Judicial
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, fue la súplica de un joven que logró salvarlos de sus verdugos
La tarde del 30 de octubre de 2017, Juan y Ricardo (nombres cambios por protección a las víctimas) decidieron salir de su vivienda para realizar ciertas gestiones.
A eso de las 12:30 del medio día ambos se encontraban esperando una unidad del transporte colectivo en una parada de buses, ubicada en Soyapango, cuando apareció un sujeto con aspecto de pandillero que se dirigía hacia ellos.
La admiración en sus rostros fue grande, debido a que el sujeto identificado como Israel Arévalo Burgos, de 19 años de edad, y con el alias de “El Chele”, les hizo una serie de ademanes con las manos alusivos a pandillas.
“Aquí controla la MS”, les dijo “El Chele”, mientras continuaba moviendo sus manos de una manera amenazante. A él se sumó otro pandillero, quien es identificado como Samuel Zelaya Vásquez, de 31 años de edad, según consta en el expediente judicial por este caso.
Tras escuchar esas palabras y ver los ademanes, tanto Juan como Ricardo fueron atacados. Ambos comenzaron un forcejeo contra las víctimas.
El objetivo de los pandilleros era introducirlos a una casa abandonada en un pasaje ubicado en la urbanización Montes de San Bartolo, en Soyapango, con el fin de acabar con sus vidas.
Los dos jóvenes fueron golpeados y recibieron empujones para que caminaran hacia esa casa abandonada. Juan fue tomado del cuello por parte de Zelaya Vásquez; mientras “El Chele” lo jalaba de la camisa que portaba.
En lo que los dos pandilleros se concentraban en atacar a Juan, la segunda víctima logró escapar. Corrió en dirección a un puesto de la Policía Nacional Civil (PNC), donde solicitó ayuda.
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, gritó desesperadamente Ricardo. Tras la alerta, los agentes policiales realizaron inmediatamente un operativo en la zona, según consta en el documento judicial.
Llegaron al pasaje en donde estaba el problema y lograron encontrar a Juan y a sus dos atacantes, quienes trataron de huir, pero fueron detenidos. Posteriormente, fueron trasladados hacia una bartolina policial.
Los dos afectados interpusieron la denuncia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de privación de libertad.
El Juzgado 2° de Instrucción de Soyapango ordenó la apertura a juicio en contra de “El Chele” y de Zelaya Vásquez, por lo que el próximo 23 de abril de este 2018 el Tribunal 6° de Sentencia instalará la vista pública en contra de los sujetos.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
