Judicial
Mauricio Funes y La Michy con cuarta orden de captura por caso «Chaparral»
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró una nueva orden de captura en contra del expresidente de la República Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, por el caso de corrupción en la construcción de la presa «El Chaparral» durante su gestión.
El caso ahora pasa al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador quien da un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones. En este mismo caso son procesados el extitular de CEL Leopoldo Samour; el empresario y amigo cercano de Funes Miguel Menéndez (Mecafé); Mario Pieragostini y José Enfraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.
El 4 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento en su contra por los delitos de lavado de dinero, activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
Las investigaciones apuntan que Funes realizó un pagó más de $108.5 millones a la empresa Astaldi (empresa italiana) luego de que esta dejara en abandono la construcción de la represa El Chaparral.
El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo señaló que de los $45 millones, Astaldi traspasó $3.5 millones para los imputados a través de dos empresas de Miguel Menéndez registradas en Panamá mientras que un millón de dólares sirvió para la instalación del Latín Spa, de Ada Michelle Guzmán.
El ministerio señaló que Funes no actuó como «actor directo pero sí tiene injerencia en la colocación del presidente de CEL que le giraba instrucciones no de forma oficial pero sí de una forma directa y también era secundado por Miguel Menéndez con quien también tenía tratos».
Esta sería la cuarta orden de aprehensión que el exmandario tiene en su contra. Actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.
Spa a nombre de Ada Mitchelle Guzmán
En el dictamen de acusación señala que Funes y Menéndez ocuparon empresas fachadas para que Astaldi transfiriera $3 millones que sirvieron para la creación y funcionamiento de una franquicia de masajes y peluquería denominada Latin America Spa, donde Guzmán era propietaria junto con su compañero de vida.
“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.
Información tomada de El Salvador Times.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
