Judicial
Fiscalía logra que menor de edad sea condenado a 50 años por el homicidio de dos repartidores de comida rápida
El Tribunal Segundo de Menores de la ciudad de Santa Tecla dio validez hoy a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y estableció que las mismas son suficientes para considerar la participación delincuencial de un menor de edad vinculado a la desaparición y posterior asesinato de dos repartidores de comida rápida, hecho que ocurrió en el mes de noviembre de 2020 en Lourdes, Colón, La Libertad, imponiéndole una pena carcelaria de 50 años.
Según las investigaciones llevadas a cabo por Fiscales de la Unidad de Vida de esa oficina fiscal, en la fecha antes mencionada los jóvenes Diego Sibrián y de Wilmer Escalante, de 22 y 24 años, respectivamente, fueron privados de libertad y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el Cantón El Limón, Urbanización Nuevo Lourdes, jurisdicción de Colón.
Luego de tener conocimiento de la desaparición de los jóvenes, la Fiscalía Junto a la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un trabajo arduo para establecer los móviles y presuntos actores de ese hecho, que en su momento causó indignación en la población al tratarse de dos jóvenes trabajadores a quienes de la noche a la mañana se les truncó su futuro quitándoles la vida.
Por este caso están siendo procesadas actualmente unas 12 personas, dentro de las que se incluye al menor condenado este lunes, y otras más cuyos procesos judiciales están pendientes en los tribunales de Santa Tecla, la mayoría por los delitos de Desaparecimiento de Personas y Homicidio Agravado.
En el caso del menor, la pena impuesta es de 50 años de prisión, 10 por la desaparición de cada una de las víctimas y 15 por cada uno de los homicidios agravados consumados. No obstante, el artículo 17 de la Ley Penal Juvenil establece la pena máxima de 15 años de internamiento para el cumplimiento en este tipo de casos.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, departamento de La Paz, enjuiciará durante cuatro semanas al exalcalde de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez y varios miembros de su exconcejo por delitos de corrupción.
A la vista pública que se realiza en la sede del centro judicial de Santa Tecla han comparecido siete de los acusados, otros cinco son procesados como ausentes, gracias a las reformas que aprobó la Asamblea Legislativa al Código Procesal Penal, las cuales facultan enjuiciar a imputados prófugos.
La Fiscalía General de la República les atribuye los delitos de peculado e incumplimiento de deberes en el período 2012 al 2015.
Una de las fiscales dijo que se les cuestiona por tres proyectos. El primero tiene que ver con la compra de un terreno para construir un cementerio municipal y un parque ecológico.
El inmueble fue adquirido en $236,000, y en la compraventa acordada se tenía una extensión determinada, pero en la escritura aparece una menor cantidad de terreno.
Para el cementerio se desembolsó $50,000, pero al final no se hizo nada de ese proyecto y para el parque ecológico se gastaron $260,000.
También se le acusa al prófugo exalcalde Marvin Ulises Rodríguez «de mover dinero de las cuentas del FODES que venían directamente para la alcaldía, para su cuenta personal y del tesorero municipal de ese entonces, Edwin León», manifestó la representante del ministerio público.
Documentos y pericias concluyen que Rodríguez transfirió entre $60,000 y $70,000 de los fondos FODES a su cuenta personal y lo hizo a través de transacciones bancarias.
Al comenzar la vista pública, la Fiscalía expuso al tribunal colegiado que durante el desarrollo de la diligencia presentará testimonios, pericias y documentos para acreditar los actos de corrupción consumados por los 12 acusados.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
