Judicial
Norman Quijano es citado por la Fiscalía para explicar venta de votos de El Salvador en la ONU
El diputado de ARENA, Norman Quijano, llegó esta mañana a la Fiscalía General de la República a cumplir con un citatorio del Ministerio Público por haber admitido en televisión que su partido, cuando fue gobierno entre 1999 y 2004, recibió dinero de Taiwán a cambio de votos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que recordar que Taiwán donó $10 millones que debían de ser invertidos en proyectos de reconstrucción y ayuda luego de los terremotos de enero de 2001.
Sin embargo, el partido ARENA, a través de organizaciones fachada y utilizando la banca nacional y extranjera, desvió el dinero y financió campañas políticas, según la investigación que en su momento realizó la Fiscalía con la que se judicializó un caso, que fue anulado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Quijano, que busca continuar con fuero en el Parlamento Centroamericano (es candidato por su partido para las elecciones 2021), dijo que esa era una práctica del Gobierno de Taiwán y donde El Salvador se benefició como parte de una política diplomática “de chequera”.
“Ese dinero no vino para el Gobierno de El Salvador; era la forma cómo Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas», reconociendo además que fue algo que le pasó al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo y a otros mandatarios de la región.
Quijano ha ido varias veces a declarar a la Fiscalía, sobre todo por otro caso donde se presume su participación: la negociación con pandillas (estructuras terroristas) a cambio de votos para la segunda ronda electoral de 2014.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
