Judicial
Según la FGR, expresidente de Arena tuvo en su poder 23,306 armas de uso de la Fuerza Armada, valoradas en más de 3 millones de dólares
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, tuvo en su poder 23,306 armas de uso privativo de la Fuerza Armada valoradas en $3,277,097.28.
Esta es la razón por la que Davidson fue detenido, debido a que canjeó armas en buen estado por otros activos de forma ilegal con la complicidad de los ex ministros de Defensa del FMLN, David Munguía Payés y José Atilio Benítez.
La Fiscalía además, reportó en su investigación que CENTRUM, la empresa mediante la cual Davidson realizó la permuta ilegal, obtuvo: 4,593 ametralladoras FMK-3; 83 ametralladoras UZI; 700 MP5; 32 Steyer; más de 16,000 fusiles G-3; entre otros.
Aparte de estas armas, Davidson saqueó de la Fuerza Armada más de 2 millones de cartuchos y más de 9 mil repuestos de armas en buen estado.
Los fiscales acreditaron en el requerimiento fiscal que el Ministerio de Hacienda de ese entonces, que era dirigido por el ex ministro, Carlos Cáceres; autorizó la permuta por 14,930 armas valoradas más de $2 millones. Sin embargo, CENTRUM y los generales ahora detenidos fueron más allá y realizaron el canje por más de $3 millones.
Según la Fiscalía, la permuta ilegal partió de un informe denominado Informe de Reevaluación de Material de Guerra clase V y clase VII.
“Respecto de las armas nuevas y armas usadas no existió recomendación que las mismas fueran permutadas“, establece la Fiscalía en su investigación.
Los fiscales también señalan que las armas que recibió Davidson tenían sobreprecios, respecto a su verdadero valor en el mercado.
En la investigación fiscal consta que Munguía Payés y Atilio Benítez autorizaron prórrogas, modificaciones y otros actos ilegales, como por ejemplo, admitieron que una empresa se retirara de la permuta cuando esta ya había sido seleccionada para acompañar a CENTRUM y le mostraron las armas a esta empresa el mismo día que enviaron la invitación de la licitación a otras, lo cual demuestra la clara ventaja de Davidson en el proceso. Además, negociaron en el intermedio de la permuta la compra de otras armas nuevas y viajes a Israel.
Miembros de la Fuerza Armada entrevistados por la Fiscalía señalaron que si bien CENTRUM entregó Obuses y otras armas de grueso calibre en la permuta, nunca les dejaron utilizarlas para probarlas, ni adiestraron al personal, al punto que les prohibieron utilizar municiones que fueran compradas en CENTRUM debido a que el arma podía perder la garantía.
La Fiscalía no establece en su investigación el paradero de las armas, sin embargo, fuentes vinculadas al Caso Jaque, en el que se enjuició a los máximos líderes de la MS13, señalaron que existieron coincidencias entre los perfiles de las armas que saqueó Davidson y las que la pandilla negoció con el Cartel de Sinaloa en años anteriores.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
