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Mauricio Funes y La Michy con cuarta orden de captura por caso «Chaparral»

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador giró una nueva orden de captura en contra del expresidente de la República Mauricio Funes y su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, por el caso de corrupción en la construcción de la presa «El Chaparral» durante su gestión. 

El caso ahora pasa al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador quien da un plazo de seis meses para continuar con las investigaciones. En este mismo caso son procesados el extitular de CEL Leopoldo Samour; el empresario y amigo cercano de Funes Miguel Menéndez (Mecafé); Mario Pieragostini y José Enfraín Quinteros, ambos representantes de Astaldi.

El 4 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el requerimiento en su contra por los delitos de lavado de dinero, activos, peculado, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.

Las investigaciones apuntan que Funes realizó un pagó más de $108.5 millones a la empresa Astaldi (empresa italiana) luego de que esta dejara en abandono la construcción de la represa El Chaparral.

El fiscal de la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero y Activo señaló que de los $45 millones, Astaldi traspasó $3.5 millones para los imputados a través de dos empresas de Miguel Menéndez registradas en Panamá mientras que un millón de dólares sirvió para la instalación del Latín Spa, de Ada Michelle Guzmán.

El ministerio señaló que Funes no actuó como «actor directo pero sí tiene injerencia en la colocación del presidente de CEL que  le giraba instrucciones no de forma oficial pero sí de una forma directa y también era secundado por Miguel Menéndez con quien también tenía tratos».

Esta sería la cuarta orden de aprehensión que el exmandario tiene en su contra. Actualmente se encuentra asilado en Nicaragua.  

Spa a nombre de Ada Mitchelle Guzmán

En el dictamen de acusación señala que Funes y Menéndez ocuparon empresas fachadas para que Astaldi transfiriera $3 millones que sirvieron para la creación y funcionamiento de una franquicia de masajes y peluquería denominada Latin America Spa, donde Guzmán era propietaria junto con su compañero de vida. 

“De esos fondos a nombre de esta sociedad, fueron  adquiridos dos inmuebles de alto valor comercial, uno en la Colonia  Maquilishuat, donde funcionaba el Spa, y otro en Sierra de Santa Elena, que era residencia de la señora Guzmán”, señaló en Twitter la Fiscalía. En este caso, Guzmán es acusada de lavado de dinero.

Información tomada de El Salvador Times.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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