Judicial
Juez de sentencia: Jesús Ulises García favorece ilegalmente al vinculado con mafia ítalo-canadiense y al exalcalde Héctor Silva
El juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García decidió librar de cargos a Matteo Pasquale, relacionado con la mafia ítalo-canadiense, favoreciéndolo en contra de la ley.
Este mismo juez fue quien previamente en el año 2014, giró orden de detención y libró oficio a Interpol contra el canadiense Matteo Pasquale, quien ha evadido todos estos años la justicia; y ahora este mismo juez lo absuelve sin realizar ninguna audiencia.
¿A qué obedece este cambio de decisión de este juez, quien en contra de la ley, favorece al socio de Héctor Silva, razón por la cual se le denunciará por el delito de prevaricato?
El abogado Sergio Portillo Toruño hizo llegar a este medio, información en la que se hace constar que el juez Jesús Ulises García del Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador decidió exonerar de toda responsabilidad penal ilegalmente al canadiense Matteo Pasquale, a quien en el pasado un informe periodístico publicado por El Diario de Hoy lo vinculó con integrantes de la mafia ítalo-canadiense, socios en la empresa canadiense CINTEC, compañía que realizó millonarios negocios con el ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva.
De acuerdo el abogado, el acusado fue citado por el Tribunal Quinto de Sentencia para ser intimado de la acusación promovida en su contra quien desde diciembre 2014 ha estado evadiendo la justicia, argumentando que no podía comparecer porque tenía otras órdenes de captura.
Como consecuencia de no comparecer al citatorio, el Tribunal le emitió orden de detención y desde entonces manifiesta el abogado Portillo Toruño, se ha intentado que se materialice su captura para que pudiera venir a rendir cuentas a la justicia, inclusive se giraron oficios por la que INTERPOL llegó a librar una alerta roja, habiéndoles ubicado en Canadá.
Durante ese tiempo, el abogado defensor de Matteo Pasquale brindó información falsa a la Sala de lo Constitucional, con tal de obtener el levantamiento de la orden de captura, pues por un lado al Tribunal de la causa le manifestaba que no era necesario citar al acusado y al Tribunal Constitucional le exponía lo contrario; aunque finalmente, se declaró sin lugar su petición de hábeas corpus.
Se trata del abogado René Medrano, quien también se encuentra defendiendo a su pariente y exdirector General de Tránsito, Edwin Flores, procesado en el caso de corrupción denominado “SITRAMSS” fraguado durante el Gobierno del FMLN. El exdirector de Tránsito guarda prisión preventiva a la fecha por esa acusación.
Lo que ahora denuncia Portillo Toruño, es que el juez de Sentencia favorece al acusado al cerrar intempestivamente el juicio, manifestando que han transcurrido más de 7 años sin que se haya podido celebrar audiencia, haciendo responsable a la víctima de no darle continuidad al proceso, cuando a todas luces ha sido el imputado quien ha evadido comparecer al juicio.
“No es posible que siga habiendo esta clase de impunidad y que personas que han estado asociados con organizaciones criminales puedan evitar ser llevados ante la justicia, por manipulaciones y argucias”, reprochó Portillo Toruño, quien además añadió que presentará una denuncia contra el juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García por el delito de prevaricato.
“Hago público este caso para que se siga poniendo en observación el trabajo de los jueces, porque no es posible que todos los buenos cambios promovidos por el presidente de la República y los diputados para que hoy tengamos un sistema de justicia honesto y transparente, choque con la realidad de oscuros intereses de personas vinculadas con la mafia y a Héctor Silva”, cerró diciendo.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
