Judicial
Magistrados de Sala encuentran indicios para ordenar nuevo proceso contra magistrado Escalante, quien se mantenía impune por el tocamiento a una niña de 10 años
La Sala Primero de lo Penal ordenó, este martes, realizar un nuevo juicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Eduardo Escalante Díaz, quien el año pasado resultó beneficiado con una polémica resolución que lo absolvía de toda responsabilidad por el tocamiento a una niña de 10 años.
La Fiscalía General de la República (FGR) publicó en su cuenta de Twitter sobre el nuevo proceso que debe enfrentar Escalante: “Se anula resolución de la Cámara 1a. de lo Penal de la 1a. Sección del Centro y ordena apertura a juicio por delito de Agresión Sexual en Menor”.
El Ministerio Público celebra la decisión de los magistrados, sobre todo, porque tipifica claramente el delito, es decir, se encontraron suficientes indicios para que enfrente la justicia.
En marzo 2019 crecieron las críticas al sistema judicial tras poner en libertad a Escalante Díaz.
Decenas de organizaciones de mujeres, entidades de protección a los derechos de la niñez y el mismo Presidente de la República, Nayib Bukele, expresaron su indignación por lo sucedido.
A principios de noviembre pasado, la Fiscalía presentó un recurso para revertir el polémico fallo y a más de seis meses se tiene la decisión de los magistrados de la Cámara para que se procese a Escalante Díaz.
El Fiscal General, Raúl Melara, usó su cuenta personal en Twitter para expresar su satisfacción por la decisión de los magistrados: “Nos dieron la razón. El caso sigue”.
En ese mismo sentido y en la misma red social se expresó el Ministro de Trabajo, Rolando Castro: “Que bueno por la justicia salvadoreña, ya que estos magistrados, a veces hasta sus mismas jurisprudencias han cambiado, para emitir resoluciones que dejan legalmente muchas dudas”, dijo.
Duro revés a Martín Rogel
Ordenar un nuevo juicio contra Escalante Díaz también significa un duro revés a otro magistrado judicial. Se trata de Martín Rogel Zepeda, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, su colega y amigo.
Una investigación de El Faro revela cómo Rogel goza de poder para imponer sus criterios o favorecer a sus amigos, como fue el caso de Escalante.
Rogel Zepeda tiene nombramiento como magistrado propietario desde el mes de noviembre de 2018, como titular de la Cámara Tercera de lo Penal; pero continúa cubriendo en la Cámara Primera de lo Penal, conforme su anterior nombramiento en calidad de Propietario y también es Magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal y de la Sala de lo Constitucional.
Diario Digital Cronio publicó, en aquel momento, que una fuente cercana había revelado los tentáculos de Rogel Zepeda: “este súper magistrado controla los criterios judiciales de las tres cámaras con competencia penal de la capital y que tiene incidencia en la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal del país”.
VEA LA NOTA COMPLETA: El polémico magistrado, Martín Rogel, señalado de controlar el criterio judicial de las tres Cámaras de lo Penal, y señalado de excluir de responsabilidad al magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz
Fue así como, Escalante Díaz solo se le atribuyó una falta por el tocamiento a la menor, que no implicaba cárcel si no una sanción de multa de 10 a 30 días.
Ahora, sin embargo, con la tipificación del delito el panorama cambia totalmente y solo hay que esperar que se ordene fecha para el juicio, además de conocer el tribunal que ventilará el caso.
Desde noviembre pasado, la niña, su hermano adolescente de 14 años y su madre huyeron del lugar donde vivían debido al escándalo que se originó. Se espera que la menor y sus familiares gocen de protección mientras se realiza el nuevo juicio y que la sentencia en verdad cambie.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Judicial
14 integrantes de la Barra Brava del Alianza enfrentan audiencia por ataque a bus de aficionados del FAS
Este martes, se desarrolla audiencia inicial en contra de 14 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club, acusados de realizar actos de intolerancia en la vía pública, el pasado 25 de octubre.
Los involucrados lanzaron botellas de vidrio, piedras y otros objetos a un bus que transportaba a seguidores del FAS, después de la disputa de un partido entre ambos equipos.
Este hecho dejó a varias personas lesionadas.
Hemos procedido a la captura de los responsables del ataque contra un autobús que transportaba aficionados del equipo de fútbol FAS.
Todos los detenidos son aficionados del Alianza.
El hecho se registró esta tarde sobre el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, en… pic.twitter.com/08PMLBQbdF
— PNC El Salvador (@PNCSV) October 26, 2025
Todos son procesados por los siguientes delitos:
Desórdenes públicos agravados
Daños agravados
Lesiones
La audiencia se lleva a cabo ante el Juzgado de Paz de San Juan Opico, La Libertad Centro.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
