Judicial
Pandilleros pagarán 90 años de cárcel por el homicidio de un sargente de la PNC en La Unión
El sargento José Enrique González libró en la cama de un hospital una lucha de supervivencia por más de tres meses contra las heridas mortales que le hizo un grupo de pandilleros que lo atacaron cuando cumplía su deber en el municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. El 11 de diciembre de 2021, González no ganó la batalla y falleció.
Tres meses y seis días atrás, el 5 de septiembre, el sargento de la Policía Nacional Civil y otros dos agentes acudieron al barrio El Calvario, sobre la Ruta Militar en el municipio de Santa Rosa de Lima, para patrullar y atender una llamada anónima de emergencia: pandilleros intentaban privar de libertad a un trabajador de vigilancia privada.
Mientras se encontraban en el patrullaje, al menos cuatro pandilleros armados sorprendieron a los policías y les dispararon. Se abrió un tiroteo que terminó con tres heridos de gravedad: dos pandilleros y el sargento González. Los dos delincuentes fallecieron luego, mientras que el sargento sobrevivió a las heridas, pero fue ingresado en condición grave en un hospital.
Las autoridades detuvieron a los otros dos involucrados en el ataque a los policías: David Alexander Vanegas Serrano y Carlos Alfredo Bonilla Guzmán, miembros de la pandilla MS-13. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra los dos pandilleros fueron por intento de homicidio contra el sargento y los agentes.
Sin embargo, cuando González falleció tres meses después, las imputaciones contra los criminales cambiaron a homicidio agravado en el caso del sargento y a intento de homicidio contra los otros dos policías.
Este miércoles 14 de junio, el Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 90 años de prisión a Vanegas Serrano y a Bonilla Guzmán por los crímenes que cometieron el 5 de septiembre de 2021. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los dos pandilleros en el homicidio agravado del sargento González, por el cual recibieron 60 años de cárcel, y también demostró su culpabilidad en los homicidios agravados tentados en perjuicio de los otros dos agentes, por los que fueron condenados a 30 años más.
El 11 de diciembre de 2021, la Policía hizo un entierro con honores al sargento González, quien murió en cumplimiento del deber. Fue el policía número 346 en la historia de la institución que había ofrendado su vida por el país, dijo ese día la institución, que dio sus condolencias a sus familiares y que se comprometió a ayudarlos a través de Bienestar Policial.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
