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Judicial

Mujer se hace pasar por familiar de Norma Guevara y estafa a tres de sus compañeras con $1,000

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Acostumbrada a armar ideas para poder ejecutar sus planes de estafa, A. Guevara, una empleada del Ministerio de Salud que se encargaba de la farmacia de la Unidad de Salud Villa Mariona, en Cuscatancingo, logró engañar a tres de sus compañeras de labores, a una de ellas incluso le dijo que era familiar de la entonces diputada del FMLN, Norma Guevara.

En un lapso de tres días, la mujer obtuvo $1,500 bajo una supuesta mentira brindada a Camila, una odontóloga de 60 años de edad; a Julia, una auxiliar de odontología de 59 años; y a Carmen, una enfermera de 42 años, según consta en el expediente judicial por este caso.

El 14 de noviembre de 2015, Guevara fue a buscar a dos de las tres mujeres hasta el sitio en donde reside cada una con sus familias, en el municipio de Mejicanos. A estas las convenció de prestarle dinero bajo la excusa de que una de sus hijas, quien se encontraba estudiando en Francia, culminaría el proceso de graduación en ese país y para ello no tenía fondos monetarios.

Con esa versión, a Camila logró convencerla de que le brindara $300. Como garantía de que el dinero retornaría a sus manos en los próximos cuatro días le entregó un cheque cobrable en Estados Unidos que estaba a nombre de su propio esposo.

A los días, la odontóloga se dio cuenta que Guevara le había entregado un cheque que no era cobrable y que además había sido emitido ocho años atrás, en 2007.

Por su parte, Julia, la auxiliar de odontología, cayó en el juego de la imputada. Por tratar de ayudarle a la hija de Guevara y tras la insistencia de esta, ella localizó a un prestamista para poder darle $200.

En un solo día, la ahora acusada -nuevamente- por el delito de estafa logró obtener $500 producto del engaño hecho a ambas víctimas.

Incluso, al mismo director de la unidad de salud le habría solicitado $300, según el expediente judicial, pero no se concreta si él habría colocado una denuncia en contra de la mujer.

El falso parentesco y la ficticia promesa de trabajo

El tercer timo hecho por A. Guevara fue cometido contra Carmen, la enfermera. A ella la buscó en la unidad de salud, pero la versión sobre el caso de su hija cambió.

Esta vez, la imputada le manifestó a la víctima que su hija se encontraba gravemente ingresada en un hospital de Francia, su estado se debía porque el novio de esta la había agredido. Por los golpes recibidos debió ser ingresada con urgencia.

Además, la procesada le comentó que ella era sobrina de Norma Guevara, quien en ese momento era una diputada de la Asamblea Legislativa bajo la bandera del FMLN, partido en donde fungió como jefa de fracción hasta mayo de 2018.

Por ese supuesto vínculo, la imputada le prometió a Carmen que le buscaría en la Asamblea un empleo a su esposo.

Personal de la ahora secretaria general adjunta del FMLN negaron a este medio que la imputada fuera familiar de esta, a la vez indicaron que este tipo de casos es común en la institución. «Un sujeto hizo pasarse por familiar de ‘Nidia Díaz’ por su apellido, cuando en realidad ella se llama María Marta Valladares», dijo la fuente.

Ante la preocupación de la mujer y la promesa de empleabilidad, la especialista en enfermería sucumbió a lo solicitado por Guevara: Le entregó $300, mismo que regresaría a su bolsillo en un lapso de 15 días.

Antes de que culminara ese periodo, Guevara volvió a acercarse a la enfermera para pedirle prestado otros $400 y días después le solicitó otros $300. Un total de $1,000 fue lo que la mujer recibió por parte de Carmen.

Un récord delictivo

De acuerdo al expediente judicial, estos tres casos no son los primeros de estafa en la lista de Guevara.

Un informe de antecedentes penales plasma que en el 2012 la mujer se hizo pasar como directora de una organización no gubernamental para cometer el delito.

Por esos casos de 2016, la mujer posee un registro penitenciario pasivo en el departamento de San Vicente por el delito de estafa, estafa agravada, cheque sin provisión de fondos en diferentes fechas, así como también detalla el ingreso al Centro Penal de Ilopango.

Según, la Certificación de Transacción Criminal del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) consta el récord delictivo de Guevara por los delitos de estafa y estafa agravada en las delegaciones policiales de Apopa, Sonsonate, Santa Ana Soyapango y Ahuachapán.

El cáncer que la consume en el interior de un penal

La imputada de 51 años de edad permanece detenida desde el 25 de enero de este 2018 como una medida cautelar.

En un principio, fue trasladada hacia las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, pero a orden del Tribunal 5° de Sentencia, mismo que desarrollará la audiencia de vista pública en contra de Guevara por el delito de estafa, la mujer fue trasladada al centro penal de ese departamento. El motivo de ello: un cáncer de matriz.

El abogado defensor de la mujer indicó que por las dimensiones de una bartolina ella podría adquirir una meningitis, lo que podría llevarla a la muerte por la condición avanzada en la que se encuentra el cáncer. Por ello, Guevara ha recibido diversos tratamientos en el Hospital Nacional de Santa Gertrudis.

Sus defensores solicitaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) realizara un reconocimiento para determinar si podía o no continuar recluida en la delegación, pues también padece de diabetes y de una enfermedad renal crónica.

Ante esto, el IML recomendó que la mujer fuera evaluada por médicos de medicina interna y de oncología.

Se determinó que las bartolinas no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la salud de la paciente, por lo que el Tribunal solicitó el traslado de la mujer al penal.

El próximo 6 de septiembre se realizará la vista pública, debido a que estaba programada para el 30 de julio, pero al tratar de ser trasladada hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” Guevara no quiso subir al transporte ofrecido por la Dirección General de Centros Penales encargado de ese movimiento.

Por: El Salvador Times.

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Judicial

Procesan a mujer por amenazas contra dos personas protegidas en Soyapango

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El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.

Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.

Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.

El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.

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Judicial

Exdirectivos de Argoz enfrentan nuevo proceso penal por estafa agravada

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.

Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.

De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.

Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.

El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.

La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.

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Judicial

Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán

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El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.

Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.

El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.

La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.

La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.

El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.

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