Judicial
Fiscalía logra condenas de hasta 305 años de cárcel a pandilleros que asesinaron un policía y cometieron más delitos
El asesinato de un agente policial es uno de los muchos delitos por los cuales la Fiscalía General de la República llevó ante los tribunales a 32 miembros de la estructura de la pandilla 18, cuyas zonas de operación eran en los municipios de Santiago de María, Jucuapa, Mercedes Umaña, Tecapán y California, Usulután.
A los imputados se les impusieron penas de hasta 305 años de prisión.
A los pandilleros condenados se les atribuye el homicidio de un agente destacado en la policía rural de Jiquilisco, Usulután; él se desplazaba en motocicleta cuando fue interceptado por varios terroristas y posteriormente lo asesinaron.
Los delitos por los que fueron procesados los delincuentes, son: Homicidio Agravado, Homicidio Tentado, Organizaciones Terroristas, Extorsión Agravada, Hurto y Robo Agravado.
Dentro de los pandilleros que recibieron la mayor cantidad de años de prisión, están: Manuel Higinio Guerrero “Pony”, sentenciado a 305 años de prisión por 15 casos, entre ellos homicidios agravados, intento de homicidios, organizaciones terroristas, hurto y robos.
Los otros condenados que tuvieron castigos con altas penas de cárcel son: Santiago de Jesús Fuentes López, alias panal, calidad de homeboy (285 años); Ismael de los Ángeles Salgado Campos, ranflero, (209), José Gustavo Urquilla Bonilla, alias snyper con función de homeboy, (90); Pilander Mauricio Cruz Sorto, alias chino guara con rango de homeboy (90); Miguel Angel Interiano Medina y Nelson Omar Córtez Vigil, homeboy (50 años de cárcel); Carlos Eduardo Jiménez González y José Hernández Luna, (30 años de prisión); José Ricardo Argueta Ramos o Campos, alias frijol o palabrero (29 años de cárcel); José Benedicto Guevara (24 años de cárcel); José Mauricio Sánchez Flores y Luzardo Balmore Torres Cedillos (14 años de prisión).
Por otra parte, la Fiscalía consigió una condena de 10 años de cárcel para Edwin Alexander Hernández Medina, Luis Francisco Hernández Ventura, Juan Carlos Martínez Flores, Ulises Antonio Hernández Sura, Wilber René Fuentes Amaya, Baltazar Antonio Campos Chavarría, Geovani Alberto Lemus Serpas, Juan Antonio Pastora Castro, Juan Alberto Cedillos Ramos, Heriberto Antonio López Zelaya, Edwin Omar Amaya Zúniga, Alexander Saravia Medrano, ypara los homboys José Antonio Campos Orellana, alias pulga y Cristian Martín Sánchez Ramírez, alias bam bam.
El proceso se llevó a cabo ante el Juzgado Especializados de Sentencia de San Miguel, y al cual, los fiscales del caso presentaron abundantes pruebas que evidenciaban la participación de estos sujetos en los delitos antes mencionados.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
