Judicial
FOTOS | Fiscalía inmovilizó inmuebles de lujo en el Oriente del país producto de acciones delictivas
La Fiscalía General de la República (FGR), con orden judicial materializó ayer varios inmuebles, dinero en efectivo y vehículos automotores que estaban bajo titularidad de un imputado, quien actualmente es procesado penalmente en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.
El equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se desplazó a varios puntos en los departamentos de San Miguel y Morazán, en donde intervinieron viviendas e inmuebles rústicos. Pero también, se procedió en un rancho de playa ubicado en la playa Las Tunas, en La Unión.
“En total hemos materializado 10 propiedades, así como 16 vehículos y la cantidad dineraria de $17,000 en efectivo”, explicó el jefe de la Unidad Víctor García.
Wilfredo Antonio Reyes Martínez, enfrenta actualmente causa penal por los delitos de Tráfico ilegal de personas y Agrupaciones ilícitas y en este otro caso, es la persona afectada a quien se le iniciará el correspondiente proceso de despojo por la vía judicial. Todos los bienes habían sido traspasados a nombre de sus 3 hijos.
Reyes Martínez, fue capturado en agosto de 2019 por conformar una estructura dedicada al traslado de indocumentados y su proceso, junto a otros involucrados, actualmente está en la etapa de instrucción en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.
“La investigación de Fiscalía determinó que ha tenido un incremento patrimonial no justificado y que los mismos se originan de actividades delictivas como el tráfico de indocumentados y otras actividades relativas al lavado de dinero”, agregó el fiscal jefe.
Al ser materializados por orden judicial, los bienes quedan bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
