Judicial
Pandilleros pagarán 90 años de cárcel por el homicidio de un sargente de la PNC en La Unión
El sargento José Enrique González libró en la cama de un hospital una lucha de supervivencia por más de tres meses contra las heridas mortales que le hizo un grupo de pandilleros que lo atacaron cuando cumplía su deber en el municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. El 11 de diciembre de 2021, González no ganó la batalla y falleció.
Tres meses y seis días atrás, el 5 de septiembre, el sargento de la Policía Nacional Civil y otros dos agentes acudieron al barrio El Calvario, sobre la Ruta Militar en el municipio de Santa Rosa de Lima, para patrullar y atender una llamada anónima de emergencia: pandilleros intentaban privar de libertad a un trabajador de vigilancia privada.
Mientras se encontraban en el patrullaje, al menos cuatro pandilleros armados sorprendieron a los policías y les dispararon. Se abrió un tiroteo que terminó con tres heridos de gravedad: dos pandilleros y el sargento González. Los dos delincuentes fallecieron luego, mientras que el sargento sobrevivió a las heridas, pero fue ingresado en condición grave en un hospital.
Las autoridades detuvieron a los otros dos involucrados en el ataque a los policías: David Alexander Vanegas Serrano y Carlos Alfredo Bonilla Guzmán, miembros de la pandilla MS-13. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra los dos pandilleros fueron por intento de homicidio contra el sargento y los agentes.
Sin embargo, cuando González falleció tres meses después, las imputaciones contra los criminales cambiaron a homicidio agravado en el caso del sargento y a intento de homicidio contra los otros dos policías.
Este miércoles 14 de junio, el Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 90 años de prisión a Vanegas Serrano y a Bonilla Guzmán por los crímenes que cometieron el 5 de septiembre de 2021. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los dos pandilleros en el homicidio agravado del sargento González, por el cual recibieron 60 años de cárcel, y también demostró su culpabilidad en los homicidios agravados tentados en perjuicio de los otros dos agentes, por los que fueron condenados a 30 años más.
El 11 de diciembre de 2021, la Policía hizo un entierro con honores al sargento González, quien murió en cumplimiento del deber. Fue el policía número 346 en la historia de la institución que había ofrendado su vida por el país, dijo ese día la institución, que dio sus condolencias a sus familiares y que se comprometió a ayudarlos a través de Bienestar Policial.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
