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Juzgado ordena detención para hermano de Sigfrido Reyes e impone medidas a Byron Larrazábal
Foto: Cortesía
El Juzgado 6° de Instrucción de San Salvador decretó esta mañana, una orden de detención en contra de Earle René Reyes Morales, hermano del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, debido a que no se presentó a la audiencia especial de notificación de medidas.
Junto a Reyes había sido citado Byron Enrique Larrazábal Areválo, quien si se presentó y contra quien impuso las siguientes medidas: No cambiar de domicilio, no salir del país, entregar el pasaporte al Juzgado y presentarse a firmar cada martes y viernes de todas las semanas hasta antes de la audiencia preliminar.
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En cuanto a Reyes Morales, sus abogados aseguraron que éste vive en Suecia y que está enfermo, además de no tener las dosis de las inyecciones contra el coronavirus; sin embargo, el juzgador consideró que las pruebas eran insuficientes, pues como constancia de su enfermedad presentó un diagnóstico de hace varios meses.
A criterio del juez no tener las dosis no es justificación, pues en Europa es factible comprarlas y además, él fue notificado de esta audiencia hace más de un mes, tiempo suficiente para haber planificado las inyecciones.
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En cuanto a la supuesta enfermedad se requiere contar con el informe del Instituto de Medicina Legal, por lo que si él se hubiese presentado se le hubiera ordenado a Medicina Legal hacerle las pruebas respectivas.
El juez aseguró que la orden de detención estará vigente, pero que, si posteriormente se comprueba lo de su enfermedad presentándose al juzgado, podría entonces ser modificada por medidas alternas a la detención.
La audiencia especial de notificación de medidas se dio luego que la Cámara Tercera de lo Penal anulara una orden de captura contra ambos y ordenara al Juzgado Sexto de Instrucción a realizar dicha audiencia para imponer medidas alternas a la detención, por lo que ambos fueron debidamente citados.
Los dos imputados son acusados de lavado de dinero y activos, a Larrazábal además se le atribuye estafa agravada en perjuicio del IPSFA por la compra de cinco lotes en Antiguo Cuscatlán, presuntamente a un costo por debajo de lo estimulado.
Según fiscalía, el monto atribuido a Byron Larrazábal es de $1.500.000, mientras que, a Reyes, $500.000, montos que deberán justificar su origen durante el proceso.
En esta causa penal se procesa a un total de 14 personas, entre estas el ex presidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Othón Reyes, su esposa Susi Melara Rodríguez, Kevin Mauricio Larrazábal entre otros, son acusados de lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimientos de deberes.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
