Judicial
Traficantes de personas son condenados hasta por 54 años de prisión

La unidad especializada de delitos de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República logró condenar a tres miembros de una red dedicada al Tráfico Ilegal de Personas.
Las condenas impuestas y los imputados, conocidos popularmente como “Coyotes” son: Henry Edgardo Ávalos, condenado a 54 años de prisión por el delito de Tráfico Ilegal de Personas en perjuicio de 22 víctimas. José Joel González Martínez sentenciado a 24 años de cárcel. José Héctor Bonilla a 10 años.
Las investigaciones de la Fiscalía lograron establecer que los imputados son parte de una red de traficantes de personas que operaban en la zona central y occidental del país, quienes trasladaban a las víctimas por puntos ciegos en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, hacia Guatemala y posteriormente a México y Los Estados Unidos.
En la indagación se ha determinado además, que el líder de la organización criminal es Henry Edgardo Ávalos, quién reside en San Francisco Menéndez.
Los implicados ofrecían los viajes ilegales a las víctimas, por el que cobraban miles de dólares e incluso, aceptaban inmuebles, vehículos particulares y terrenos.
El tribunal de sentencia especializado de Santa Ana validó toda la investigación realizada por las fiscales del caso, dónde destacan las pericias técnicas que lograron ubicar a los sentenciados en lugares y fechas específicas, en dónde y cuándo habrían cometido los hechos.

Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán

El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Judicial
Pastor evangélico es condenado por agresión sexual a menor en La Libertad

Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
Judicial
Acabó con la vida de su bebé recién nacida y recibió 30 años de prisión

La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.