Judicial
Pandilleros de la MS son condenados hasta 165 años de cárcel por diversos crímenes
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Durante la vista pública, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana valoró las pruebas presentadas por fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de esa ciudad, en la que se demostró que los imputados participaron en al menos cinco casos de homicidio, ocho propocisiones de homicidio, 2 propocisiones de extorsión, una tenencia y uso de uniforme de la Fuerza Armada y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la investigación, todo inició tras la denuncia de una víctima que estaba siendo extorsionada. Mediante diferentes técnicas de investigación se logró detectar las amenazas que recibía, así como órdenes para cometer homicidios y otros delitos.
Entre las penas más altas impuestas por el tribunal destaca la de Noé López Monroy alias Chiqui, y que dentro de la estructura tiene el nivel de homeboy; lo condenó a cinco años por el delito de agrupaciones ilícitas, 75 años por cinco homicidios en contra del mismo número de víctimas, cinco años por proposición de extorsión a una empresa de boquitas, 10 años por el delito de proposición de homicidio y 20 años por el delito de proposición de homicidio contra dos víctimas, haciendo un total de 165 años de prisión.
A los pandilleros Ronal Amilcar Tobar Martínez el tribunal le impuso 140 años de prisión, y a Iván Jonathan Méndez 105 años.
Adilson Efraín Maldinera Álvarez alias Chocolate, recibió una condena de 64 años de cárcel, y Mauricio Martínez López alias Gasper fue condenado a 63 años.
Las demás condenas van desde los 3 años hasta los 54 años de prisión. La oficina fiscal de Sonsonate se mostró satisfecha ya que estos peligrosos delincuentes ahora están fuera de las calles.
Los hechos que dieron parte a esta investigación y que han terminado con estas penas, sucedieron en el año 2018 en el municipio de Jujutla y Guaymango del departamento de Ahuachapán.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
