Judicial
Vamos a recuperar el dinero donando por Taiwán, señaló el fiscal general Melara
El fiscal general, Raúl Melara, confirmó que el dinero donado por Taiwán al gobierno del expresidente, Francisco Flores Pérez, va a ser recuperado para luego ser ingresado a las arcas del Estado.
Las declaraciones de Melara surgen luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador exonerara a los expresidentes Francisco Flores y Elías Antonio Saca, como también a los empresarios Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite, acusados por el delito de lavado de dinero, por supuestamente estar implicados en el manejo de los 10 millones de dólares donados por Taiwán y que al final fueron a parar a las arcas del partido ARENA.
Al ser consultado si apelaran a la resolución de la Cámara, Raúl Melara expresó que recién están conociendo al respecto y que van a estudiar la sentencia.
“Al margen de lo que se diga en la sentencia y si recurrimos o no, hay un mensaje que tenemos que dejar muy claro, que vamos a recuperar ese dinero”, afirmó.
La resolución de la Cámara se centra a que en la fecha en que la Fiscalía General de la República (FGR) inició la persecución penal, ya se había cumplido el tiempo de prescripción de los 10 años, que están regulados en el Código Procesal Penal de 1998, es decir, del Código derogado.
Como consecuencia de los recursos presentados por la FGR, la Cámara emitió su contestación afirmando que la juez Segundo de Paz había decidido correctamente al aplicar los 15 años para el cálculo de la prescripción establecidos por el Código Procesal Penal vigente y que dicha normativa expone que en los procesos que se inician con posterioridad a su entrada en vigencia se aplicarán las reglas de ese código, sin importar la fecha en la que se cometió el delito.
La Cámara aclara, que la fecha en que la Fiscalía afirma que se consumó el delito de lavado de dinero y activos, fue el 30 de abril del 2004, pero que la fecha en la que inició la persecución penal fue el 1 de marzo del 2019, es decir, catorce años y once meses después de cometido el hecho, pese a que la FGR tenía conocimiento del supuesto delito desde el 21 de enero del 2014, con relación a la emisión del último cheque.
Por este motivo, la Cámara conoció del motivo relacionado anteriormente y consiente de la excepción de extinción de la acción por prescripción, por lo que resuelven el revocar la decisión del Juzgado Segundo de Paz, por lo que procedió al sobreseimiento definitivo de la responsabilidad penal a favor de los imputados Elías Antonio Saca González, Juan Tennant Wrigth Castro y Gerardo Antonio Balzaretti Krite.
La Cámara también advierte que la responsabilidad no es de la actual administración, sino de la que tuvo conocimiento en su debido momento. Sin embargo, la Fiscalía General de la República puede seguir un proceso civil.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
