Judicial
Pandilleros pagarán 90 años de cárcel por el homicidio de un sargente de la PNC en La Unión
El sargento José Enrique González libró en la cama de un hospital una lucha de supervivencia por más de tres meses contra las heridas mortales que le hizo un grupo de pandilleros que lo atacaron cuando cumplía su deber en el municipio de Santa Rosa de Lima, en La Unión. El 11 de diciembre de 2021, González no ganó la batalla y falleció.
Tres meses y seis días atrás, el 5 de septiembre, el sargento de la Policía Nacional Civil y otros dos agentes acudieron al barrio El Calvario, sobre la Ruta Militar en el municipio de Santa Rosa de Lima, para patrullar y atender una llamada anónima de emergencia: pandilleros intentaban privar de libertad a un trabajador de vigilancia privada.
Mientras se encontraban en el patrullaje, al menos cuatro pandilleros armados sorprendieron a los policías y les dispararon. Se abrió un tiroteo que terminó con tres heridos de gravedad: dos pandilleros y el sargento González. Los dos delincuentes fallecieron luego, mientras que el sargento sobrevivió a las heridas, pero fue ingresado en condición grave en un hospital.
Las autoridades detuvieron a los otros dos involucrados en el ataque a los policías: David Alexander Vanegas Serrano y Carlos Alfredo Bonilla Guzmán, miembros de la pandilla MS-13. Las acusaciones de la Fiscalía General de la República contra los dos pandilleros fueron por intento de homicidio contra el sargento y los agentes.
Sin embargo, cuando González falleció tres meses después, las imputaciones contra los criminales cambiaron a homicidio agravado en el caso del sargento y a intento de homicidio contra los otros dos policías.
Este miércoles 14 de junio, el Juzgado de Sentencia de La Unión condenó a 90 años de prisión a Vanegas Serrano y a Bonilla Guzmán por los crímenes que cometieron el 5 de septiembre de 2021. La Fiscalía demostró la responsabilidad de los dos pandilleros en el homicidio agravado del sargento González, por el cual recibieron 60 años de cárcel, y también demostró su culpabilidad en los homicidios agravados tentados en perjuicio de los otros dos agentes, por los que fueron condenados a 30 años más.
El 11 de diciembre de 2021, la Policía hizo un entierro con honores al sargento González, quien murió en cumplimiento del deber. Fue el policía número 346 en la historia de la institución que había ofrendado su vida por el país, dijo ese día la institución, que dio sus condolencias a sus familiares y que se comprometió a ayudarlos a través de Bienestar Policial.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
