Judicial
Juzgado decreta apertura de juicio contra sujeto que se hacia pasar como empleado del MINED para cometer estafa
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Nelson Alberto Alarcón Guevara, de 23 años, acusado de estafa agravada en perjuicio de cinco víctimas y falsificación, tenencia de sellos oficiales, especies fiscales o billetes de lotería.
El primer delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 215 y 216, numeral 2 del Código Penal; mientras que el segundo está estipulado en el Artículo 280, inciso segundo del mismo código, en perjuicio de la fe pública. Todo lo anterior bajo la modalidad de concurso real de delitos, en base al Artículo 41 del Código Penal.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público ofertó prueba testimonial, pericial y documental que le fue aceptada para la siguiente etapa del proceso, que es la vista pública a realizarse en uno de los Tribunales de Sentencia de esta ciudad.
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y noviembre de 2017, cuando el imputado seleccionaba personas profesionales académicamente y que aspiraban a tener un trabajo gubernamental. Las convocaba a reuniones en diferentes cafeterías donde se presentaba como “delegado de recursos humanos de asuntos estratégicos y contrataciones del Ministerio de Educación (MINED)”.
Además, les decía sobre plazas laborales en diferentes puestos dentro de la referida institución; recibía las hojas de vida de las víctimas, daba lineamientos sobre el proceso de contratación y finalmente solicitaba diferentes cantidades económicas para poder otorgar esas plazas de trabajo.
El imputado manifestaba que era la única persona encargada para la contratación de personal y para acreditar su vínculo laboral con el MINED mostraba credenciales firmadas y selladas en original, por lo que las víctimas creían lo que les decía.
Una vez recibía el dinero, les decía que el proceso ya estaba en manos del Tribunal Calificador de la Carrera Docente y que para acelerar el proceso debían desembolsar otras cantidades de dinero.
Posteriormente, se reunía con sus víctimas y les entregaba documentación firmada y sellada en original con el sello del MINED, del Tribunal Calificador y del Ministerio de Hacienda, donde aparentemente las plazas ya estaban aprobadas; y que sólo esperaran la llamada para firmar el contrato.
Pero los meses transcurrían y las víctimas que eran todas de un mismo círculo de conocidos se dieron cuenta de la estafa; y en noviembre de 2018 interpusieron la denuncia en sede policial.
El monto del desfalco en perjuicio de las cinco víctimas asciende a más de 50 mil dólares, según consta en las diligencias judiciales.
Foto Referencia.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
