Judicial
Magistrados de Sala encuentran indicios para ordenar nuevo proceso contra magistrado Escalante, quien se mantenía impune por el tocamiento a una niña de 10 años
La Sala Primero de lo Penal ordenó, este martes, realizar un nuevo juicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Escalante Díaz, quien el año pasado resultó beneficiado con una polémica resolución que lo absolvía de toda responsabilidad por el tocamiento a una niña de 10 años.
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en su cuenta de Twitter sobre el nuevo proceso que debe enfrentar Escalante: “Se anula resolución de la Cámara 1a. de lo Penal de la 1a. Sección del Centro y ordena apertura a juicio por delito de Agresión Sexual en Menor”.
El Ministerio Público celebra la decisión de los magistrados, sobre todo, porque tipifica claramente el delito, es decir, se encontraron suficientes indicios para que enfrente la justicia.
En marzo 2019 crecieron las críticas al sistema judicial tras poner en libertad a Escalante Díaz.
Decenas de organizaciones de mujeres, entidades de protección a los derechos de la niñez y el mismo Presidente de la República, Nayib Bukele, expresaron su indignación por lo sucedido.
A principios de noviembre pasado, la Fiscalía presentó un recurso para revertir el polémico fallo y a más de seis meses se tiene la decisión de los magistrados de la Cámara para que se procese a Escalante Díaz.
El Fiscal General, Raúl Melara, usó su cuenta personal en Twitter para expresar su satisfacción por la decisión de los magistrados: “Nos dieron la razón. El caso sigue”.
En ese mismo sentido y en la misma red social se expresó el Ministro de Trabajo, Rolando Castro: “Que bueno por la justicia salvadoreña, ya que estos magistrados, a veces hasta sus mismas jurisprudencias han cambiado, para emitir resoluciones que dejan legalmente muchas dudas”, dijo.
Duro revés a Martín Rogel
Ordenar un nuevo juicio contra Escalante Díaz también significa un duro revés a otro magistrado judicial. Se trata de Martín Rogel Zepeda, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, su colega y amigo.
Una investigación de El Faro revela cómo Rogel goza de poder para imponer sus criterios o favorecer a sus amigos, como fue el caso de Escalante.
Rogel Zepeda tiene nombramiento como magistrado propietario desde el mes de noviembre de 2018, como titular de la Cámara Tercera de lo Penal; pero continúa cubriendo en la Cámara Primera de lo Penal, conforme su anterior nombramiento en calidad de Propietario y también es Magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal y de la Sala de lo Constitucional.
Diario Digital Cronio publicó, en aquel momento, que una fuente cercana había revelado los tentáculos de Rogel Zepeda: “este súper magistrado controla los criterios judiciales de las tres cámaras con competencia penal de la capital y que tiene incidencia en la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal del país”.
VEA LA NOTA COMPLETA: El polémico magistrado, Martín Rogel, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz
Fue así como, Escalante Díaz solo se le atribuyó una falta por el tocamiento a la menor, que no implicaba cárcel si no una sanción de multa de 10 a 30 días.
Ahora, sin embargo, con la tipificación del delito el panorama cambia totalmente y solo hay que esperar que se ordene fecha para el juicio, además de conocer el tribunal que ventilará el caso.
Desde noviembre pasado, la niña, su hermano adolescente de 14 años y su madre huyeron del lugar donde vivían debido al escándalo que se originó. Se espera que la menor y sus familiares gocen de protección mientras se realiza el nuevo juicio y que la sentencia en verdad cambie.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
