Judicial
Muere de Neumonia interna que pagaba una condena por ingresar celulares al penal
El pasado 10 de abril de este 2018, el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador esperaba desarrollar una audiencia de vista pública en contra de Karla Yesenia Godoy Morán, una mujer de 33 años de edad que sería procesada por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, luego de que se le encontraran dos teléfonos celulares y un cargador en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
Luego de que fuera aplazada la audiencia por cuatar ocasión, ese martes el tribunal fue notificado que el juicio tampoco se llevaría a cabo y esta vez de manera definitiva: la originaria de Santa Ana murió tras padecer de neumonía.
La mujer, a quien se le conocía con el alias “La Gorda”, pasó sus últimos días de vida en el interior del Hospital Nacional de San Bartolo. Ella había sido ingresada el 24 de enero de este año, pero el 16 de febrero –en menos de un mes- falleció.
Formalmente el tribunal fue notificado sobre el suceso el pasado 4 de mayo por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), institución que indicó que la imputada “se encontraba inactiva por haber fallecido por el diagnóstico de neumonía aguda”.
Godoy Morán se encontraba cumpliendo una pena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión continuada y agrupaciones ilícitas. La ahora fallecida fue capturada el 22 de julio de 2008 y fue condenada dos años después por el Tribunal 1° de Sentencia de Santa Ana.
Su segunda falta que la dejaría más tiempo en el penal
A la mujer, quien se dedicaba a realizar trabajos domésticos, se le podría haber alargado su estancia en la cárcel de haber sido procesada por el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, debido a que la condena oscila entre los tres y cinco años.
A las 10:00 de la mañana del 8 de febrero de 2016, unos inspectores de seguridad de la cárcel de mujeres efectuaron una ronda rutinaria en los recintos del sector “C” y cuando se acercaron a un grupo de privadas de libertad que estaban reunidas vieron los nervios de Godoy Morán.
En sus manos sostenía una bolsa de tela, por lo que los agentes le solicitaron que la entregara y fue que encontraron en su interior dos celulares y un cargador. Por ello, la mujer había cometido un delito calificado como grave.
Al día siguiente del suceso fue interpuesta la denuncia en la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual, en Soyapango, de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la etapa de Instrucción, la FGR tuvo 60 días para poder recolectar los elementos necesarios que permitieran fundar la acusación en contra de la santaneca.
Las labores fiscales fueron completadas, pero la infección de Godoy Morán paró el proceso rotundamente.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
