Judicial
Según la FGR, expresidente de Arena tuvo en su poder 23,306 armas de uso de la Fuerza Armada, valoradas en más de 3 millones de dólares
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, tuvo en su poder 23,306 armas de uso privativo de la Fuerza Armada valoradas en $3,277,097.28.
Esta es la razón por la que Davidson fue detenido, debido a que canjeó armas en buen estado por otros activos de forma ilegal con la complicidad de los ex ministros de Defensa del FMLN, David Munguía Payés y José Atilio Benítez.
La Fiscalía además, reportó en su investigación que CENTRUM, la empresa mediante la cual Davidson realizó la permuta ilegal, obtuvo: 4,593 ametralladoras FMK-3; 83 ametralladoras UZI; 700 MP5; 32 Steyer; más de 16,000 fusiles G-3; entre otros.
Aparte de estas armas, Davidson saqueó de la Fuerza Armada más de 2 millones de cartuchos y más de 9 mil repuestos de armas en buen estado.
Los fiscales acreditaron en el requerimiento fiscal que el Ministerio de Hacienda de ese entonces, que era dirigido por el ex ministro, Carlos Cáceres; autorizó la permuta por 14,930 armas valoradas más de $2 millones. Sin embargo, CENTRUM y los generales ahora detenidos fueron más allá y realizaron el canje por más de $3 millones.
Según la Fiscalía, la permuta ilegal partió de un informe denominado Informe de Reevaluación de Material de Guerra clase V y clase VII.
“Respecto de las armas nuevas y armas usadas no existió recomendación que las mismas fueran permutadas“, establece la Fiscalía en su investigación.
Los fiscales también señalan que las armas que recibió Davidson tenían sobreprecios, respecto a su verdadero valor en el mercado.
En la investigación fiscal consta que Munguía Payés y Atilio Benítez autorizaron prórrogas, modificaciones y otros actos ilegales, como por ejemplo, admitieron que una empresa se retirara de la permuta cuando esta ya había sido seleccionada para acompañar a CENTRUM y le mostraron las armas a esta empresa el mismo día que enviaron la invitación de la licitación a otras, lo cual demuestra la clara ventaja de Davidson en el proceso. Además, negociaron en el intermedio de la permuta la compra de otras armas nuevas y viajes a Israel.
Miembros de la Fuerza Armada entrevistados por la Fiscalía señalaron que si bien CENTRUM entregó Obuses y otras armas de grueso calibre en la permuta, nunca les dejaron utilizarlas para probarlas, ni adiestraron al personal, al punto que les prohibieron utilizar municiones que fueran compradas en CENTRUM debido a que el arma podía perder la garantía.
La Fiscalía no establece en su investigación el paradero de las armas, sin embargo, fuentes vinculadas al Caso Jaque, en el que se enjuició a los máximos líderes de la MS13, señalaron que existieron coincidencias entre los perfiles de las armas que saqueó Davidson y las que la pandilla negoció con el Cartel de Sinaloa en años anteriores.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
