Judicial
Fiscalía logra condenas de hasta 305 años de cárcel a pandilleros que asesinaron un policía y cometieron más delitos
El asesinato de un agente policial es uno de los muchos delitos por los cuales la Fiscalía General de la República llevó ante los tribunales a 32 miembros de la estructura de la pandilla 18, cuyas zonas de operación eran en los municipios de Santiago de María, Jucuapa, Mercedes Umaña, Tecapán y California, Usulután.
A los imputados se les impusieron penas de hasta 305 años de prisión.
A los pandilleros condenados se les atribuye el homicidio de un agente destacado en la policía rural de Jiquilisco, Usulután; él se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por varios terroristas y posteriormente lo asesinaron.
Los delitos por los que fueron procesados los delincuentes, son: Homicidio Agravado, Homicidio Tentado, Organizaciones Terroristas, Extorsión Agravada, Hurto y Robo Agravado.
Dentro de los pandilleros que recibieron la mayor cantidad de años de prisión, están: Manuel Higinio Guerrero “Pony”, sentenciado a 305 años de prisión por 15 casos, entre ellos homicidios agravados, intento de homicidios, organizaciones terroristas, hurto y robos.
Los otros condenados que tuvieron castigos con altas penas de cárcel son: Santiago de Jesús Fuentes López, alias panal, calidad de homeboy (285 años); Ismael de los Ángeles Salgado Campos, ranflero, (209), José Gustavo Urquilla Bonilla, alias snyper con función de homeboy, (90); Pilander Mauricio Cruz Sorto, alias chino guara con rango de homeboy (90); Miguel Angel Interiano Medina y Nelson Omar Córtez Vigil, homeboy (50 años de cárcel); Carlos Eduardo Jiménez González y José Hernández Luna, (30 años de prisión); José Ricardo Argueta Ramos o Campos, alias frijol o palabrero (29 años de cárcel); José Benedicto Guevara (24 años de cárcel); José Mauricio Sánchez Flores y Luzardo Balmore Torres Cedillos (14 años de prisión).
Por otra parte, la Fiscalía consigió una condena de 10 años de cárcel para Edwin Alexander Hernández Medina, Luis Francisco Hernández Ventura, Juan Carlos Martínez Flores, Ulises Antonio Hernández Sura, Wilber René Fuentes Amaya, Baltazar Antonio Campos Chavarría, Geovani Alberto Lemus Serpas, Juan Antonio Pastora Castro, Juan Alberto Cedillos Ramos, Heriberto Antonio López Zelaya, Edwin Omar Amaya Zúniga, Alexander Saravia Medrano, ypara los homboys José Antonio Campos Orellana, alias pulga y Cristian Martín Sánchez Ramírez, alias bam bam.
El proceso se llevó a cabo ante el Juzgado Especializados de Sentencia de San Miguel, y al cual, los fiscales del caso presentaron abundantes pruebas que evidenciaban la participación de estos sujetos en los delitos antes mencionados.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
