Judicial
Mauricio Funes y La Michy con cuarta orden de captura por caso «Chaparral»
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró una nueva orden de captura en contra del expresidente de la República Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, por el caso de corrupción en la construcción de la presa «El Chaparral» durante su gestión.
El caso ahora pasa al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador quien da un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones. En este mismo caso son procesados el extitular de CEL Leopoldo Samour; el empresario y amigo cercano de Funes Miguel Menéndez (Mecafé); Mario Pieragostini y José Enfraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.
El 4 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento en su contra por los delitos de lavado de dinero, activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
Las investigaciones apuntan que Funes realizó un pagó más de $108.5 millones a la empresa Astaldi (empresa italiana) luego de que esta dejara en abandono la construcción de la represa El Chaparral.
El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo señaló que de los $45 millones, Astaldi traspasó $3.5 millones para los imputados a través de dos empresas de Miguel Menéndez registradas en Panamá mientras que un millón de dólares sirvió para la instalación del Latín Spa, de Ada Michelle Guzmán.
El ministerio señaló que Funes no actuó como «actor directo pero sí tiene injerencia en la colocación del presidente de CEL que le giraba instrucciones no de forma oficial pero sí de una forma directa y también era secundado por Miguel Menéndez con quien también tenía tratos».
Esta sería la cuarta orden de aprehensión que el exmandario tiene en su contra. Actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.
Spa a nombre de Ada Mitchelle Guzmán
En el dictamen de acusación señala que Funes y Menéndez ocuparon empresas fachadas para que Astaldi transfiriera $3 millones que sirvieron para la creación y funcionamiento de una franquicia de masajes y peluquería denominada Latin America Spa, donde Guzmán era propietaria junto con su compañero de vida.
“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.
Información tomada de El Salvador Times.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
