Judicial
Sujetos reciben dura condena tras ser encontrado culpable por estos delitos
Cuatro miembros de la MS-13, fueron condenados a diferentes penas de prisión por los delitos de privación de libertad y limitación ilegal a la libertad de circulación.
Los condenados fueron identificados como: Brayan Fabricio Rivera Escoto, condenado a ocho años de prisión por el delito de robo agravado, tres años más por el delito de privación de libertad y seis años por el delito de la imitación ilegal a la libertad de circulación, siendo en total 17 años de prisión.
Por su parte, Eckerson Aldair Gómez Hernández, a quien se le impuso la pena de ocho años de prisión por el delito de robo agravado, tres años por el delito de privación de libertad y seis por el delito de limitación Ilegal a la libertad de circulación, siendo un total de 17 años de cárcel.
En el caso de María del Carmen Segura y Wendy Yamileth Segura, fueron condenadas a la pena de tres años de prisión por el delito de privación de libertad y seis años por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, lo que hace un total de nueve años de prisión.
Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que los hechos habían sucedido en el año 2018, en calle principal de la colonia Veracruz, del municipio de Cuscatancingo, cuando la víctima fue abordada por los sujetos, ahora condenados, y que operaban en el sector, fue privado de libertad, le sustrajeron sus pertenencias.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador aceptó toda la prueba presentada por los fiscales del caso y decidió condenarles por cada delito acusado.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
