Judicial
Juzgado Ambientalista de San Salvador gira aviso a la FGR para investigar a la alcaldía capitalina de posible delito de contaminación ambiental en La Libertad
El juzgado Ambientalista de San Salvador ha girado un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue un posible caso de contaminación ambiental en la planta de transferencia Aragón, ubicada en el cantón Melara del Puerto de La Libertad.
Esto debido a que habitantes de dicho sector se han quejado por el ambiente insalubre que está generando el traslado de la basura de San Salvador hasta el relleno sanitario del cantón Melara, el cual no cuenta con la capacidad suficiente para albergar miles de toneladas de desechos sólidos.
La decisión de llevar allí la basura de la capital, ha sido por orden del alcalde capitalino Ernesto Muyshondt desde finales de 2018, tras un impasse en la renovación del contrato con la empresa MIDES, de ahí, el aviso del juzgado Ambientalista de San Salvador para la FGR para que indague a la comuna capitalina administrada actualmente por Ernesto Muyshondt de una posible contaminación ambiental en el cantón Melara.
“Se debe certificar el presente expediente a la Fiscalía General de la República a efecto que promueva la acción que corresponda. Así mismo, para que investigue la presunta comisión el delito de Contaminación Ambiental del art. 225 Pn. Por las acciones detectadas en la Planta Aragón y en la quebrada El Garrobo que colinda con la misma”, reza el aviso emitido por el juzgado el martes 5 de marzo del corriente año.
Los promontorios de basura que ahí se están acumulando corre el riesgo de una posible contaminación en el aire y en las aguas de la quebrada El Garrobo, lo que lleva a un peligro latente para las diversas comunidades que se ubican en las inmediaciones de la planta de transferencia.
El del aviso a la FGR, el juzgado también ha dejaron en claro una serie de medidas cautelares que la alcaldía de San Salvador debe cumplir de forma “urgente”.
Entre ella está el de “suspender de manera inmediata, es decir que dentro de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de este proveído, el vertido directo de lixiviados al suelo del inmueble en que se ubica la referida planta y la quebrada El Garrobo que se ubica al costado sur oeste de tal inmueble”.
Así mismo se le ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) realizar una auditoría de evaluación ambiental en la Planta de Transferencia Aragón, debiendo presentar a esta sede el resultado de esta en un plazo de quince días hábiles posterior a la ejecución de la auditoría”.
Las medidas antes expuestas son “de carácter obligatorio” y de no ser cumplidas quienes no las acaten caerán en el “delito de desobediencia”.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
