Judicial
Fiscalía incauta siete inmuebles, entre ellos un estadio de fútbol, a exalcalde de San Francisco Gotera
El fiscal general de la República, Raúl Melara informó, a través de su cuenta de Twitter, que este día, materializaron siete inmuebles propiedad de Cristóbal Benítez, exalcalde de San Francisco Gotera, quien cumple una condena de 13 años de prisión por el delito de Tráfico Ilícito de Cocaína.
En tanto, el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) recibió los siete inmuebles, entre ellos el estadio de fútbol Correcaminos y un vehículo, valorados en $1,300,000 como parte de un procedimiento de materialización de propiedades.
La Fiscalía informó que los inmuebles incautados: el estadio Correcaminos, viviendas, terrenos y un vehículo 4×4, están ubicados en los municipios de San Carlos El Divisadero y San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán.
Antecedentes
Benítez pertenecía al partido Gran Alianza de la Unidad Nacional (GANA) y fue electo alcalde en marzo de 2015. En un primer juicio, desarrollado en enero del mismo año, el juez del caso decretó libertad irrestricta.
Sin embargo, en enero de 2016 fue condenado con las pruebas que la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó al expediente, las cuales fueron irrefutables para la defensa.
El empresario fue detenido el 21 de octubre de 2010 con dos kilogramos de cocaína valorados en $50 mil 280. En su acusación, la fiscalía específico que el imputado junto a otra persona, que también fue condenada a la misma pena, vendían droga en el referido municipio.
Cuando fue capturado, Benítez Canales era dirigente del equipo de fútbol Vista Hermosa, y su patrimonio en menos de diez años había aumentado.
Tenía la empresa Constructora Benítez S.A. de C.V., que fue la encargada de construir el estadio Correcaminos, sede del club que en ese entonces era parte de la Primera División de Fútbol.
El Correcaminos, construido sobre ocho manzanas de terreno, costó $500 mil, fondos que según las investigaciones de las autoridades salieron del bolsillo del exalcalde.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
