Judicial
La Sala debe resolver en 15 días sobre el Decreto 661 de Ley de Emergencia
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen 15 días para resolver sobre el Decreto Legislativo 661, que contiene una Ley de Emergencia y medidas económicas vetadas por el Presidente Nayib Bukele porque no defienden la vida, habilitan el transporte colectivo y respaldan otras disposiciones que afectan la lucha contra la pandemia.
En el último mes la Sala no se había pronunciado sobre este tema, pero ayer admitió la controversia. Esto, según el artículo 138 de la Constitución de la República, implica resolver en 15 días hábiles, por lo que es importante que los magistrados del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia resuelvan para dar certeza jurídica a El Salvador en el marco de la pandemia de Covid-19.
Abogados aseguran que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa han cercenado las facultades legales del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar el nuevo coronavirus, debilitando al Código de Salud que da facultades muy endebles a las autoridades sanitarias y limita la búsqueda de casos, nexos epidemiológicos y no permite realizar una cuarentena estricta por 15 días, al menos.
Dijeron, que esta cuarentena estricta y según informes epidemiológicos, es la única medida para bajar la curva de contagio de COVID-19 y reducir el numero de fallecidos, algo que depende del Régimen de Excepción que está pendiente en la Asamblea Legislativa de aprobación y de la resolución de la Sala sobre la controversia.
Otros sectores de la sociedad han hecho un llamado a todos los órganos de Estado, a ponerse de acuerdo y a definir estrategias conjuntas para enfrentar el COVID-19, que de momento ha dejado un saldo 379 fallecidos y 13,792 casos confirmados en todo El Salvador.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud siguen la pista a 13,988 personas como sospechosas de haber contraído el virus.
Las autoridades de Salud confirman que hasta este jueves se han realizado 221,820 pruebas de COVID-19, siendo El Salvador pionero en realizar ese tipo de pruebas en el Istmo.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
