Judicial
Juez de sentencia: Jesús Ulises García favorece ilegalmente al vinculado con mafia ítalo-canadiense y al exalcalde Héctor Silva
El juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García decidió librar de cargos a Matteo Pasquale, relacionado con la mafia ítalo-canadiense, favoreciéndolo en contra de la ley.
Este mismo juez fue quien previamente en el año 2014, giró orden de detención y libró oficio a Interpol contra el canadiense Matteo Pasquale, quien ha evadido todos estos años la justicia; y ahora este mismo juez lo absuelve sin realizar ninguna audiencia.
¿A qué obedece este cambio de decisión de este juez, quien en contra de la ley, favorece al socio de Héctor Silva, razón por la cual se le denunciará por el delito de prevaricato?
El abogado Sergio Portillo Toruño hizo llegar a este medio, información en la que se hace constar que el juez Jesús Ulises García del Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador decidió exonerar de toda responsabilidad penal ilegalmente al canadiense Matteo Pasquale, a quien en el pasado un informe periodístico publicado por El Diario de Hoy lo vinculó con integrantes de la mafia ítalo-canadiense, socios en la empresa canadiense CINTEC, compañía que realizó millonarios negocios con el ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva.
De acuerdo el abogado, el acusado fue citado por el Tribunal Quinto de Sentencia para ser intimado de la acusación promovida en su contra quien desde diciembre 2014 ha estado evadiendo la justicia, argumentando que no podía comparecer porque tenía otras órdenes de captura.
Como consecuencia de no comparecer al citatorio, el Tribunal le emitió orden de detención y desde entonces manifiesta el abogado Portillo Toruño, se ha intentado que se materialice su captura para que pudiera venir a rendir cuentas a la justicia, inclusive se giraron oficios por la que INTERPOL llegó a librar una alerta roja, habiéndoles ubicado en Canadá.
Durante ese tiempo, el abogado defensor de Matteo Pasquale brindó información falsa a la Sala de lo Constitucional, con tal de obtener el levantamiento de la orden de captura, pues por un lado al Tribunal de la causa le manifestaba que no era necesario citar al acusado y al Tribunal Constitucional le exponía lo contrario; aunque finalmente, se declaró sin lugar su petición de hábeas corpus.
Se trata del abogado René Medrano, quien también se encuentra defendiendo a su pariente y exdirector General de Tránsito, Edwin Flores, procesado en el caso de corrupción denominado “SITRAMSS” fraguado durante el Gobierno del FMLN. El exdirector de Tránsito guarda prisión preventiva a la fecha por esa acusación.
Lo que ahora denuncia Portillo Toruño, es que el juez de Sentencia favorece al acusado al cerrar intempestivamente el juicio, manifestando que han transcurrido más de 7 años sin que se haya podido celebrar audiencia, haciendo responsable a la víctima de no darle continuidad al proceso, cuando a todas luces ha sido el imputado quien ha evadido comparecer al juicio.
“No es posible que siga habiendo esta clase de impunidad y que personas que han estado asociados con organizaciones criminales puedan evitar ser llevados ante la justicia, por manipulaciones y argucias”, reprochó Portillo Toruño, quien además añadió que presentará una denuncia contra el juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García por el delito de prevaricato.
“Hago público este caso para que se siga poniendo en observación el trabajo de los jueces, porque no es posible que todos los buenos cambios promovidos por el presidente de la República y los diputados para que hoy tengamos un sistema de justicia honesto y transparente, choque con la realidad de oscuros intereses de personas vinculadas con la mafia y a Héctor Silva”, cerró diciendo.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
