El fiscal general, Raúl Melara, confirmó que el dinero donado por Taiwán al gobierno del expresidente, Francisco Flores Pérez, va a ser recuperado para luego ser ingresado a las arcas del Estado.

Las declaraciones de Melara surgen luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador exonerara a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, como también a los empresarios Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite, acusados por el delito de lavado de dinero, por supuestamente estar implicados en el manejo de los 10 millones de dólares donados por Taiwán y que al final fueron a parar a las arcas del partido ARENA.

Al ser consultado si apelaran a la resolución de la Cámara, Raúl Melara expresó que recién están conociendo al respecto y que van a estudiar la sentencia.

“Al margen de lo que se diga en la sentencia y si recurrimos o no, hay un mensaje que tenemos que dejar muy claro, que vamos a recuperar ese dinero”, afirmó.

La resolución de la Cámara se centra a que en la fecha en que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la persecución penal, ya se había cumplido el tiempo de prescripción de los 10 años, que están regulados en el Código Procesal Penal de 1998, es decir, del Código derogado.

Como consecuencia de los recursos presentados por la FGR, la Cámara emitió su contestación afirmando que la juez Segundo de Paz había decidido correctamente al aplicar los 15 años para el cálculo de la prescripción establecidos por el Código Procesal Penal vigente y que dicha normativa expone que en los procesos que se inician con posterioridad a su entrada en vigencia se aplicarán las reglas de ese código, sin importar la fecha en la que se cometió el delito.

La Cámara aclara, que la fecha en que la Fiscalía afirma que se consumó el delito de lavado de dinero y activos, fue el 30 de abril del 2004, pero que la fecha en la que inició la persecución penal fue el 1 de marzo del 2019, es decir, catorce años y once meses después de cometido el hecho, pese a que la FGR tenía conocimiento del supuesto delito desde el 21 de enero del 2014, con relación a la emisión del último cheque.

Por este motivo, la Cámara conoció del motivo relacionado anteriormente y consiente de la excepción de extinción de la acción por prescripción, por lo que resuelven el revocar la decisión del Juzgado Segundo de Paz, por lo que procedió al sobreseimiento definitivo de la responsabilidad penal a favor de los imputados Elías Antonio Saca González, Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite.

La Cámara también advierte que la responsabilidad no es de la actual administración, sino de la que tuvo conocimiento en su debido momento. Sin embargo, la Fiscalía General de la República puede seguir un proceso civil.