Judicial
Procuradora de PDDH Raquel Caballero es demandada penalmente por Abogados de Enrique Rais por arbitrariedades contra el empresario
Los abogados del empresario Enrique Rais entablarán una demanda penal contra Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, luego que la misma Fiscalía General de la República y el Juez 8° de Instrucción de San Salvador, confirmaron que no hubo autorización por parte del Tribunal para que la FGR interviniera el teléfono del empresario.
«Se estaría demostrando que los fiscales del caso, habrían incurrido en presuntos delitos de falsedad y fraude procesal, al tratar de vincular al caso al señor Rais, por medio de llamadas que no constan en la intervención» según expresó Rafael Hernán Cortez, abogado de Rais
La fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, reconoció durante el proceso judicial, que el número telefónico que utilizaron para justificar las llamadas, que supuestamente fueron entre su abogado y el señor Rais, no le pertenecía al empresario, por lo que la fiscal, en un intento desesperado de justificarse, manifestó en su escrito, que se trató de un error. Con esa falsedad, el Magistrado Carlos Sánchez Escobar, candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional, engañado por los fiscales ordenó la orden de captura.
De igual manera, el abogado manifestó que la procuradora, perjudicó a su cliente, pues de haber cumplido con su deber de, fiscalizar la actividad del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, desde hace dos años se habría demostrado la ilegalidad del proceso penal, según explicó el abogado.
Los abogados del empresario destacaron además, que «el Art. 33 de la Ley Especial, comúnmente llamada Ley LEIT, le ordena cuando hay solicitud expresa, la cual fue solicitada el día 12 de octubre de 2016, por medio de una denuncia específica sobre el expediente de intervención 8-DIT-2014, en el cual se vinculaba falsamente al señor Rais».
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
