Judicial
Fiscalía logra que menor de edad sea condenado a 50 años por el homicidio de dos repartidores de comida rápida
El Tribunal Segundo de Menores de la ciudad de Santa Tecla dio validez hoy a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y estableció que las mismas son suficientes para considerar la participación delincuencial de un menor de edad vinculado a la desaparición y posterior asesinato de dos repartidores de comida rápida, hecho que ocurrió en el mes de noviembre de 2020 en Lourdes, Colón, La Libertad, imponiéndole una pena carcelaria de 50 años.
Según las investigaciones llevadas a cabo por Fiscales de la Unidad de Vida de esa oficina fiscal, en la fecha antes mencionada los jóvenes Diego Sibrián y de Wilmer Escalante, de 22 y 24 años, respectivamente, fueron privados de libertad y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el Cantón El Limón, Urbanización Nuevo Lourdes, jurisdicción de Colón.
Luego de tener conocimiento de la desaparición de los jóvenes, la Fiscalía Junto a la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un trabajo arduo para establecer los móviles y presuntos actores de ese hecho, que en su momento causó indignación en la población al tratarse de dos jóvenes trabajadores a quienes de la noche a la mañana se les truncó su futuro quitándoles la vida.
Por este caso están siendo procesadas actualmente unas 12 personas, dentro de las que se incluye al menor condenado este lunes, y otras más cuyos procesos judiciales están pendientes en los tribunales de Santa Tecla, la mayoría por los delitos de Desaparecimiento de Personas y Homicidio Agravado.
En el caso del menor, la pena impuesta es de 50 años de prisión, 10 por la desaparición de cada una de las víctimas y 15 por cada uno de los homicidios agravados consumados. No obstante, el artículo 17 de la Ley Penal Juvenil establece la pena máxima de 15 años de internamiento para el cumplimiento en este tipo de casos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
