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Fiscalía incauta siete inmuebles, entre ellos un estadio de fútbol, a exalcalde de San Francisco Gotera

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El fiscal general de la República, Raúl Melara informó, a través de su cuenta de Twitter, que este día, materializaron siete inmuebles propiedad de Cristóbal Benítez, exalcalde de San Francisco Gotera, quien cumple una condena de 13 años de prisión por el delito de Tráfico Ilícito de Cocaína.

En tanto, el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) recibió los siete inmuebles, entre ellos el estadio de fútbol Correcaminos y un vehículo, valorados en $1,300,000 como parte de un procedimiento de materialización de propiedades.

La Fiscalía informó que los inmuebles incautados: el estadio Correcaminos, viviendas, terrenos y un vehículo 4×4, están ubicados en los municipios de San Carlos El Divisadero y San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán.

Antecedentes

Benítez pertenecía al partido Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA) y fue electo alcalde en marzo de 2015. En un primer juicio, desarrollado en enero del mismo año, el juez del caso decretó libertad irrestricta.

Sin embargo, en enero de 2016 fue condenado con las pruebas que la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó al expediente, las cuales fueron irrefutables para la defensa.

El empresario fue detenido el 21 de octubre de 2010 con dos kilogramos de cocaína valorados en $50 mil 280. En su acusación, la fiscalía específico que el imputado junto a otra persona, que también fue condenada a la misma pena, vendían droga en el referido municipio.

Cuando fue capturado, Benítez Canales era dirigente del equipo de fútbol Vista Hermosa, y su patrimonio en menos de diez años había aumentado.

Tenía la empresa Constructora Benítez S.A. de C.V., que fue la encargada de construir el estadio Correcaminos, sede del club que en ese entonces era parte de la Primera División de Fútbol.

El Correcaminos, construido sobre ocho manzanas de terreno, costó $500 mil, fondos que según las investigaciones de las autoridades salieron del bolsillo del exalcalde.

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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