Judicial
Ocho meses en bartolinas le sirvieron a un mesero para arrepentirse de su pasado y comenzar una nueva vida
Los ocho meses que pasó encerrado en bartolinas policiales han sido la mejor terapia que recibió un mesero que tras ser absuelto por cargos de portación de drogas aseguró tratará de comenzar una nueva etapa en su vida.
William tiene 25 años de edad, durante tres años laboró como mesero en un restaurante del cual fue despedido luego de ser capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes le encontraron marihuana y cocaína valorada en $50.
Sin saberlo, ese fue el inicio de un largo proceso de rehabilitación que culminó el pasado 13 de septiembre cuando esposado de manos y píes pidió una nueva oportunidad a la jueza que conoció su caso.
Con el pelo desarreglado y una expresión de cansancio. William hizo un repaso de su vida la cual ha estado marcada por amistades con miembros de grupos delincuenciales que lo influenciaron a tal punto de convertirlo en un adicto.
Según lo que recordó el joven, la llegada de estructuras criminales a la zona en la que residía facilitaron el acceso a las drogas, ya que dice que estas estaban en cada espacio por donde se caminaba.
Las drogas fueron el refugió perfecto luego de que sus padres se separar a causa de diferencias en la relación cuando apenas tenía 15 años de edad y desde ese entonces las había mantenido como un pasatiempo.
“Yo quería pasarla bien en el mundo que andaba supuestamente pero esto no trae nada bueno”, explicó con una voz pausada el mesero quien según el registro de la Policía Nacional Civil (PNC) no es miembro de pandillas.
En palabras dirigidas al juzgado que lo procesó en la etapa de Sentencia, William manifestó su arrepentimiento, yo trabajo y extraño a mi madrecita. Yo trabajo y mi familia dependen de mi”, declaró.
Tras escuchar la postura de la defensa de William -que pidió trabajo de utilidad como condena- y del fiscal a cargo del proceso, quien solicitó una pena de tres años de prisión, el juez tardó 10 minutos para tomar una decisión.
El tiempo de deliberación del juzgador sirvió para que el mesero con la mirada hacia abajo siguiera reflexionando sobre su vida. Sin moverse, el joven esperó hasta el ingreso del juez quien finalmente ordenó que fuera puesto en libertad. William soltó el aliento y celebró junto con su abogado.
Con una nueva oportunidad él sostiene que desea seguir estudiando gastronomía y conseguir un nuevo empleo así como también el abandono de las drogas a pesar de regresar al mismo lugar donde fue arrestado.
Por: El Salvador Times.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
