Judicial
Pandillero menor de edad asesino a dos personas el mismo día en Atiquizaya
Un menor de edad miembro de la pandilla Barrio 18 identificado como Edmundo N., alias “Pimbe”, de 17 años, fue encontrado culpable de cometer dos asesinatos en el municipio de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán, ejecutados el mismo día, pero en horas diferentes.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR), el menor asesinó a César Edgardo López Cabezas, miembros de la MS-13 y a Juan Francisco Rodríguez Damas; ambos hechos ocurridos el 3 de enero de 2016.
El Juez de la causa condenó al menor a 12 años de internamiento por cada homicidio, lo que da un total de 24 años; pero debido a la ley en menores ambas penas se cumplen simultáneamente, por lo que solamente cumplirá 12 años de internamiento.
El reporte de los hechos indica que el primer asesinato ocurrió en el caserío Cruz Verde, de la jurisdicción de Atiquizaya, a las 4:00 de la tarde, en perjuicio de César Edgardo López Cabezas; cuando un grupo de pandilleros lo vieron pasar frente a ellos a bordo de una motocicleta, a quien interceptaron, apuntándole con un arma de fuego, comenzando a darle de patadas y golpes, se lo llevan a un lugar apartado, donde lo siguen golpeando y cuando ya estaba en el suelo le sacan la cartera para revisarle el DUI y poder ver donde vivía.
Al verificando que la víctima residía en un lugar donde opera la MS, los sujetos sacan un cuchillo y una navaja, y lo comienzan a apuñalar en el rostro, en la espalda; uno de los pandilleros le dejó caer una piedra en la cabeza, hasta causarle la muerte.
El segundo homicidio en perjuicio de Juan Francisco Rodríguez Damas fue cometido en horas del mediodía del mismo 3 de enero de 2016, en el final de la 2a calle de la colonia San Juan, del cantón Izcaquilillo de Atiquizaya. Cuando pandilleros del Barrio 18 y MS-13 se enfrentaron a balazos, causándole la muerte de Rodríguez Damas, quien casualmente pasaba por el lugar de los hechos.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
