Judicial
Norman Quijano es citado por la Fiscalía para explicar venta de votos de El Salvador en la ONU
El diputado de ARENA, Norman Quijano, llegó esta mañana a la Fiscalía General de la República a cumplir con un citatorio del Ministerio Público por haber admitido en televisión que su partido, cuando fue gobierno entre 1999 y 2004, recibió dinero de Taiwán a cambio de votos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que recordar que Taiwán donó $10 millones que debían de ser invertidos en proyectos de reconstrucción y ayuda luego de los terremotos de enero de 2001.
Sin embargo, el partido ARENA, a través de organizaciones fachada y utilizando la banca nacional y extranjera, desvió el dinero y financió campañas políticas, según la investigación que en su momento realizó la Fiscalía con la que se judicializó un caso, que fue anulado por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador.
Quijano, que busca continuar con fuero en el Parlamento Centroamericano (es candidato por su partido para las elecciones 2021), dijo que esa era una práctica del Gobierno de Taiwán y donde El Salvador se benefició como parte de una política diplomática “de chequera”.
“Ese dinero no vino para el Gobierno de El Salvador; era la forma cómo Taiwán compraba ese voto allá en las Naciones Unidas», reconociendo además que fue algo que le pasó al expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo y a otros mandatarios de la región.
Quijano ha ido varias veces a declarar a la Fiscalía, sobre todo por otro caso donde se presume su participación: la negociación con pandillas (estructuras terroristas) a cambio de votos para la segunda ronda electoral de 2014.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
