Judicial
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, fue la súplica de un joven que logró salvarlos de sus verdugos
La tarde del 30 de octubre de 2017, Juan y Ricardo (nombres cambios por protección a las víctimas) decidieron salir de su vivienda para realizar ciertas gestiones.
A eso de las 12:30 del medio día ambos se encontraban esperando una unidad del transporte colectivo en una parada de buses, ubicada en Soyapango, cuando apareció un sujeto con aspecto de pandillero que se dirigía hacia ellos.
La admiración en sus rostros fue grande, debido a que el sujeto identificado como Israel Arévalo Burgos, de 19 años de edad, y con el alias de “El Chele”, les hizo una serie de ademanes con las manos alusivos a pandillas.
“Aquí controla la MS”, les dijo “El Chele”, mientras continuaba moviendo sus manos de una manera amenazante. A él se sumó otro pandillero, quien es identificado como Samuel Zelaya Vásquez, de 31 años de edad, según consta en el expediente judicial por este caso.
Tras escuchar esas palabras y ver los ademanes, tanto Juan como Ricardo fueron atacados. Ambos comenzaron un forcejeo contra las víctimas.
El objetivo de los pandilleros era introducirlos a una casa abandonada en un pasaje ubicado en la urbanización Montes de San Bartolo, en Soyapango, con el fin de acabar con sus vidas.
Los dos jóvenes fueron golpeados y recibieron empujones para que caminaran hacia esa casa abandonada. Juan fue tomado del cuello por parte de Zelaya Vásquez; mientras “El Chele” lo jalaba de la camisa que portaba.
En lo que los dos pandilleros se concentraban en atacar a Juan, la segunda víctima logró escapar. Corrió en dirección a un puesto de la Policía Nacional Civil (PNC), donde solicitó ayuda.
“Policía, auxilio, ayúdennos, nos quieren matar”, gritó desesperadamente Ricardo. Tras la alerta, los agentes policiales realizaron inmediatamente un operativo en la zona, según consta en el documento judicial.
Llegaron al pasaje en donde estaba el problema y lograron encontrar a Juan y a sus dos atacantes, quienes trataron de huir, pero fueron detenidos. Posteriormente, fueron trasladados hacia una bartolina policial.
Los dos afectados interpusieron la denuncia, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó del delito de privación de libertad.
El Juzgado 2° de Instrucción de Soyapango ordenó la apertura a juicio en contra de “El Chele” y de Zelaya Vásquez, por lo que el próximo 23 de abril de este 2018 el Tribunal 6° de Sentencia instalará la vista pública en contra de los sujetos.
Por: El Salvador Times.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
