Judicial
Juzgado Ambientalista de San Salvador gira aviso a la FGR para investigar a la alcaldía capitalina de posible delito de contaminación ambiental en La Libertad
El juzgado Ambientalista de San Salvador ha girado un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue un posible caso de contaminación ambiental en la planta de transferencia Aragón, ubicada en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Esto debido a que habitantes de dicho sector se han quejado por el ambiente insalubre que está generando el traslado de la basura de San Salvador hasta el relleno sanitario del cantón Melara, el cual no cuenta con la capacidad suficiente para albergar miles de toneladas de desechos sólidos.
La decisión de llevar allí la basura de la capital, ha sido por orden del alcalde capitalino Ernesto Muyshondt desde finales de 2018, tras un impasse en la renovación del contrato con la empresa MIDES, de ahí, el aviso del juzgado Ambientalista de San Salvador para la FGR para que indague a la comuna capitalina administrada actualmente por Ernesto Muyshondt de una posible contaminación ambiental en el cantón Melara.
“Se debe certificar el presente expediente a la Fiscalía General de la República a efecto que promueva la acción que corresponda. Así mismo, para que investigue la presunta comisión el delito de Contaminación Ambiental del art. 225 Pn. Por las acciones detectadas en la Planta Aragón y en la quebrada El Garrobo que colinda con la misma”, reza el aviso emitido por el juzgado el martes 5 de marzo del corriente año.
Los promontorios de basura que ahí se están acumulando corre el riesgo de una posible contaminación en el aire y en las aguas de la quebrada El Garrobo, lo que lleva a un peligro latente para las diversas comunidades que se ubican en las inmediaciones de la planta de transferencia.
El del aviso a la FGR, el juzgado también ha dejaron en claro una serie de medidas cautelares que la alcaldía de San Salvador debe cumplir de forma “urgente”.
Entre ella está el de “suspender de manera inmediata, es decir que dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de este proveído, el vertido directo de lixiviados al suelo del inmueble en que se ubica la referida planta y la quebrada El Garrobo que se ubica al costado sur oeste de tal inmueble”.
Así mismo se le ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizar una auditoría de evaluación ambiental en la Planta de Transferencia Aragón, debiendo presentar a esta sede el resultado de esta en un plazo de quince días hábiles posterior a la ejecución de la auditoría”.
Las medidas antes expuestas son “de carácter obligatorio” y de no ser cumplidas quienes no las acaten caerán en el “delito de desobediencia”.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
