Judicial
Norman Quijano es citado por la Fiscalía para explicar venta de votos de El Salvador en la ONU
El diputado de ARENA, Norman Quijano, llegó esta mañana a la Fiscalía General de la República a cumplir con un citatorio del Ministerio Público por haber admitido en televisión que su partido, cuando fue gobierno entre 1999 y 2004, recibió dinero de Taiwán a cambio de votos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que recordar que Taiwán donó $10 millones que debían de ser invertidos en proyectos de reconstrucción y ayuda luego de los terremotos de enero de 2001.
Sin embargo, el partido ARENA, a través de organizaciones fachada y utilizando la banca nacional y extranjera, desvió el dinero y financió campañas políticas, según la investigación que en su momento realizó la Fiscalía con la que se judicializó un caso, que fue anulado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Quijano, que busca continuar con fuero en el Parlamento Centroamericano (es candidato por su partido para las elecciones 2021), dijo que esa era una práctica del Gobierno de Taiwán y donde El Salvador se benefició como parte de una política diplomática “de chequera”.
“Ese dinero no vino para el Gobierno de El Salvador; era la forma cómo Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas», reconociendo además que fue algo que le pasó al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo y a otros mandatarios de la región.
Quijano ha ido varias veces a declarar a la Fiscalía, sobre todo por otro caso donde se presume su participación: la negociación con pandillas (estructuras terroristas) a cambio de votos para la segunda ronda electoral de 2014.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
