Judicial
Norman Quijano es citado por la Fiscalía para explicar venta de votos de El Salvador en la ONU
El diputado de ARENA, Norman Quijano, llegó esta mañana a la Fiscalía General de la República a cumplir con un citatorio del Ministerio Público por haber admitido en televisión que su partido, cuando fue gobierno entre 1999 y 2004, recibió dinero de Taiwán a cambio de votos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que recordar que Taiwán donó $10 millones que debían de ser invertidos en proyectos de reconstrucción y ayuda luego de los terremotos de enero de 2001.
Sin embargo, el partido ARENA, a través de organizaciones fachada y utilizando la banca nacional y extranjera, desvió el dinero y financió campañas políticas, según la investigación que en su momento realizó la Fiscalía con la que se judicializó un caso, que fue anulado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Quijano, que busca continuar con fuero en el Parlamento Centroamericano (es candidato por su partido para las elecciones 2021), dijo que esa era una práctica del Gobierno de Taiwán y donde El Salvador se benefició como parte de una política diplomática “de chequera”.
“Ese dinero no vino para el Gobierno de El Salvador; era la forma cómo Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas», reconociendo además que fue algo que le pasó al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo y a otros mandatarios de la región.
Quijano ha ido varias veces a declarar a la Fiscalía, sobre todo por otro caso donde se presume su participación: la negociación con pandillas (estructuras terroristas) a cambio de votos para la segunda ronda electoral de 2014.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
