Judicial
Juzgado decreta apertura de juicio contra sujeto que se hacia pasar como empleado del MINED para cometer estafa
El Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio contra Nelson Alberto Alarcón Guevara, de 23 años, acusado de estafa agravada en perjuicio de cinco víctimas y falsificación, tenencia de sellos oficiales, especies fiscales o billetes de lotería.
El primer delito se encuentra tipificado y sancionado en el Artículo 215 y 216, numeral 2 del Código Penal; mientras que el segundo está estipulado en el Artículo 280, inciso segundo del mismo código, en perjuicio de la fe pública. Todo lo anterior bajo la modalidad de concurso real de delitos, en base al Artículo 41 del Código Penal.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público ofertó prueba testimonial, pericial y documental que le fue aceptada para la siguiente etapa del proceso, que es la vista pública a realizarse en uno de los Tribunales de Sentencia de esta ciudad.
Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron entre los meses de junio y noviembre de 2017, cuando el imputado seleccionaba personas profesionales académicamente y que aspiraban a tener un trabajo gubernamental. Las convocaba a reuniones en diferentes cafeterías donde se presentaba como “delegado de recursos humanos de asuntos estratégicos y contrataciones del Ministerio de Educación (MINED)”.
Además, les decía sobre plazas laborales en diferentes puestos dentro de la referida institución; recibía las hojas de vida de las víctimas, daba lineamientos sobre el proceso de contratación y finalmente solicitaba diferentes cantidades económicas para poder otorgar esas plazas de trabajo.
El imputado manifestaba que era la única persona encargada para la contratación de personal y para acreditar su vínculo laboral con el MINED mostraba credenciales firmadas y selladas en original, por lo que las víctimas creían lo que les decía.
Una vez recibía el dinero, les decía que el proceso ya estaba en manos del Tribunal Calificador de la Carrera Docente y que para acelerar el proceso debían desembolsar otras cantidades de dinero.
Posteriormente, se reunía con sus víctimas y les entregaba documentación firmada y sellada en original con el sello del MINED, del Tribunal Calificador y del Ministerio de Hacienda, donde aparentemente las plazas ya estaban aprobadas; y que sólo esperaran la llamada para firmar el contrato.
Pero los meses transcurrían y las víctimas que eran todas de un mismo círculo de conocidos se dieron cuenta de la estafa; y en noviembre de 2018 interpusieron la denuncia en sede policial.
El monto del desfalco en perjuicio de las cinco víctimas asciende a más de 50 mil dólares, según consta en las diligencias judiciales.
Foto Referencia.
Judicial
Condenan a dos extranjeros a 13 años de cárcel por transportar 150 kilos de cocaína en La Libertad Costa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 13 años de prisión a cada uno de dos extranjeros por tráfico ilícito de drogas, tras un procedimiento en el que fueron incautados 150 kilogramos de cocaína. El cargamento tenía un valor comercial estimado de $3,770,000, según los análisis periciales incorporados al proceso.
Los condenados son Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Harinton Javier Ruiz, nicaragüense. Ambos fueron intervenidos el 5 de noviembre de 2025, después de que elementos de la Fuerza Aérea y de la Marina Nacional detectaran la embarcación en la que navegaban frente a las costas salvadoreñas.
El procedimiento continuó en la playa La Bocana de Mizata, en La Libertad Costa, donde las autoridades inspeccionaron la lancha. Durante la revisión encontraron cinco bultos que contenían 150 paquetes de cocaína, con un peso total de 150 kilogramos, confirmado mediante las pericias realizadas.
La sentencia fue emitida tras la valoración de los elementos presentados durante el juicio, entre ellos las inspecciones y los análisis de la sustancia decomisada. El tribunal estableció la responsabilidad de los dos procesados por el transporte del cargamento e impuso la misma pena de prisión a ambos.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió el 20 de octubre tres dictámenes favorables para reformar los códigos Penal y Procesal Penal, además de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las propuestas buscan combatir la conducción peligrosa y reforzar la responsabilidad de quienes operan o entregan vehículos de transporte colectivo y de carga.
El paquete contempla conducir con alcohol en la sangre o el aliento, bajo efectos de drogas, disputar la vía o participar en carreras sin autorización. También incorpora manejar autobuses o vehículos de carga sin la licencia correspondiente y responsabilizar a los propietarios que entreguen estas unidades a personas que no estén habilitadas para conducirlas.
Durante la discusión se señalaron penas de dos a cinco años por conducción peligrosa y de cinco a diez años cuando se trate de transporte público de pasajeros o de carga. Si estos hechos provocan homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años para los conductores de esas unidades. Estos rangos ya aparecen en la reforma penal de diciembre de 2024, por lo que no deben presentarse como aumentos completamente nuevos.
Otro componente busca restringir la conciliación y otras formas de terminar el proceso en determinados casos vinculados con conducción peligrosa, además de fortalecer los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos. El informe oficial consultado confirma el aval de la comisión; esa etapa debe distinguirse de la aprobación del pleno y de la posterior entrada en vigor de las reformas.
Cuando la conducción peligrosa termina en una tragedia, las penas del homicidio culposo o de las lesiones culposas se incrementan hasta un máximo de 15 años si el responsable conduce un vehículo de transporte colectivo o de carga.
“Hay algo importante en esta reforma y es que estos casos ya no se podrán cerrar con un arreglo, no va a proceder la conciliación, no va a proceder la mediación ni tampoco alegar, eventualmente ante el juez, la reparación del daño como forma o causal para terminar el proceso”, @FiscalGeneralSV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 20, 2026
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
