Judicial
Juez envía a joven a terapias para control de la ira y celos tras ser procesado por amenazar a su novia en un salón de belleza
Una fuerte discusión, mezclada con amenazas y palabras denigrantes, hizo que una persona llamara a la Unidad de Emergencias del 911, de la Policía Nacional Civil (PNC), para alertar que una mujer estaba siendo maltratada en el interior de un salón de belleza.
Inmediatamente, los agentes policiales llegaron al lugar y la denuncia era certera. Un joven, identificado como Ricardo E. Velázquez, de 23 años de edad, agredía verbalmente a su novia, quien se encontraba laborando en el sitio anteriormente mencionado a eso de las 7:45 de la noche del pasado 14 de julio.
El sujeto discutía de forma muy agresiva con su pareja, a quien le gritaba palabras obscenas y, a la vez, la amenazó a muerte.
La policía entrevistó a la víctima y ella manifestó que Velázquez le realizaba llamadas telefónicas durante todo el día, mismas que en muchas ocasiones no podía contestar por sus labores. El joven reacciona ante esto, pues muestra ataques de ira, de celos y surgen los reproches a su pareja.
Luego del testimonio de la víctima, quien dijo no tolerar el acoso de su novio, los policías detuvieron al sujeto por los delitos de amenazas y expresiones de violencia contra la mujer, por lo que fue procesado por el Juzgado 13° de Paz de San Salvador, que resolvió una suspensión condicional del procedimiento en la audiencia inicial.
El juez del caso consideró pertinente implementar diversas condiciones al joven, entre ellas Ingresar a unas terapias psicológicas de tratamiento para el manejo de la ira y los celos, no cambiar la dirección de su domicilio y ni de su trabajo, no generar maltrato ni físico ni verbal ni psicológico.
Para el cumplimiento de estas condiciones el proceso continua bajo el monitoreo de los Juzgados de Vigilancia y ejecución de la pena durante el periodo de un año.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) hizo justicia a favor de una menor logrando que Nelson Salmerón Rosales sea condenado a 32 años de prisión y Jaqueline Felicita Navarro Cruz a 20 años de cárcel.
Los abusos ocurrieron desde que la menor tenía 6 años hasta los 11. Salmerón se aprovechó de la confianza que tenía con la mamá de ella para agredirla sexualmente. La menor le contó a su madre, pero ella permitió que eso ocurriera y nunca hizo nada para evitarlo.
A raíz de la situación, la víctima tuvo cambios en su comportamiento, las autoridades del centro educativo lo notaron y ella les contó lo que sucedía. Los profesores alertaron a un familiar de la niña e inmediatamente interpusieron la denuncia.
Las condenas han sido impuestas por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
