Judicial
Traficantes de personas son condenados hasta por 54 años de prisión
La unidad especializada de delitos de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República logró condenar a tres miembros de una red dedicada al Tráfico Ilegal de Personas.
Las condenas impuestas y los imputados, conocidos popularmente como “Coyotes” son: Henry Edgardo Ávalos, condenado a 54 años de prisión por el delito de Tráfico Ilegal de Personas en perjuicio de 22 víctimas. José Joel González Martínez sentenciado a 24 años de cárcel. José Héctor Bonilla a 10 años.
Las investigaciones de la Fiscalía lograron establecer que los imputados son parte de una red de traficantes de personas que operaban en la zona central y occidental del país, quienes trasladaban a las víctimas por puntos ciegos en el municipio de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán, hacia Guatemala y posteriormente a México y Los Estados Unidos.
En la indagación se ha determinado además, que el líder de la organización criminal es Henry Edgardo Ávalos, quién reside en San Francisco Menéndez.
Los implicados ofrecían los viajes ilegales a las víctimas, por el que cobraban miles de dólares e incluso, aceptaban inmuebles, vehículos particulares y terrenos.
El tribunal de sentencia especializado de Santa Ana validó toda la investigación realizada por las fiscales del caso, dónde destacan las pericias técnicas que lograron ubicar a los sentenciados en lugares y fechas específicas, en dónde y cuándo habrían cometido los hechos.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
