Judicial
Muere de Neumonia interna que pagaba una condena por ingresar celulares al penal
El pasado 10 de abril de este 2018, el Tribunal 3° de Sentencia de San Salvador esperaba desarrollar una audiencia de vista pública en contra de Karla Yesenia Godoy Morán, una mujer de 33 años de edad que sería procesada por el delito de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, luego de que se le encontraran dos teléfonos celulares y un cargador en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango.
Luego de que fuera aplazada la audiencia por cuatar ocasión, ese martes el tribunal fue notificado que el juicio tampoco se llevaría a cabo y esta vez de manera definitiva: la originaria de Santa Ana murió tras padecer de neumonía.
La mujer, a quien se le conocía con el alias “La Gorda”, pasó sus últimos días de vida en el interior del Hospital Nacional de San Bartolo. Ella había sido ingresada el 24 de enero de este año, pero el 16 de febrero –en menos de un mes- falleció.
Formalmente el tribunal fue notificado sobre el suceso el pasado 4 de mayo por parte de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), institución que indicó que la imputada “se encontraba inactiva por haber fallecido por el diagnóstico de neumonía aguda”.
Godoy Morán se encontraba cumpliendo una pena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión continuada y agrupaciones ilícitas. La ahora fallecida fue capturada el 22 de julio de 2008 y fue condenada dos años después por el Tribunal 1° de Sentencia de Santa Ana.
Su segunda falta que la dejaría más tiempo en el penal
A la mujer, quien se dedicaba a realizar trabajos domésticos, se le podría haber alargado su estancia en la cárcel de haber sido procesada por el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, debido a que la condena oscila entre los tres y cinco años.
A las 10:00 de la mañana del 8 de febrero de 2016, unos inspectores de seguridad de la cárcel de mujeres efectuaron una ronda rutinaria en los recintos del sector “C” y cuando se acercaron a un grupo de privadas de libertad que estaban reunidas vieron los nervios de Godoy Morán.
En sus manos sostenía una bolsa de tela, por lo que los agentes le solicitaron que la entregara y fue que encontraron en su interior dos celulares y un cargador. Por ello, la mujer había cometido un delito calificado como grave.
Al día siguiente del suceso fue interpuesta la denuncia en la Unidad de Delitos de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual, en Soyapango, de la Fiscalía General de la República (FGR), procedente de la Policía Nacional Civil (PNC).
En la etapa de Instrucción, la FGR tuvo 60 días para poder recolectar los elementos necesarios que permitieran fundar la acusación en contra de la santaneca.
Las labores fiscales fueron completadas, pero la infección de Godoy Morán paró el proceso rotundamente.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
