Judicial
Mujer se hace pasar por familiar de Norma Guevara y estafa a tres de sus compañeras con $1,000
Acostumbrada a armar ideas para poder ejecutar sus planes de estafa, A. Guevara, una empleada del Ministerio de Salud que se encargaba de la farmacia de la Unidad de Salud Villa Mariona, en Cuscatancingo, logró engañar a tres de sus compañeras de labores, a una de ellas incluso le dijo que era familiar de la entonces diputada del FMLN, Norma Guevara.
En un lapso de tres días, la mujer obtuvo $1,500 bajo una supuesta mentira brindada a Camila, una odontóloga de 60 años de edad; a Julia, una auxiliar de odontología de 59 años; y a Carmen, una enfermera de 42 años, según consta en el expediente judicial por este caso.
El 14 de noviembre de 2015, Guevara fue a buscar a dos de las tres mujeres hasta el sitio en donde reside cada una con sus familias, en el municipio de Mejicanos. A estas las convenció de prestarle dinero bajo la excusa de que una de sus hijas, quien se encontraba estudiando en Francia, culminaría el proceso de graduación en ese país y para ello no tenía fondos monetarios.
Con esa versión, a Camila logró convencerla de que le brindara $300. Como garantía de que el dinero retornaría a sus manos en los próximos cuatro días le entregó un cheque cobrable en Estados Unidos que estaba a nombre de su propio esposo.
A los días, la odontóloga se dio cuenta que Guevara le había entregado un cheque que no era cobrable y que además había sido emitido ocho años atrás, en 2007.
Por su parte, Julia, la auxiliar de odontología, cayó en el juego de la imputada. Por tratar de ayudarle a la hija de Guevara y tras la insistencia de esta, ella localizó a un prestamista para poder darle $200.
En un solo día, la ahora acusada -nuevamente- por el delito de estafa logró obtener $500 producto del engaño hecho a ambas víctimas.
Incluso, al mismo director de la unidad de salud le habría solicitado $300, según el expediente judicial, pero no se concreta si él habría colocado una denuncia en contra de la mujer.
El falso parentesco y la ficticia promesa de trabajo
El tercer timo hecho por A. Guevara fue cometido contra Carmen, la enfermera. A ella la buscó en la unidad de salud, pero la versión sobre el caso de su hija cambió.
Esta vez, la imputada le manifestó a la víctima que su hija se encontraba gravemente ingresada en un hospital de Francia, su estado se debía porque el novio de esta la había agredido. Por los golpes recibidos debió ser ingresada con urgencia.
Además, la procesada le comentó que ella era sobrina de Norma Guevara, quien en ese momento era una diputada de la Asamblea Legislativa bajo la bandera del FMLN, partido en donde fungió como jefa de fracción hasta mayo de 2018.
Por ese supuesto vínculo, la imputada le prometió a Carmen que le buscaría en la Asamblea un empleo a su esposo.
Personal de la ahora secretaria general adjunta del FMLN negaron a este medio que la imputada fuera familiar de esta, a la vez indicaron que este tipo de casos es común en la institución. «Un sujeto hizo pasarse por familiar de ‘Nidia Díaz’ por su apellido, cuando en realidad ella se llama María Marta Valladares», dijo la fuente.
Ante la preocupación de la mujer y la promesa de empleabilidad, la especialista en enfermería sucumbió a lo solicitado por Guevara: Le entregó $300, mismo que regresaría a su bolsillo en un lapso de 15 días.
Antes de que culminara ese periodo, Guevara volvió a acercarse a la enfermera para pedirle prestado otros $400 y días después le solicitó otros $300. Un total de $1,000 fue lo que la mujer recibió por parte de Carmen.
Un récord delictivo
De acuerdo al expediente judicial, estos tres casos no son los primeros de estafa en la lista de Guevara.
Un informe de antecedentes penales plasma que en el 2012 la mujer se hizo pasar como directora de una organización no gubernamental para cometer el delito.
Por esos casos de 2016, la mujer posee un registro penitenciario pasivo en el departamento de San Vicente por el delito de estafa, estafa agravada, cheque sin provisión de fondos en diferentes fechas, así como también detalla el ingreso al Centro Penal de Ilopango.
Según, la Certificación de Transacción Criminal del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales (AFIS) consta el récord delictivo de Guevara por los delitos de estafa y estafa agravada en las delegaciones policiales de Apopa, Sonsonate, Santa Ana Soyapango y Ahuachapán.
El cáncer que la consume en el interior de un penal
La imputada de 51 años de edad permanece detenida desde el 25 de enero de este 2018 como una medida cautelar.
En un principio, fue trasladada hacia las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Vicente, pero a orden del Tribunal 5° de Sentencia, mismo que desarrollará la audiencia de vista pública en contra de Guevara por el delito de estafa, la mujer fue trasladada al centro penal de ese departamento. El motivo de ello: un cáncer de matriz.
El abogado defensor de la mujer indicó que por las dimensiones de una bartolina ella podría adquirir una meningitis, lo que podría llevarla a la muerte por la condición avanzada en la que se encuentra el cáncer. Por ello, Guevara ha recibido diversos tratamientos en el Hospital Nacional de Santa Gertrudis.
Sus defensores solicitaron que el Instituto de Medicina Legal (IML) realizara un reconocimiento para determinar si podía o no continuar recluida en la delegación, pues también padece de diabetes y de una enfermedad renal crónica.
Ante esto, el IML recomendó que la mujer fuera evaluada por médicos de medicina interna y de oncología.
Se determinó que las bartolinas no cumplen con las condiciones mínimas para garantizar la salud de la paciente, por lo que el Tribunal solicitó el traslado de la mujer al penal.
El próximo 6 de septiembre se realizará la vista pública, debido a que estaba programada para el 30 de julio, pero al tratar de ser trasladada hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez” Guevara no quiso subir al transporte ofrecido por la Dirección General de Centros Penales encargado de ese movimiento.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
