Judicial
Juzgado Ambientalista de San Salvador gira aviso a la FGR para investigar a la alcaldía capitalina de posible delito de contaminación ambiental en La Libertad
El juzgado Ambientalista de San Salvador ha girado un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue un posible caso de contaminación ambiental en la planta de transferencia Aragón, ubicada en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Esto debido a que habitantes de dicho sector se han quejado por el ambiente insalubre que está generando el traslado de la basura de San Salvador hasta el relleno sanitario del cantón Melara, el cual no cuenta con la capacidad suficiente para albergar miles de toneladas de desechos sólidos.
La decisión de llevar allí la basura de la capital, ha sido por orden del alcalde capitalino Ernesto Muyshondt desde finales de 2018, tras un impasse en la renovación del contrato con la empresa MIDES, de ahí, el aviso del juzgado Ambientalista de San Salvador para la FGR para que indague a la comuna capitalina administrada actualmente por Ernesto Muyshondt de una posible contaminación ambiental en el cantón Melara.
“Se debe certificar el presente expediente a la Fiscalía General de la República a efecto que promueva la acción que corresponda. Así mismo, para que investigue la presunta comisión el delito de Contaminación Ambiental del art. 225 Pn. Por las acciones detectadas en la Planta Aragón y en la quebrada El Garrobo que colinda con la misma”, reza el aviso emitido por el juzgado el martes 5 de marzo del corriente año.
Los promontorios de basura que ahí se están acumulando corre el riesgo de una posible contaminación en el aire y en las aguas de la quebrada El Garrobo, lo que lleva a un peligro latente para las diversas comunidades que se ubican en las inmediaciones de la planta de transferencia.
El del aviso a la FGR, el juzgado también ha dejaron en claro una serie de medidas cautelares que la alcaldía de San Salvador debe cumplir de forma “urgente”.
Entre ella está el de “suspender de manera inmediata, es decir que dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de este proveído, el vertido directo de lixiviados al suelo del inmueble en que se ubica la referida planta y la quebrada El Garrobo que se ubica al costado sur oeste de tal inmueble”.
Así mismo se le ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizar una auditoría de evaluación ambiental en la Planta de Transferencia Aragón, debiendo presentar a esta sede el resultado de esta en un plazo de quince días hábiles posterior a la ejecución de la auditoría”.
Las medidas antes expuestas son “de carácter obligatorio” y de no ser cumplidas quienes no las acaten caerán en el “delito de desobediencia”.
Judicial
Cárcel para sujeto que asesinó brutalmente asesinó a su hija de 7 años y maltrató a otros tres niños
El Juzgado Especializado de Santa Ana condenó a 59 años de prisión a Neftalí Antonio Martínez Pimentel por feminicidio agravado y maltrato infantil.
La condena incluye 50 años por la muerte de su hija de 7 años, quien fue golpeada violentamente tras un incidente y sufrió graves lesiones que le causaron la muerte. Además, fue sentenciado a 9 años por maltratar a sus otros tres hijos.
La Fiscalía detalló que la víctima no recibió atención médica y falleció en la vivienda familiar en Ahuachapán, tras ser abandonada por los adultos responsables. La madrastra ya fue condenada en otro proceso relacionado al caso.
Judicial
Tribunal de San Salvador procesa a 69 pandilleros de la MS por extorsión, homicidios y narcotráfico; fallo será el 20 de junio
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador concluyó la audiencia preliminar contra 69 miembros de la Mara Salvatrucha (MS), quienes enfrentan múltiples acusaciones, entre ellas extorsión, homicidio y tráfico de drogas. La Fiscalía General de la República solicitó que todos sean llevados a juicio y se espera que el fallo se emita el próximo 20 de junio.
Según la investigación fiscal, los imputados extorsionaban a comerciantes del centro de San Salvador y municipios cercanos, como Rosario de Mora, Tonacatepeque, Ciudad Delgado y Cuscatancingo, exigiendo pagos semanales, mensuales e incluso el aguinaldo. Además, se les atribuye la venta de cocaína y marihuana, así como homicidios por sospechas de colaboración con la Policía, y amenazas para que personas abandonaran las zonas bajo su control.
Los cargos también incluyen agrupaciones ilícitas, conspiración en homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito y uso de documentos falsos. Los delitos ocurrieron entre 2021 y 2022.
Por otra parte, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado condenó recientemente a 10 años de prisión a una estructura de 10 personas vinculadas a la MS-13 por limitación ilegal a la libre circulación. En este caso, las víctimas fueron amenazadas y agredidas por no cumplir con las normas impuestas por la pandilla en Santa Tecla, La Libertad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una pena de 10 años de prisión a diez integrantes de la pandilla MS-13, luego de ser encontrados culpables del delito de limitación ilegal a la libre circulación, en perjuicio de dos ciudadanos en Santa Tecla, departamento de La Libertad.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando las víctimas se dirigían a la zona conocida como Finca Sucesión. En el trayecto fueron interceptadas por dos pandilleros que cuestionaron su corte de cabello, señalando que «no era apropiado para ese lugar» y amenazándolos de muerte.
Minutos después, al intentar retirarse, ambos hombres fueron atacados por otros ocho sujetos que los golpearon durante aproximadamente cinco minutos. Al día siguiente, los mismos fueron nuevamente interceptados por miembros armados de la estructura criminal, quienes los amenazaron con matarlos si no abandonaban su residencia.
Las víctimas, atemorizadas, huyeron de la zona y denunciaron los hechos ante la Policía Nacional Civil.
De los diez condenados, seis fueron procesados en ausencia, en aplicación de las reformas al Código Penal que permiten juzgar a imputados prófugos. Los otros cuatro —identificados como José Feliciano Hernández Tolentino, Ramón de Jesús Avilés Crespín, José Alexander Flores Hernández y Rigoberto de Jesús Pérez Tolentino— ya se encuentran recluidos cumpliendo otras condenas.
