Judicial
Vamos a recuperar el dinero donando por Taiwán, señaló el fiscal general Melara
El fiscal general, Raúl Melara, confirmó que el dinero donado por Taiwán al gobierno del expresidente, Francisco Flores Pérez, va a ser recuperado para luego ser ingresado a las arcas del Estado.
Las declaraciones de Melara surgen luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador exonerara a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, como también a los empresarios Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite, acusados por el delito de lavado de dinero, por supuestamente estar implicados en el manejo de los 10 millones de dólares donados por Taiwán y que al final fueron a parar a las arcas del partido ARENA.
Al ser consultado si apelaran a la resolución de la Cámara, Raúl Melara expresó que recién están conociendo al respecto y que van a estudiar la sentencia.
“Al margen de lo que se diga en la sentencia y si recurrimos o no, hay un mensaje que tenemos que dejar muy claro, que vamos a recuperar ese dinero”, afirmó.
La resolución de la Cámara se centra a que en la fecha en que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la persecución penal, ya se había cumplido el tiempo de prescripción de los 10 años, que están regulados en el Código Procesal Penal de 1998, es decir, del Código derogado.
Como consecuencia de los recursos presentados por la FGR, la Cámara emitió su contestación afirmando que la juez Segundo de Paz había decidido correctamente al aplicar los 15 años para el cálculo de la prescripción establecidos por el Código Procesal Penal vigente y que dicha normativa expone que en los procesos que se inician con posterioridad a su entrada en vigencia se aplicarán las reglas de ese código, sin importar la fecha en la que se cometió el delito.
La Cámara aclara, que la fecha en que la Fiscalía afirma que se consumó el delito de lavado de dinero y activos, fue el 30 de abril del 2004, pero que la fecha en la que inició la persecución penal fue el 1 de marzo del 2019, es decir, catorce años y once meses después de cometido el hecho, pese a que la FGR tenía conocimiento del supuesto delito desde el 21 de enero del 2014, con relación a la emisión del último cheque.
Por este motivo, la Cámara conoció del motivo relacionado anteriormente y consiente de la excepción de extinción de la acción por prescripción, por lo que resuelven el revocar la decisión del Juzgado Segundo de Paz, por lo que procedió al sobreseimiento definitivo de la responsabilidad penal a favor de los imputados Elías Antonio Saca González, Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite.
La Cámara también advierte que la responsabilidad no es de la actual administración, sino de la que tuvo conocimiento en su debido momento. Sin embargo, la Fiscalía General de la República puede seguir un proceso civil.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
