Judicial
Muere de Neumonia interna que pagaba una condena por ingresar celulares al penal
El pasado 10 de abril de este 2018, el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador esperaba desarrollar una audiencia de vista pública en contra de Karla Yesenia Godoy Morán, una mujer de 33 años de edad que sería procesada por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, luego de que se le encontraran dos teléfonos celulares y un cargador en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
Luego de que fuera aplazada la audiencia por cuatar ocasión, ese martes el tribunal fue notificado que el juicio tampoco se llevaría a cabo y esta vez de manera definitiva: la originaria de Santa Ana murió tras padecer de neumonía.
La mujer, a quien se le conocía con el alias “La Gorda”, pasó sus últimos días de vida en el interior del Hospital Nacional de San Bartolo. Ella había sido ingresada el 24 de enero de este año, pero el 16 de febrero –en menos de un mes- falleció.
Formalmente el tribunal fue notificado sobre el suceso el pasado 4 de mayo por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), institución que indicó que la imputada “se encontraba inactiva por haber fallecido por el diagnóstico de neumonía aguda”.
Godoy Morán se encontraba cumpliendo una pena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión continuada y agrupaciones ilícitas. La ahora fallecida fue capturada el 22 de julio de 2008 y fue condenada dos años después por el Tribunal 1° de Sentencia de Santa Ana.
Su segunda falta que la dejaría más tiempo en el penal
A la mujer, quien se dedicaba a realizar trabajos domésticos, se le podría haber alargado su estancia en la cárcel de haber sido procesada por el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, debido a que la condena oscila entre los tres y cinco años.
A las 10:00 de la mañana del 8 de febrero de 2016, unos inspectores de seguridad de la cárcel de mujeres efectuaron una ronda rutinaria en los recintos del sector “C” y cuando se acercaron a un grupo de privadas de libertad que estaban reunidas vieron los nervios de Godoy Morán.
En sus manos sostenía una bolsa de tela, por lo que los agentes le solicitaron que la entregara y fue que encontraron en su interior dos celulares y un cargador. Por ello, la mujer había cometido un delito calificado como grave.
Al día siguiente del suceso fue interpuesta la denuncia en la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual, en Soyapango, de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la etapa de Instrucción, la FGR tuvo 60 días para poder recolectar los elementos necesarios que permitieran fundar la acusación en contra de la santaneca.
Las labores fiscales fueron completadas, pero la infección de Godoy Morán paró el proceso rotundamente.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
