Judicial
Jueza dará a conocer resolución contra Munguía Payés este miércoles
Este martes fue desarrollada la audiencia de imposición de medidas en contra del General, David Victoriano Munguía Payés, a quien la Fiscalía General de la República (FGR), acusa de varios delitos relacionados a la tregua entre pandillas.
Aunque las partes aportaron elementos de prueba de cargo y descargo, la juzgadora aseguró que la resolución la dará a conocer mañana, tras conocer el resultado de un examen respecto a su condición de salud.
Según los fiscales de la Dirección contra la corrupción y la impunidad, al imputado se le procesa por su condición de Ministro de Justicia y Seguridad Pública, a partir de noviembre de 2011. Enfrenta los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
“Para este proceso se han ofrecido a tres personas que se les brindó criterio de oportunidad y quienes describen la actividad específica que ejerció el señor Munguía Payés”, explicó uno de los fiscales asignados al caso. Y es que a criterio del fiscal especializado a la Juzgadora le quedó claro que el imputado propició, promovió y facilitó diversos actos dentro de la denominada “Tregua entre pandillas” o “proceso de pacificación”.
“Por su función de Ministro de Justicia y Seguridad Pública, emitió órdenes a sus subalternos en la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil para que se les permitiera que cometieran diversos ilícitos, entre otras personas a los denominados ‘Facilitadores de la tregua’”, aseguró el fiscal.
En este proceso existe abundante elemento de prueba de tipo documental, pericial y testimonial con lo cual se espera obtener un resultado favorable en cuanto a que se espera a que el involucrado se le decrete la instrucción formal del proceso con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional.
Por su parte, la jueza admitió en audiencia que estaba lista para emitir esta misma tarde la resolución, pero debido a que la parte defensora presentó un dictamen del Hospital Militar, en el que se dice que el acusado padece de hipertensión, fue enviado al Instituto de Medicina Legal para que fuese evaluado y que se confirme o descarte dicho padecimiento.
Es así como las partes procesales volverán este 29 de los corrientes, a partir de las 10 de la mañana para ser notificados sobre la resolución de la aplicadora de justicia.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
