Judicial
Procuradora de PDDH Raquel Caballero es demandada penalmente por Abogados de Enrique Rais por arbitrariedades contra el empresario
Los abogados del empresario Enrique Rais entablarán una demanda penal contra Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, luego que la misma Fiscalía General de la República y el Juez 8° de Instrucción de San Salvador, confirmaron que no hubo autorización por parte del Tribunal para que la FGR interviniera el teléfono del empresario.
«Se estaría demostrando que los fiscales del caso, habrían incurrido en presuntos delitos de falsedad y fraude procesal, al tratar de vincular al caso al señor Rais, por medio de llamadas que no constan en la intervención» según expresó Rafael Hernán Cortez, abogado de Rais
La fiscal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, reconoció durante el proceso judicial, que el número telefónico que utilizaron para justificar las llamadas, que supuestamente fueron entre su abogado y el señor Rais, no le pertenecía al empresario, por lo que la fiscal, en un intento desesperado de justificarse, manifestó en su escrito, que se trató de un error. Con esa falsedad, el Magistrado Carlos Sánchez Escobar, candidato a magistrado de la Sala de lo Constitucional, engañado por los fiscales ordenó la orden de captura.
De igual manera, el abogado manifestó que la procuradora, perjudicó a su cliente, pues de haber cumplido con su deber de, fiscalizar la actividad del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, desde hace dos años se habría demostrado la ilegalidad del proceso penal, según explicó el abogado.
Los abogados del empresario destacaron además, que «el Art. 33 de la Ley Especial, comúnmente llamada Ley LEIT, le ordena cuando hay solicitud expresa, la cual fue solicitada el día 12 de octubre de 2016, por medio de una denuncia específica sobre el expediente de intervención 8-DIT-2014, en el cual se vinculaba falsamente al señor Rais».
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
