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Judicial

Imponen 31 años de prisión a hombre por intento de homicidio y otros delitos

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31 años de prisión deberá cumplir José Salvador Guevara, por intentar asesinar a un hombre, lesionar con arma blanca a una mujer y a un niño de seis años y por conducción ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego . Los hechos ocurrieron en cantón El Rodeo, del municipio de  Moncagua, San Miguel.

Con abundantes pruebas testimoniales, documentales y periciales, la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó en juicio al Tribunal Primero de Sentencia de  San Miguel, que el imputado actuó con alevosía y premeditación, al momento de cometer los ilícitos.

El tribunal impuso a Guevara, 15  años de prisión por homicidio agravado tentado, 10 por tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y 6 por lesiones (3 años por cada  víctima). En total deberá cumplir una sentencia de 31 años de cárcel.

Según la investigación fiscal, aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 22 de diciembre de 2022, las víctimas estaban descansando cuando escucharon ruido en el techo de la casa  y observaron que el imputado intentaba ingresar a la fuerza.  

“La víctima masculina le preguntó que quería y salió al patio a buscar un machete, estando ahí el imputado se bajó del techo y le disparó en la cabeza”, manifestó la fiscal del caso. Con el disparo, la víctima cayó al suelo y Guevara le quitó el machete  con el cual lo hirió en varias ocasiones en la cabeza y manos.

La esposa de la víctima y el hijo de 6 años, al ver el ataque intentaron detener al imputado pero también fueron lesionados.

Tras el ataque, Guevara se dio a la fuga y gracias a las investigaciones realizadas por la FGR el 21 de enero de este año lograron ubicarlo y capturarlo por orden administrativa.

La FGR determinó que el día del crimen imputado intentaba privar de libertad por segunda vez a la hija mayor -de 13 años- de la pareja y al verse descubierto cometió los crímenes.

En octubre de este año, la FGR logró que Guevara fuera condenado a 34 años y 8 meses de prisión por privación de libertad agravada y violación en menor o incapaz agravada en modalidad continuada, perjuicio de la  hija mayor de las víctimas.

El 27 de septiembre de 2022 el sujeto aprovechó que los padres de la niña estaban trabajando para privarla de libertad. Con amenazas se la llevó a una casa en donde la mantuvo secuestrada durante un mes, en el cual la maltrató y abusó sexualmente de ella.

Con esta condena, el ente fiscal logró dar justicia a todos lo miembros de la familia que fueron víctimas de Guevara.

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Judicial

Condenan a 15 pandilleros de la MS-13 en San Miguel

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.

Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.

Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.

Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.

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Judicial

Prisión para dos miembros de la pandilla 18 por extorsión en San Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.

Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.

El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.

Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.

Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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