Judicial
Fiscalía logra condenas de hasta 305 años de cárcel a pandilleros que asesinaron un policía y cometieron más delitos
El asesinato de un agente policial es uno de los muchos delitos por los cuales la Fiscalía General de la República llevó ante los tribunales a 32 miembros de la estructura de la pandilla 18, cuyas zonas de operación eran en los municipios de Santiago de María, Jucuapa, Mercedes Umaña, Tecapán y California, Usulután.
A los imputados se les impusieron penas de hasta 305 años de prisión.
A los pandilleros condenados se les atribuye el homicidio de un agente destacado en la policía rural de Jiquilisco, Usulután; él se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por varios terroristas y posteriormente lo asesinaron.
Los delitos por los que fueron procesados los delincuentes, son: Homicidio Agravado, Homicidio Tentado, Organizaciones Terroristas, Extorsión Agravada, Hurto y Robo Agravado.
Dentro de los pandilleros que recibieron la mayor cantidad de años de prisión, están: Manuel Higinio Guerrero “Pony”, sentenciado a 305 años de prisión por 15 casos, entre ellos homicidios agravados, intento de homicidios, organizaciones terroristas, hurto y robos.
Los otros condenados que tuvieron castigos con altas penas de cárcel son: Santiago de Jesús Fuentes López, alias panal, calidad de homeboy (285 años); Ismael de los Ángeles Salgado Campos, ranflero, (209), José Gustavo Urquilla Bonilla, alias snyper con función de homeboy, (90); Pilander Mauricio Cruz Sorto, alias chino guara con rango de homeboy (90); Miguel Angel Interiano Medina y Nelson Omar Córtez Vigil, homeboy (50 años de cárcel); Carlos Eduardo Jiménez González y José Hernández Luna, (30 años de prisión); José Ricardo Argueta Ramos o Campos, alias frijol o palabrero (29 años de cárcel); José Benedicto Guevara (24 años de cárcel); José Mauricio Sánchez Flores y Luzardo Balmore Torres Cedillos (14 años de prisión).
Por otra parte, la Fiscalía consigió una condena de 10 años de cárcel para Edwin Alexander Hernández Medina, Luis Francisco Hernández Ventura, Juan Carlos Martínez Flores, Ulises Antonio Hernández Sura, Wilber René Fuentes Amaya, Baltazar Antonio Campos Chavarría, Geovani Alberto Lemus Serpas, Juan Antonio Pastora Castro, Juan Alberto Cedillos Ramos, Heriberto Antonio López Zelaya, Edwin Omar Amaya Zúniga, Alexander Saravia Medrano, ypara los homboys José Antonio Campos Orellana, alias pulga y Cristian Martín Sánchez Ramírez, alias bam bam.
El proceso se llevó a cabo ante el Juzgado Especializados de Sentencia de San Miguel, y al cual, los fiscales del caso presentaron abundantes pruebas que evidenciaban la participación de estos sujetos en los delitos antes mencionados.
El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.
Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.
Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.
Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.
Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.
Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.
Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.
Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.
Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.
Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
El Tribunal Sexto de Sentencia ha condenado al exconcejal Héctor Silva por el delito de difamación y calumnia en contra del diputado Christian Guevara. La sentencia, emitida el 27 de junio de 2024, fue confirmada el 4 de febrero por la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Como parte de la resolución, Silva deberá indemnizar a Guevara con la suma de $50,000 y ofrecer una disculpa pública por los daños morales causados. Además, el exconcejal deberá pagar al Estado un total de $1,399.24 por cada uno de los delitos cometidos.
Sin embargo, Silva ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial y ha presentado un recurso de casación ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La controversia se originó tras declaraciones de Silva en un programa televisivo, donde acusó al diputado Guevara de recibir contratos publicitarios por «cientos de millas de dólares» de la Alcaldía de San Salvador, supuestamente a través de empresas vinculadas al legislador del partido Nuevas Ideas.
