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Judicial

Pandilleros condenados por robo en San Salvador

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La Unidad de Solución Temprana de la oficina fiscal de San Salvador logró condenar a dos miembros de pandilla a ocho años de cárcel por el delito de Robo Agravado.

Los imputados han sido identificados como Jonathan Abimael Meléndez Martínez, de 27 años, y Raúl Antonio Alemán Ramos, de 22, quienes pertenecen a la Pandilla 18 Revolucionarios, que delinquían en barrios y colonias de la zona sur de la capital.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que agentes de la policía recibieron una denuncia que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, había cometido un robo el 1 de septiembre del presente año, en las inmediaciones de la avenida Irazú, de la colonia Costa Rica.

Los imputados habían asaltado a un cliente de un taller automotriz, despojándole de dinero en efectivo y su teléfono celular, amenazándole con un arma de fuego, por lo que la víctima sintió temor por su vida y les entregó todo lo solicitado.

El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso y decidió condenarles a 8 años de cárcel y a pagar, cada uno, la suma de 100 dólares en concepto de responsabilidad civil.

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Condenan a 45 años de prisión a sujeto por homicidio com arma blanca

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Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.

 

Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.

La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.

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Judicial

Detienen a sujeto tras agredir a su ex y a su propia hija pese a orden de alejamiento

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Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.

Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.

No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.

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Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.

Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.

Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.

Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.

Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.

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