Judicial
La Sala debe resolver en 15 días sobre el Decreto 661 de Ley de Emergencia
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen 15 días para resolver sobre el Decreto Legislativo 661, que contiene una Ley de Emergencia y medidas económicas vetadas por el Presidente Nayib Bukele porque no defienden la vida, habilitan el transporte colectivo y respaldan otras disposiciones que afectan la lucha contra la pandemia.
En el último mes la Sala no se había pronunciado sobre este tema, pero ayer admitió la controversia. Esto, según el artículo 138 de la Constitución de la República, implica resolver en 15 días hábiles, por lo que es importante que los magistrados del máximo tribunal de la Corte Suprema de Justicia resuelvan para dar certeza jurídica a El Salvador en el marco de la pandemia de Covid-19.
Abogados aseguran que la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa han cercenado las facultades legales del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para enfrentar el nuevo coronavirus, debilitando al Código de Salud que da facultades muy endebles a las autoridades sanitarias y limita la búsqueda de casos, nexos epidemiológicos y no permite realizar una cuarentena estricta por 15 días, al menos.
Dijeron, que esta cuarentena estricta y según informes epidemiológicos, es la única medida para bajar la curva de contagio de COVID-19 y reducir el numero de fallecidos, algo que depende del Régimen de Excepción que está pendiente en la Asamblea Legislativa de aprobación y de la resolución de la Sala sobre la controversia.
Otros sectores de la sociedad han hecho un llamado a todos los órganos de Estado, a ponerse de acuerdo y a definir estrategias conjuntas para enfrentar el COVID-19, que de momento ha dejado un saldo 379 fallecidos y 13,792 casos confirmados en todo El Salvador.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud siguen la pista a 13,988 personas como sospechosas de haber contraído el virus.
Las autoridades de Salud confirman que hasta este jueves se han realizado 221,820 pruebas de COVID-19, siendo El Salvador pionero en realizar ese tipo de pruebas en el Istmo.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
