Judicial
Imponen 31 años de prisión a hombre por intento de homicidio y otros delitos
31 años de prisión deberá cumplir José Salvador Guevara, por intentar asesinar a un hombre, lesionar con arma blanca a una mujer y a un niño de seis años y por conducción ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego . Los hechos ocurrieron en cantón El Rodeo, del municipio de Moncagua, San Miguel.
Con abundantes pruebas testimoniales, documentales y periciales, la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó en juicio al Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que el imputado actuó con alevosía y premeditación, al momento de cometer los ilícitos.
El tribunal impuso a Guevara, 15 años de prisión por homicidio agravado tentado, 10 por tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y 6 por lesiones (3 años por cada víctima). En total deberá cumplir una sentencia de 31 años de cárcel.
Según la investigación fiscal, aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 22 de diciembre de 2022, las víctimas estaban descansando cuando escucharon ruido en el techo de la casa y observaron que el imputado intentaba ingresar a la fuerza.
“La víctima masculina le preguntó que quería y salió al patio a buscar un machete, estando ahí el imputado se bajó del techo y le disparó en la cabeza”, manifestó la fiscal del caso. Con el disparo, la víctima cayó al suelo y Guevara le quitó el machete con el cual lo hirió en varias ocasiones en la cabeza y manos.
La esposa de la víctima y el hijo de 6 años, al ver el ataque intentaron detener al imputado pero también fueron lesionados.
Tras el ataque, Guevara se dio a la fuga y gracias a las investigaciones realizadas por la FGR el 21 de enero de este año lograron ubicarlo y capturarlo por orden administrativa.
La FGR determinó que el día del crimen imputado intentaba privar de libertad por segunda vez a la hija mayor -de 13 años- de la pareja y al verse descubierto cometió los crímenes.
En octubre de este año, la FGR logró que Guevara fuera condenado a 34 años y 8 meses de prisión por privación de libertad agravada y violación en menor o incapaz agravada en modalidad continuada, perjuicio de la hija mayor de las víctimas.
El 27 de septiembre de 2022 el sujeto aprovechó que los padres de la niña estaban trabajando para privarla de libertad. Con amenazas se la llevó a una casa en donde la mantuvo secuestrada durante un mes, en el cual la maltrató y abusó sexualmente de ella.
Con esta condena, el ente fiscal logró dar justicia a todos lo miembros de la familia que fueron víctimas de Guevara.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
