Judicial
FOTOS | Fiscalía inmovilizó inmuebles de lujo en el Oriente del país producto de acciones delictivas
La Fiscalía General de la República (FGR), con orden judicial materializó ayer varios inmuebles, dinero en efectivo y vehículos automotores que estaban bajo titularidad de un imputado, quien actualmente es procesado penalmente en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.
El equipo de fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio se desplazó a varios puntos en los departamentos de San Miguel y Morazán, en donde intervinieron viviendas e inmuebles rústicos. Pero también, se procedió en un rancho de playa ubicado en la playa Las Tunas, en La Unión.
“En total hemos materializado 10 propiedades, así como 16 vehículos y la cantidad dineraria de $17,000 en efectivo”, explicó el jefe de la Unidad Víctor García.
Wilfredo Antonio Reyes Martínez, enfrenta actualmente causa penal por los delitos de Tráfico ilegal de personas y Agrupaciones ilícitas y en este otro caso, es la persona afectada a quien se le iniciará el correspondiente proceso de despojo por la vía judicial. Todos los bienes habían sido traspasados a nombre de sus 3 hijos.
Reyes Martínez, fue capturado en agosto de 2019 por conformar una estructura dedicada al traslado de indocumentados y su proceso, junto a otros involucrados, actualmente está en la etapa de instrucción en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.
“La investigación de Fiscalía determinó que ha tenido un incremento patrimonial no justificado y que los mismos se originan de actividades delictivas como el tráfico de indocumentados y otras actividades relativas al lavado de dinero”, agregó el fiscal jefe.
Al ser materializados por orden judicial, los bienes quedan bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
