Judicial
Juez de sentencia: Jesús Ulises García favorece ilegalmente al vinculado con mafia ítalo-canadiense y al exalcalde Héctor Silva
El juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García decidió librar de cargos a Matteo Pasquale, relacionado con la mafia ítalo-canadiense, favoreciéndolo en contra de la ley.
Este mismo juez fue quien previamente en el año 2014, giró orden de detención y libró oficio a Interpol contra el canadiense Matteo Pasquale, quien ha evadido todos estos años la justicia; y ahora este mismo juez lo absuelve sin realizar ninguna audiencia.
¿A qué obedece este cambio de decisión de este juez, quien en contra de la ley, favorece al socio de Héctor Silva, razón por la cual se le denunciará por el delito de prevaricato?
El abogado Sergio Portillo Toruño hizo llegar a este medio, información en la que se hace constar que el juez Jesús Ulises García del Tribunal 5º de Sentencia de San Salvador decidió exonerar de toda responsabilidad penal ilegalmente al canadiense Matteo Pasquale, a quien en el pasado un informe periodístico publicado por El Diario de Hoy lo vinculó con integrantes de la mafia ítalo-canadiense, socios en la empresa canadiense CINTEC, compañía que realizó millonarios negocios con el ex alcalde de San Salvador, Héctor Silva.
De acuerdo el abogado, el acusado fue citado por el Tribunal Quinto de Sentencia para ser intimado de la acusación promovida en su contra quien desde diciembre 2014 ha estado evadiendo la justicia, argumentando que no podía comparecer porque tenía otras órdenes de captura.
Como consecuencia de no comparecer al citatorio, el Tribunal le emitió orden de detención y desde entonces manifiesta el abogado Portillo Toruño, se ha intentado que se materialice su captura para que pudiera venir a rendir cuentas a la justicia, inclusive se giraron oficios por la que INTERPOL llegó a librar una alerta roja, habiéndoles ubicado en Canadá.
Durante ese tiempo, el abogado defensor de Matteo Pasquale brindó información falsa a la Sala de lo Constitucional, con tal de obtener el levantamiento de la orden de captura, pues por un lado al Tribunal de la causa le manifestaba que no era necesario citar al acusado y al Tribunal Constitucional le exponía lo contrario; aunque finalmente, se declaró sin lugar su petición de hábeas corpus.
Se trata del abogado René Medrano, quien también se encuentra defendiendo a su pariente y exdirector General de Tránsito, Edwin Flores, procesado en el caso de corrupción denominado “SITRAMSS” fraguado durante el Gobierno del FMLN. El exdirector de Tránsito guarda prisión preventiva a la fecha por esa acusación.
Lo que ahora denuncia Portillo Toruño, es que el juez de Sentencia favorece al acusado al cerrar intempestivamente el juicio, manifestando que han transcurrido más de 7 años sin que se haya podido celebrar audiencia, haciendo responsable a la víctima de no darle continuidad al proceso, cuando a todas luces ha sido el imputado quien ha evadido comparecer al juicio.
“No es posible que siga habiendo esta clase de impunidad y que personas que han estado asociados con organizaciones criminales puedan evitar ser llevados ante la justicia, por manipulaciones y argucias”, reprochó Portillo Toruño, quien además añadió que presentará una denuncia contra el juez 5.º de Sentencia, Jesús Ulises García por el delito de prevaricato.
“Hago público este caso para que se siga poniendo en observación el trabajo de los jueces, porque no es posible que todos los buenos cambios promovidos por el presidente de la República y los diputados para que hoy tengamos un sistema de justicia honesto y transparente, choque con la realidad de oscuros intereses de personas vinculadas con la mafia y a Héctor Silva”, cerró diciendo.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
