Judicial
FOTOS | Fiscalía presentó la solicitud de imposición de medidas en contra de una estructura dedicada al intercambio de pornografía infantil a nivel internacional
La Fiscalía General de la República (FGR), presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador la solicitud de imposición de medidas cautelares contra una estructurada dedicada al intercambio de pornografía infantil a nivel internacional compuesta por 30 sujetos presentes y cuatro ausentes, los cuales fueron detenidos la madrugada del viernes 1 de octubre en diferentes departamentos del país.
Una de las fiscales del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, la Niñez y Adolescencia de la oficina de Zaragoza, dijo que el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador, será el que conocerá el caso y programó para el próximo martes 5 de octubre a las 8:00 de la mañana la audiencia de Imposición de Medidas, en la cual se estará solicitando la instrucción con detención contra los imputados presentes.
Entre los detenidos se encuentran los considerados cabecillas de la estructura, Javier Alfredo Iraheta López, creador y administrador de la red y Miguel Antonio Bernal Pérez; además de un policía, un enfermero del Ministerio de Salud, un exmilitar y 25 personas más, a quienes se les vincula con los delitos de Adquisición o Posesión de Material Pornográfico de Niñas/os, Adolescentes o Personas con Discapacidad a Través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Agrupaciones Ilícitas.
La fiscal del caso informó que todo inició en el 2018, cuando se tuvo conocimiento mediante una denuncia ciudadana sobre la existencia de una red dedicada a divulgar y comercializar material pornográfico infantil, por lo que de inmediato iniciaron las investigaciones junto a la Unidad de Delitos Informáticos de la PNC para dar con el paradero de los culpables.
Las capturas se ejecutaron en los departamentos de La Libertad, San Salvador, Cabañas, Usulután, San Miguel, La Unión, Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán y La Paz. Además, se ha logrado identificar participantes dentro de la red en el intercambio de material pornográfico infantil de países como: Pakistán, Indonesia, Vietnam, Ghana, Ecuador, México y Guatemala, entre otros.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
