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Hombre golpea a joven con un envase de cerveza dentro de un bar y luego le da persecución para dispararle, hoy enfrenta la justicia
Foto: Centro Judicial
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de cárcel a José Alfredo Hernández García, por el crimen de Ronald Batres Cisneros cuando discutían en el interior de un bar, según información de el Centro Judicial Isidro Menéndez.
En el juicio declararon testigos de cargo, entre éstos “clave 10”, quien narró que el 13 de enero de 2007, en horas de la madrugada, se encontraba con la víctima y otros amigos más, departiendo bebidas alcohólicas, en el bar “la cantina del patrón”, ubicado en la Zona Rosa, en San Salvador.
De acuerdo al relato de los hechos, la discusión inició cuando le reclamaron al procesado Hernández García, por lanzar cubos de hielo, por lo que empezaron una pelea. La víctima quiso separarlos, momento que el imputado lo golpeó con una botella de vidrio, en el rostro y la cabeza, causándole múltiples heridas.
A raíz de esto, señaló “clave 10”, la víctima solicitó a sus amigos, que lo llevaran a un centro asistencial, para que lo atendieran y mientras se conducían a bordo de un pick up, sobre la avenida Manuel Enrique Araujo, el ahora condenado, a bordo de una camioneta, les dio alcance y le disparó, causándole la muerte de inmediato, dijo el testigo.
Según la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) la causa principal de que el joven de 21 años de edad, perdiera la vida fue una herida por disparo de arma que impactó en el tórax.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
