Judicial
FOTOS | Fiscalía presentó la solicitud de imposición de medidas en contra de una estructura dedicada al intercambio de pornografía infantil a nivel internacional
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador la solicitud de imposición de medidas cautelares contra una estructurada dedicada al intercambio de pornografía infantil a nivel internacional compuesta por 30 sujetos presentes y cuatro ausentes, los cuales fueron detenidos la madrugada del viernes 1 de octubre en diferentes departamentos del país.
Una de las fiscales del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, la Niñez y Adolescencia de la oficina de Zaragoza, dijo que el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador, será el que conocerá el caso y programó para el próximo martes 5 de octubre a las 8:00 de la mañana la audiencia de Imposición de Medidas, en la cual se estará solicitando la instrucción con detención contra los imputados presentes.
Entre los detenidos se encuentran los considerados cabecillas de la estructura, Javier Alfredo Iraheta López, creador y administrador de la red y Miguel Antonio Bernal Pérez; además de un policía, un enfermero del Ministerio de Salud, un exmilitar y 25 personas más, a quienes se les vincula con los delitos de Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas/os, Adolescentes o Personas con Discapacidad a Través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Agrupaciones Ilícitas.
La fiscal del caso informó que todo inició en el 2018, cuando se tuvo conocimiento mediante una denuncia ciudadana sobre la existencia de una red dedicada a divulgar y comercializar material pornográfico infantil, por lo que de inmediato iniciaron las investigaciones junto a la Unidad de Delitos Informáticos de la PNC para dar con el paradero de los culpables.
Las capturas se ejecutaron en los departamentos de La Libertad, San Salvador, Cabañas, Usulután, San Miguel, La Unión, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán y La Paz. Además, se ha logrado identificar participantes dentro de la red en el intercambio de material pornográfico infantil de países como: Pakistán, Indonesia, Vietnam, Ghana, Ecuador, México y Guatemala, entre otros.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
