Judicial
Procuradora de PDDH Raquel Caballero es demandada penalmente por Abogados de Enrique Rais por arbitrariedades contra el empresario
Los abogados del empresario Enrique Rais entablarán una demanda penal contra Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, luego que la misma Fiscalía General de la República y el Juez 8° de Instrucción de San Salvador, confirmaron que no hubo autorización por parte del Tribunal para que la FGR interviniera el teléfono del empresario.
«Se estaría demostrando que los fiscales del caso, habrían incurrido en presuntos delitos de falsedad y fraude procesal, al tratar de vincular al caso al señor Rais, por medio de llamadas que no constan en la intervención» según expresó Rafael Hernán Cortez, abogado de Rais
La fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, reconoció durante el proceso judicial, que el número telefónico que utilizaron para justificar las llamadas, que supuestamente fueron entre su abogado y el señor Rais, no le pertenecía al empresario, por lo que la fiscal, en un intento desesperado de justificarse, manifestó en su escrito, que se trató de un error. Con esa falsedad, el Magistrado Carlos Sánchez Escobar, candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional, engañado por los fiscales ordenó la orden de captura.
De igual manera, el abogado manifestó que la procuradora, perjudicó a su cliente, pues de haber cumplido con su deber de, fiscalizar la actividad del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, desde hace dos años se habría demostrado la ilegalidad del proceso penal, según explicó el abogado.
Los abogados del empresario destacaron además, que «el Art. 33 de la Ley Especial, comúnmente llamada Ley LEIT, le ordena cuando hay solicitud expresa, la cual fue solicitada el día 12 de octubre de 2016, por medio de una denuncia específica sobre el expediente de intervención 8-DIT-2014, en el cual se vinculaba falsamente al señor Rais».
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
