Judicial
Según la FGR, expresidente de Arena tuvo en su poder 23,306 armas de uso de la Fuerza Armada, valoradas en más de 3 millones de dólares
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, tuvo en su poder 23,306 armas de uso privativo de la Fuerza Armada valoradas en $3,277,097.28.
Esta es la razón por la que Davidson fue detenido, debido a que canjeó armas en buen estado por otros activos de forma ilegal con la complicidad de los ex ministros de Defensa del FMLN, David Munguía Payés y José Atilio Benítez.
La Fiscalía además, reportó en su investigación que CENTRUM, la empresa mediante la cual Davidson realizó la permuta ilegal, obtuvo: 4,593 ametralladoras FMK-3; 83 ametralladoras UZI; 700 MP5; 32 Steyer; más de 16,000 fusiles G-3; entre otros.
Aparte de estas armas, Davidson saqueó de la Fuerza Armada más de 2 millones de cartuchos y más de 9 mil repuestos de armas en buen estado.
Los fiscales acreditaron en el requerimiento fiscal que el Ministerio de Hacienda de ese entonces, que era dirigido por el ex ministro, Carlos Cáceres; autorizó la permuta por 14,930 armas valoradas más de $2 millones. Sin embargo, CENTRUM y los generales ahora detenidos fueron más allá y realizaron el canje por más de $3 millones.
Según la Fiscalía, la permuta ilegal partió de un informe denominado Informe de Reevaluación de Material de Guerra clase V y clase VII.
“Respecto de las armas nuevas y armas usadas no existió recomendación que las mismas fueran permutadas“, establece la Fiscalía en su investigación.
Los fiscales también señalan que las armas que recibió Davidson tenían sobreprecios, respecto a su verdadero valor en el mercado.
En la investigación fiscal consta que Munguía Payés y Atilio Benítez autorizaron prórrogas, modificaciones y otros actos ilegales, como por ejemplo, admitieron que una empresa se retirara de la permuta cuando esta ya había sido seleccionada para acompañar a CENTRUM y le mostraron las armas a esta empresa el mismo día que enviaron la invitación de la licitación a otras, lo cual demuestra la clara ventaja de Davidson en el proceso. Además, negociaron en el intermedio de la permuta la compra de otras armas nuevas y viajes a Israel.
Miembros de la Fuerza Armada entrevistados por la Fiscalía señalaron que si bien CENTRUM entregó Obuses y otras armas de grueso calibre en la permuta, nunca les dejaron utilizarlas para probarlas, ni adiestraron al personal, al punto que les prohibieron utilizar municiones que fueran compradas en CENTRUM debido a que el arma podía perder la garantía.
La Fiscalía no establece en su investigación el paradero de las armas, sin embargo, fuentes vinculadas al Caso Jaque, en el que se enjuició a los máximos líderes de la MS13, señalaron que existieron coincidencias entre los perfiles de las armas que saqueó Davidson y las que la pandilla negoció con el Cartel de Sinaloa en años anteriores.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
