Judicial
Roberto d´Aubuisson de nuevo ante la justicia por despedir a trabajadores para crear Teclaseo

El alcalde de Santa Tecla, Roberto d ´Aubuisson, enfrentará de nuevo este miércoles a la justicia ahora para responder por el despido injustificado y retenciones de cuotas laborales contra trabajadores de la comuna tecleña.
d ´Aubuisson deberá presentarse a la 8:00am en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla ante el llamado de la jueza Primero de lo Contencioso Administrativo, quien lleva el caso, denunció el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT).
Según SITRAMSAT, la administración del edil tecleño ha estado empañada por una constante violación a los derechos de los trabajadores quienes no han contado con el apoyo de la Fiscalía ni mucho menos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
En junio pasado, una cámara superior ordenó el reinstalo inmediato de 154 trabajadores del departamento de Recolección de Desechos Sólidos despedidos en julio del 2018 y muchos de ellos con más de 20 años de laborar en la comuna.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha denunciado constantemente en su cuenta de Twitter las violaciones del edil tecleño para proteger los derechos de los trabajadores.
El ministro también ha denunciado similares acciones de parte del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y ha exigido la detención del edil capitalino por violar a placer los derechos de los trabajadores.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.