Judicial
Juez de sentencia: Jesús Ulises García favorece ilegalmente al vinculado con mafia ítalo-canadiense y al exalcalde Héctor Silva
El juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García decidió librar de cargos a Matteo Pasquale, relacionado con la mafia ítalo-canadiense, favoreciéndolo en contra de la ley.
Este mismo juez fue quien previamente en el año 2014, giró orden de detención y libró oficio a Interpol contra el canadiense Matteo Pasquale, quien ha evadido todos estos años la justicia; y ahora este mismo juez lo absuelve sin realizar ninguna audiencia.
¿A qué obedece este cambio de decisión de este juez, quien en contra de la ley, favorece al socio de Héctor Silva, razón por la cual se le denunciará por el delito de prevaricato?
El abogado Sergio Portillo Toruño hizo llegar a este medio, información en la que se hace constar que el juez Jesús Ulises García del Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador decidió exonerar de toda responsabilidad penal ilegalmente al canadiense Matteo Pasquale, a quien en el pasado un informe periodístico publicado por El Diario de Hoy lo vinculó con integrantes de la mafia ítalo-canadiense, socios en la empresa canadiense CINTEC, compañía que realizó millonarios negocios con el ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva.
De acuerdo el abogado, el acusado fue citado por el Tribunal Quinto de Sentencia para ser intimado de la acusación promovida en su contra quien desde diciembre 2014 ha estado evadiendo la justicia, argumentando que no podía comparecer porque tenía otras órdenes de captura.
Como consecuencia de no comparecer al citatorio, el Tribunal le emitió orden de detención y desde entonces manifiesta el abogado Portillo Toruño, se ha intentado que se materialice su captura para que pudiera venir a rendir cuentas a la justicia, inclusive se giraron oficios por la que INTERPOL llegó a librar una alerta roja, habiéndoles ubicado en Canadá.
Durante ese tiempo, el abogado defensor de Matteo Pasquale brindó información falsa a la Sala de lo Constitucional, con tal de obtener el levantamiento de la orden de captura, pues por un lado al Tribunal de la causa le manifestaba que no era necesario citar al acusado y al Tribunal Constitucional le exponía lo contrario; aunque finalmente, se declaró sin lugar su petición de hábeas corpus.
Se trata del abogado René Medrano, quien también se encuentra defendiendo a su pariente y exdirector General de Tránsito, Edwin Flores, procesado en el caso de corrupción denominado “SITRAMSS” fraguado durante el Gobierno del FMLN. El exdirector de Tránsito guarda prisión preventiva a la fecha por esa acusación.
Lo que ahora denuncia Portillo Toruño, es que el juez de Sentencia favorece al acusado al cerrar intempestivamente el juicio, manifestando que han transcurrido más de 7 años sin que se haya podido celebrar audiencia, haciendo responsable a la víctima de no darle continuidad al proceso, cuando a todas luces ha sido el imputado quien ha evadido comparecer al juicio.
“No es posible que siga habiendo esta clase de impunidad y que personas que han estado asociados con organizaciones criminales puedan evitar ser llevados ante la justicia, por manipulaciones y argucias”, reprochó Portillo Toruño, quien además añadió que presentará una denuncia contra el juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García por el delito de prevaricato.
“Hago público este caso para que se siga poniendo en observación el trabajo de los jueces, porque no es posible que todos los buenos cambios promovidos por el presidente de la República y los diputados para que hoy tengamos un sistema de justicia honesto y transparente, choque con la realidad de oscuros intereses de personas vinculadas con la mafia y a Héctor Silva”, cerró diciendo.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
