 millones de dólares donados por Taiwán y que al final fueron a parar a las arcas del partido ARENA.
Al ser consultado si apelaran a la resolución de la Cámara, Raúl Melara expresó que recién están conociendo al respecto y que van a estudiar la sentencia.
“Al margen de lo que se diga en la sentencia y si recurrimos o no, hay un mensaje que tenemos que dejar muy claro, que vamos a recuperar ese dinero”, afirmó.
La resolución de la Cámara se centra a que en la fecha en que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la persecución penal, ya se había cumplido el tiempo de prescripción de los 10 años, que están regulados en el Código Procesal Penal de 1998, es decir, del Código derogado.
Como consecuencia de los recursos presentados por la FGR, la Cámara emitió su contestación afirmando que la juez Segundo de Paz había decidido correctamente al aplicar los 15 años para el cálculo de la prescripción establecidos por el Código Procesal Penal vigente y que dicha normativa expone que en los procesos que se inician con posterioridad a su entrada en vigencia se aplicarán las reglas de ese código, sin importar la fecha en la que se cometió el delito.
La Cámara aclara, que la fecha en que la Fiscalía afirma que se consumó el delito de lavado de dinero y activos, fue el 30 de abril del 2004, pero que la fecha en la que inició la persecución penal fue el 1 de marzo del 2019, es decir, catorce años y once meses después de cometido el hecho, pese a que la FGR tenía conocimiento del supuesto delito desde el 21 de enero del 2014, con relación a la emisión del último cheque.
Por este motivo, la Cámara conoció del motivo relacionado anteriormente y consiente de la excepción de extinción de la acción por prescripción, por lo que resuelven el revocar la decisión del Juzgado Segundo de Paz, por lo que procedió al sobreseimiento definitivo de la responsabilidad penal a favor de los imputados Elías Antonio Saca González, Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite.
La Cámara también advierte que la responsabilidad no es de la actual administración, sino de la que tuvo conocimiento en su debido momento. Sin embargo, la Fiscalía General de la República puede seguir un proceso civil.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 17 años de cárcel a Josué Eduardo Platero Mina, acusado de asesinar a su pareja, José Antonio Hernández Paz, en medio de una discusión por supuestas infidelidades.
El crimen ocurrió a inicios de enero de 2024 en el cantón El Matazano, distrito de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Platero Mina, quien tenía 20 años al momento de los hechos, atacó a la víctima con golpes y un arma blanca, según determinó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades señalaron que la noche del 31 de diciembre de 2023, Platero Mina llegó a la vivienda de Hernández Paz alrededor de las 11:00 p. m., pero se retiró sin previo aviso. Luego, Hernández Paz le comunicó que llegaría a su casa más tarde. Testigos afirmaron que ambos discutieron en al menos dos ocasiones antes del homicidio.
Según la FGR, Platero Mina golpeó e hirió con arma blanca a Hernández Paz y posteriormente arrojó su cuerpo cerca de la quebrada conocida como cuesta Los Conacastes, en el mismo cantón. El cadáver fue localizado el 2 de enero por un ciudadano que recolectaba leña en la zona.
Tras ser identificado como principal sospechoso, Platero Mina fue detenido por el delito de resistencia, mientras las investigaciones continuaban. Durante un registro en su vivienda, las autoridades encontraron en una fosa séptica el teléfono, la cartera y los documentos personales de la víctima, además del arma utilizada en el crimen.
Con base en estas evidencias, la Fiscalía formalizó la acusación por homicidio simple. El tribunal validó los elementos presentados y emitió la condena contra el imputado.
Judicial
Motorista que condujo en sentido contrario y amenazó con un corvo es condenado a trabajo comunitario
Hugo Antonio Flores Rivas, motorista de la ruta 106, fue condenado a un año de prisión por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores, luego de ser captado en video manejando en sentido contrario sobre una carretera en el departamento de La Libertad Oeste.
El hecho ocurrió el pasado 27 de abril en la vía que conduce hacia Quezaltepeque. En las imágenes que circularon en redes sociales, se observa a Flores Rivas conduciendo de forma temeraria. Al notar que estaba siendo grabado, el imputado sacó un arma blanca tipo corvo y amenazó al ciudadano que lo filmaba.
Tras la difusión del video, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal ante el tribunal correspondiente. Durante la audiencia preliminar, el procesado aceptó los hechos y se sometió a un procedimiento abreviado, lo que permitió al juez imponer una pena alternativa.
En lugar de cumplir el año de cárcel, la pena fue sustituida por trabajo de utilidad pública, medida contemplada en la legislación salvadoreña para ciertos delitos y bajo condiciones específicas. Las autoridades no precisaron en qué consistirán las labores comunitarias que deberá realizar el condenado.
