Judicial
Picaro pastor abusa de su propia hijastra mientras mandaba a orar a sus fieles creyentes
El Juzgado de Paz de Berlín, Usulután, estableció que Clemente Porfirio Leiva Cañas, el pastor evangélico acusado de violación, seguirá preso por el resto del proceso penal.
Según las investigaciones, mientras los fieles oraban, el líder religioso cometía los crímenes.
El pastor fue detenido el miércoles y fue presentando ante la justicia, donde el Juzgado de Paz validó las pruebas de la Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer de la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo al requerimiento fiscal, cuando los fieles oraban en la iglesia Restauración y Sanidad Divina, de la colonia Las Perlitas, el pastor aprovechaba para tocar las partes íntimas de la menor hasta que la violó.
El líder religioso no se limitó a la iglesia, sino cuando visitaba a la infante y hasta en un viaje que hicieron con toda la comunidad religiosa abusó de la niña.
En esa ocasión, la abuela de la menor la andaba buscando y descubrió que el pastor se la había llevado hasta su vehículo, donde la encerró con llave y se tardó en abrir la puerta. Cuando la señora le cuestionó el sujeto le respondió que “solo conversaba con ella”.
Al regresar a la casa, la niña le contó que Leiva Cañas abusaba de ella, por lo que la mujer interpuso la denuncia que derivó en las investigaciones que ahora tienen tras las rejas al religioso.
Anteriormente, otro pastor evangélico fue acusado y sentenciado a prisión con un modo de operar similar en San Salvador.
El pastor mandaba a los feligreses a orar mientras él abusaba de la niña bajo el argumento que Dios le había dicho que la víctima estaba enferma de la cabeza.
Ese mismo Juzgado de Paz en Berlín, Usulután mantuvo preso a Alexander N., acusado de agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de su propia hijastra.
En este último caso, los hechos sucedieron en el municipio de Concepción Batres. El hombre aprovechaba que su pareja, la madre de la niña, salía para agredirla sexualmente.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
