Judicial
Picaro pastor abusa de su propia hijastra mientras mandaba a orar a sus fieles creyentes
El Juzgado de Paz de Berlín, Usulután, estableció que Clemente Porfirio Leiva Cañas, el pastor evangélico acusado de violación, seguirá preso por el resto del proceso penal.
Según las investigaciones, mientras los fieles oraban, el líder religioso cometía los crímenes.
El pastor fue detenido el miércoles y fue presentando ante la justicia, donde el Juzgado de Paz validó las pruebas de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo al requerimiento fiscal, cuando los fieles oraban en la iglesia Restauración y Sanidad Divina, de la colonia Las Perlitas, el pastor aprovechaba para tocar las partes íntimas de la menor hasta que la violó.
El líder religioso no se limitó a la iglesia, sino cuando visitaba a la infante y hasta en un viaje que hicieron con toda la comunidad religiosa abusó de la niña.
En esa ocasión, la abuela de la menor la andaba buscando y descubrió que el pastor se la había llevado hasta su vehículo, donde la encerró con llave y se tardó en abrir la puerta. Cuando la señora le cuestionó el sujeto le respondió que “solo conversaba con ella”.
Al regresar a la casa, la niña le contó que Leiva Cañas abusaba de ella, por lo que la mujer interpuso la denuncia que derivó en las investigaciones que ahora tienen tras las rejas al religioso.
Anteriormente, otro pastor evangélico fue acusado y sentenciado a prisión con un modo de operar similar en San Salvador.
El pastor mandaba a los feligreses a orar mientras él abusaba de la niña bajo el argumento que Dios le había dicho que la víctima estaba enferma de la cabeza.
Ese mismo Juzgado de Paz en Berlín, Usulután mantuvo preso a Alexander N., acusado de agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de su propia hijastra.
En este último caso, los hechos sucedieron en el municipio de Concepción Batres. El hombre aprovechaba que su pareja, la madre de la niña, salía para agredirla sexualmente.
Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.
El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
