Judicial
Presentan nueva denuncia penal contra exfiscal Douglas Meléndez
Por el delito de omisión en la investigación previsto en el artículo 311 del Código Penal, los abogados del empresario Enrique Rais denunciaron al exfiscal general, Douglas Meléndez, consistiendo los hechos en que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió sus obligaciones constitucionales de investigar los delitos denunciados y ejercer la respectiva acción penal en contra de las autoridades que en su momento ostentaron el cargo de Presidentes del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), particularmente José Guillermo Funes Araujo (ya fallecido) y Nora Mercedes Miranda de López, como también el designado como Interventor del Ingenio “El Carmen”, Óscar Girón Ulloa.
Sobre los hechos, de acuerdo a los abogados, se remontan al año 2001, cuando el entonces Jefe Fiscal de la recién creada Unidad Anticorrupción, Douglas Meléndez, juntamente con su compañero de fórmula, Diego Balmore Escobar, criminalizaron un contrato mercantil para acusar a Enrique Rais sobre un presunto desfalco contra el BFA, que al final se demostró era una acusación ilegal, por la cual Rais fue sobreseido definitivamente. No obstante, mientras existieron las acusaciones penales en su contra, el BFA sin fundamento legal o contractual cortó los créditos al Ingenio “El Carmen” propiedad de Rais, a pesar que todos los pagos estaban al día; y más grave aún nombraron un interventor que utilizó el capital de trabajo, para pagar créditos cuyo vencimiento era posterior, lo que significó la quiebra técnica del negocio.
Frente a las acciones ilegales de las autoridades del BFA que fueron calificadas como Administración Fraudulenta, Daños, Apropiación o Retención Indebida y Actos Arbitrarios, se interpuso en mayo de 2013 una denuncia penal, la que al momento de convertirse Douglas Meléndez en titular de la FGR, giró instrucciones para que la “engavetaran” y de esa manera prescribieran los delitos señalados, todo para seguir perjudicando al empresario.
El delito de omisión en la investigación, tiene una pena de prisión máxima de hasta 5 años, lo cual suma a todos los señalamientos sobre actuaciones ilegales cometidas por el exfiscal general, Douglas Meléndez y otros exfiscales que bajo sus órdenes también realizaron actuaciones arbitrarias e ilegales como coaccionar a testigos y acusados para obtener confesiones sin su plena voluntad y utilizarlas en contra de Enrique Rais.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
