Judicial
Llevan ante la justicia a pandilleros homicidas de agente en Nueva Concepción
Los tres terroristas homicidas del agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Maximino Vásquez Rodríguez, el pasado 16 de mayo en Nueva Concepción, Chalatenango, fueron acusados hoy Juzgado Especializado de Instrucción A1 de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) en la solicitud de imposición de medidas presentada ha pedido que Francis Antonio Gómez Calderón, alias «monkey o mono»; José Armando Gutiérrez, alias «sapo» o «verde»; y Salvador Enrique Portillo, alias «el C4», sigan en prisión.
Los tres miembros de la Mara Salvatrucha son acusados de los delitos de homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
En el expediente judicializado la representación fiscal los señala como los responsables del crimen. El agente Vásquez Rodríguez fue asesinado cuando patrullaba en el cantón El Zapote, del referido municipio.
Según las investigaciones del ministerio público, el policía fue atacado por los pandilleros quienes pueden pasar más de 50 años en la cárcel al ser encontrados culpables por el homicidio del agente.
Los tres terroristas son miembros de la clica Fulton Locos Salvatruchos, del programa Hollywood, de la MS-13, en Chalatenango, esta estructura terrorista se ha dedicado al tráfico de armas, tráfico de drogas y extorsiones en la zona.
Los pandilleros fueron detenidos en el marco del cerco de seguridad que el pasado 17 de mayo fue ordenado el presidente Nayib Bukele. Desde ese día, se instalaron 5,000 militares y 500 policías para ubicar a los responsables del homicidio del agente Vásquez y toda la estructura, incluyendo a sus colaboradores.
Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.
Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.
La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.
Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.
Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.
No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.
Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
