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Judicial

Imponen 31 años de prisión a hombre por intento de homicidio y otros delitos

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31 años de prisión deberá cumplir José Salvador Guevara, por intentar asesinar a un hombre, lesionar con arma blanca a una mujer y a un niño de seis años y por conducción ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego . Los hechos ocurrieron en cantón El Rodeo, del municipio de  Moncagua, San Miguel.

Con abundantes pruebas testimoniales, documentales y periciales, la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó en juicio al Tribunal Primero de Sentencia de  San Miguel, que el imputado actuó con alevosía y premeditación, al momento de cometer los ilícitos.

El tribunal impuso a Guevara, 15  años de prisión por homicidio agravado tentado, 10 por tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y 6 por lesiones (3 años por cada  víctima). En total deberá cumplir una sentencia de 31 años de cárcel.

Según la investigación fiscal, aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 22 de diciembre de 2022, las víctimas estaban descansando cuando escucharon ruido en el techo de la casa  y observaron que el imputado intentaba ingresar a la fuerza.  

“La víctima masculina le preguntó que quería y salió al patio a buscar un machete, estando ahí el imputado se bajó del techo y le disparó en la cabeza”, manifestó la fiscal del caso. Con el disparo, la víctima cayó al suelo y Guevara le quitó el machete  con el cual lo hirió en varias ocasiones en la cabeza y manos.

La esposa de la víctima y el hijo de 6 años, al ver el ataque intentaron detener al imputado pero también fueron lesionados.

Tras el ataque, Guevara se dio a la fuga y gracias a las investigaciones realizadas por la FGR el 21 de enero de este año lograron ubicarlo y capturarlo por orden administrativa.

La FGR determinó que el día del crimen imputado intentaba privar de libertad por segunda vez a la hija mayor -de 13 años- de la pareja y al verse descubierto cometió los crímenes.

En octubre de este año, la FGR logró que Guevara fuera condenado a 34 años y 8 meses de prisión por privación de libertad agravada y violación en menor o incapaz agravada en modalidad continuada, perjuicio de la  hija mayor de las víctimas.

El 27 de septiembre de 2022 el sujeto aprovechó que los padres de la niña estaban trabajando para privarla de libertad. Con amenazas se la llevó a una casa en donde la mantuvo secuestrada durante un mes, en el cual la maltrató y abusó sexualmente de ella.

Con esta condena, el ente fiscal logró dar justicia a todos lo miembros de la familia que fueron víctimas de Guevara.

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Judicial

Pasarán al Estado bienes por más de $362,000 confiscados a familia ligada a MS

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El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.

El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.

Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.

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Judicial

Exdiputado y su esposa son enviados a fase final de juicio por enriquecimiento ilícito

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La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.

La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.

La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.

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Judicial

Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones

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El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.

Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.

Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.

Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.

El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.

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