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Judicial

Presentan nueva denuncia penal contra exfiscal Douglas Meléndez

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Por el delito de omisión en la investigación previsto en el artículo 311 del Código Penal, los abogados del empresario Enrique Rais denunciaron al exfiscal general, Douglas Meléndez, consistiendo los hechos en que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió sus obligaciones constitucionales de investigar los delitos denunciados y ejercer la respectiva acción penal en contra de las autoridades que en su momento ostentaron el cargo de Presidentes del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), particularmente José Guillermo Funes Araujo (ya fallecido) y Nora Mercedes Miranda de López, como también el designado como Interventor del Ingenio “El Carmen”, Óscar Girón Ulloa.

Sobre los hechos, de acuerdo a los abogados, se remontan al año 2001, cuando el entonces Jefe Fiscal de la recién creada Unidad Anticorrupción, Douglas Meléndez, juntamente con su compañero de fórmula, Diego Balmore Escobar, criminalizaron un contrato mercantil para acusar a Enrique Rais sobre un presunto desfalco contra el BFA, que al final se demostró era una acusación ilegal, por la cual Rais fue sobreseido definitivamente. No obstante, mientras existieron las acusaciones penales en su contra, el BFA sin fundamento legal o contractual cortó los créditos al Ingenio “El Carmen” propiedad de Rais, a pesar que todos los pagos estaban al día; y más grave aún nombraron un interventor que utilizó el capital de trabajo, para pagar créditos cuyo vencimiento era posterior, lo que significó la quiebra técnica del negocio.

Frente a las acciones ilegales de las autoridades del BFA que fueron calificadas como Administración Fraudulenta, Daños, Apropiación o Retención Indebida y Actos Arbitrarios, se interpuso en mayo de 2013 una denuncia penal, la que al momento de convertirse Douglas Meléndez en titular de la FGR, giró instrucciones para que la “engavetaran” y de esa manera prescribieran los delitos señalados, todo para seguir perjudicando al empresario.

 El delito de omisión en la investigación, tiene una pena de prisión máxima de hasta 5 años, lo cual suma a todos los señalamientos sobre actuaciones ilegales cometidas por el exfiscal general, Douglas Meléndez y otros exfiscales que bajo sus órdenes también realizaron actuaciones arbitrarias e ilegales como coaccionar a testigos y acusados para obtener confesiones sin su plena voluntad y utilizarlas en contra de Enrique Rais.

Judicial

Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año

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Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República ha logrado condenar a 1,090 personas por los delitos de violación y agresión sexual a menores de edad, superando ya las cifras de todo 2024 (1,077) y 2023 (875).

Según los datos oficiales, las condenas mensuales fueron: 117 en enero, 134 en febrero, 136 en marzo, 93 en abril, 124 en mayo, 126 en junio, 147 en julio, 95 en agosto y 118 en septiembre.

Entre los casos recientes destaca la condena del 9 de octubre contra los hermanos Edwin Emerson y Douglas Manuel Hernández Ramírez, sentenciados a 26 y 20 años de prisión, respectivamente, por abusar de una niña desde que tenía 8 años en San Juan Opico, La Libertad. Según la fiscal del caso, los imputados amenazaron a la víctima para mantener el abuso en secreto hasta 2022, cuando se presentó la denuncia.

En otro caso, el 7 de julio, Juan Carlos Pérez de Jesús fue condenado a 20 años de prisión por violar a una menor en 2023 en San Salvador, aprovechando que la víctima jugaba sola con otras niñas.

Las estadísticas también reflejan que entre enero y septiembre fueron capturadas en flagrancia 258 personas acusadas de violación y agresión sexual a menores, con un promedio mensual de 17 a 35 detenciones, según los reportes del ministerio público.

Estos resultados evidencian la labor constante de la Fiscalía en la persecución de delitos sexuales contra menores y el fortalecimiento de los procesos judiciales en el país.

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